Eduardo Barcesat: “Hemos presentado el pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei”

La República Argentina se encuentra en un contexto donde se profundiza la fragilidad de las instituciones constitucionales. Además, se suma a la desconfianza en aumento del pueblo sobre las figuras políticas, llevando a números alarmantes en la participación electoral en el presente año.

El poder ejecutivo está envuelto en rumores de corrupción. Las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, debilitan a un oficialismo que asumió prometiendo terminar con la casta y finalmente habría recurrido a ella para llevarse el dinero de los sectores más vulnerables. Un motivo más por el cual sectores opositores al Gobierno Nacional reclaman el juicio político Javier Milei.

Por su parte, el legislativo pierde cada día más su poder y representación. Con escándalos, gritos, y hasta golpes en las sesiones, cada ley que es votada es mirada de reojo por el ejecutivo que no tiene ningún escrúpulo en vetarla.

La justicia argentina está bajo una revisión permanente. Entre la ciudadanía argentina en pocas ocasiones se escucha la frase “se hizo justicia”, pues la creencia de manos negras en el poder judicial es más fuerte que los dictámenes de los jueces.

En este marco de profundo debilitamiento de las instituciones constitucionales, en POLITICAR dialogamos con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista:

¿Qué factibilidad tienen los dichos del presidente sobre judicializar los vetos que sean rechazados por el Congreso de la Nación?

Es un disparate institucional. Es muy propio de este gobierno poner una cuota de ignorancia y otra de prepotencia para llevar adelante sus iniciativas de destrucción del Estado Nación. Desde luego que no es factible esto de que lo va judicializar, obviamente va a recibir un rechazo “in limine”, porque es una medida improvisada, desesperada, totalmente inconstitucional, así como está previsto en la Constitución, la factibilidad del veto presidencial, lo de vetar las decisiones aprobadas con la mayoría que establece la Constitución, eso no tiene ninguna vía de judicialización y sería una interferencia del poder judicial en las decisiones del poder legislativo, que bueno es recordarlo, es el primero de los tres poderes que regula la Constitución Nacional. 

De manera que descarto que esto sea más que una retórica bravucona y no una iniciativa institucional que todos los constitucionalistas, ya nos hemos pronunciado, sería un disparate y un elemento más de impulso al pedido de juicio político que venimos radicando con diversos fundamentos desde abril del 2024. Un pedido sin respuesta por la Comisión de Juicio Político que está en la Cámara de Diputados y que no ha tenido ninguna sesión desde el 11 de diciembre del 2023 hasta la fecha.

¿Cuáles son los puntos para pedir el juicio político? 

En principio fue con el decreto 70/23, que todavía no terminó de tener tratamiento también en la Cámara de Diputados, resisten la convocatoria a que se termine con este engendro normativo. Y aclaro aquí que cuando digo “termine”, no debe ser la derogación, debe ser la anulación. Porque así lo establece la Constitución, artículo 99, inciso tercero, segundo párrafo, que dispone que el poder ejecutivo nacional en ningún caso y bajo pena de nulidad absoluta insanable podrá emitir disposiciones legislativas.

Estando en funcionamiento el Congreso desde el 10 de diciembre del 2023, haber dictado ese mamotreto de más de 600 disposiciones que anula, modifica disposiciones votadas en el Congreso de la Nación es absolutamente y manifiestamente nulo, de modo que lo que estamos bregando es para que se pronuncien cámaras en el rechazo, estableciendo que ese rechazo se hace en el marco de lo dispuesto por el texto de la Constitución que habla de la nulidad absoluta, insanable, que significa retrotraer la situación al momento previo al del dictado de estos decretos, estos engendros normativos.

El rechazo implica la nulidad o la derogación según corresponda. ¿Por qué? Porque hay decretos que cumplieron su objeto y el obvio que se han derogado, pero en el derecho se deroga lo que es válido, lo que es nulo se anula.

Este decreto 70/23, que fue el que inició nuestros pedidos de juicio político, este nunca debió ser dictado, por lo tanto es nulo, de nulidad absoluta e insanable y así lo vamos a preconizar en la sede judicial y lo hemos presentado iniciando los juicio de juicio político contra el presidente Milei por diversas hipótesis de mal desempeño y posible comisión de delitos y si me preguntan cuál sería la comisión de delito, pongo paradigmático de la estafa con la criptomoneda Libra.

Eso evidentemente merece un tratamiento en la comisión de juicio político. Ir creando comisiones especiales para cada hecho de corrupción que se revela. Ahora es el tema de Fentanilo, las coimas, malversando los fondos destinados.  De manera lo que corresponde es que la Comisión de Juicio Político salga de su letargo que deje el presidente de taponar las presentaciones múltiples que han llegado al Congreso de la Nación en este sentido y que se cumpla con ese deber de obediencia, la supremacía de la institución nacional que todos estos funcionarios juraron cuando asumieron el cargo cumplir y hacer cumplir en cuanto de ellos dependa la Constitución Nacional.

Más allá de la mirada legal, si uno escucha las declaraciones de Javier Milei respecto al Congreso de la Nación ¿Da la sensación de que él preferiría un gobierno sin ambas cámaras?

Él ya lo ha dicho, viene acá a destruir el estado. Lo único que va a conservar del Estado es el aparato represivo y el espionaje. El resto para él es un malgasto institucional, como tener un congreso de la nación que es el que tiene que dictar las leyes. Nos hemos mal acostumbrado a que las leyes que se aprueban sean solamente aquellas que llegan de mano del poder ejecutivo, que tiene el, por supuesto, la competencia para presentarlo.

De manera que hay que recuperar el estado de derecho cuya piedra basal es la división de poderes y vuelvo a decir que dentro de esos tres poderes sin hacer una categorización apriorística, el legislador constituyente puso en primer lugar al poder legislativo, porque es el que representa el mapa político del país y a su ciudadanía.

Le quiero preguntar por los audios que se conocieron en estos últimos días, sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad vinculando a Karina Milei y Lule Menem ¿Cuáles serían los pasos a seguir desde lo judicial respecto a los audios y los supuestos involucrados?

Es terrible la situación. Lo judicial fue activado ya por una denuncia de un particular, como ocurre siempre. El Ministerio Público Fiscal parece que no atiende a esa obligación que le impone el código de procedimiento en materia penal que en conocimiento de un hecho que pueda constituir delito de acción pública. Para ellos es obligatorio iniciar la investigación.

Los particulares podemos hacer la denuncia y activar, pero ahí se agota nuestro poder. Lo importante es que el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal impulse esto, pero vemos que en Comodoro Py, lamentablemente, con muy escasas y honrosas excepciones, desde el Ministerio Público Fiscal siempre juega de contragolpes y si le llega una denuncia y en general tratan de desestimarlas. Están más al servicio del poder que del control del poder, que es la función que debe tener un Ministerio Público en materia federal.

Y esto es también parte de nuestro deterioro institucional y contra el cual hay que bregar para recuperar, como decimos, el estado de derecho, porque el derrumbe de la institucionalidad es parejo al derrumbe de la economía.