El veto de la ley de financiamiento universitario quedó blindado con 85 votos negativos y 5 abstenciones. Entre ese casi centenar de adhesiones, hubo un gran numero de legisladores que fueron estudiantes y egresaron de universidades públicas a los largo del país.
POLÍTICA 10 de octubre de 2024 Leandro Bravo
La comunidad universitaria enfrentó este miércoles 9 de octubre una jornada oscura: La Cámara de Diputados ratificó el veto presidencial de Javier Milei sobre la ley de financiamiento universitario, proyecto que había sido sancionado el 13 de septiembre y establecía la recomposición salarial de los salarios docentes y no docentes.
La oposición no logró alcanzar los dos tercios para eludir el veto debido a que el oficialismo, en sintonía con los aliados y algunos dialoguistas, cosechó 85 votos negativos, 5 abstenciones y 8 ausentes. Solamente 159 diputados nacional votaron por la ley de incremento a las partidas presupuestarias de las casas de altos estudios.
Entre los nuevos “85 héroes” hubo: 39 votos de La Libertad Avanza; 35 del Frente Pro; 4 radicales (Martín Arjol, Mariano Campero, Luis Picat y José Tournier); los 3 tucumanos que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo; 2 diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo; el santacruceño José Luis Garrido; y la monobloquista Paula Omodeo.
A estos nombres hay que agregar las 5 abstenciones. El radical Pablo Cervi; y los cuatro misioneros que responden al gobernador Hugo Passalacqua: Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruíz y Daniel Vancsik. A esto, hay que mencionar que la cordobesa Alejandra Torres (responde al gobernador Juan Schiaretti); la catamarqueña de Unión por la Patria, Fernando Ávila (responde al Raúl Jalil); y el chubutense Jorge Ávila de Encuentro Federal se ausentaron cuando iban a votar a favor de la ley.
Tras la votación, miles de estudiantes se convocaron genuina y espontáneamente a las puertas de diferentes casas de altos estudios. Se registraron tomas e intentos de tomas en universidades de La Matanza, Moreno, Psicología UBA, La Plata, Córdoba, Rosario, San Juan, Jujuy, Paraná y Salta. Cabe recordar que todo el sistema universitario realizó un paro general del personal docente y no docente este jueves 10 de octubre.
Ahora bien ¿Cuántos de los más de cien legisladores que no apoyaron la ley de financiamiento a las casas de altos estudios son egresados o dictan clases en universidades públicas?
En el Pro, principal bloque aliado del oficialismo, tenemos a Cristian Ritondo, jefe de bancada, fue estudiante de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, mientras que Silvia Lospennato y Sabrina Ajmechet son egresadas de la Universidad de Buenos Aires.
El exministro de Educación macrista, Alejandro Finocchiaro, tambien es licenciado en Abogacía de la UBA. Por su parte, Diego Santilli es egresado en Contaduría de la casa de altos estudios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otros egresados de la publica son: Alejandro Bongiovanni, abogado de la Universidad Nacional de Rosario; Luciano Laspina economista, también de la UNR; Hernán Lombardi, es egresado en Ingeniería Civil de la UBA; Gabriela Besana, abogada de la UBA; Emannuel Bianchetti, letrado de la Universidad Nacional del Noreste; Sofía Brambilla (abogada – UBA); Germana Figueroa Casas, contadora de la UNR; Laura Rodríguez Machado de la Universidad Nacional de Córdoba; Patricia Vásquez, abogada de la UNSAM; y Gerardo Milman fue estudiante de la UNLZ.
Sobre los aliados, están Eduardo Falcone (economista de la UBA); María Cecilia Ibáñez (abogada de la UNC); Mariano Campero (abogado de la Universidad Nacional de Tucumán); y Martín Arjol (abogado de la Universidad Nacional de Misiones).
Mientras que en el oficialismo, Nicolás Mayoraz (economista de la UNR); Carlos Zapata (contador público de la Universidad Nacional de Salta); Santiago Pauli (docente en Instituciones Públicas de Tierra del Fuego); María Emilia Orozco (Comunicación en la UNS); Julio Moreno (economista de la UNS); Guillermo Montenegro (abogado de la UBA); Lorena Macyszyn (Administración en la UBA); Mercedes Llano (Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Cuyo); Alida Ferreyra (abogada de la UBA); José Luis Espert (economista de la UBA); Romina Diez (economista de la UNR); y Facundo Correa Llano (contador público de la UNC).
A todo esto, hay que sumar que varios radicales que optaron por no apoyar la ley de financiamiento universitario, estuvieron presentes en la movilización de la comunidad estudiantil el pasado 23 de abril.
José Luis Espert es un economista oriundo de Pergamino, conocido por su ferviente defensa del liberalismo económico. Actualmente se desempeña como diputado nacional por La Libertad Avanza, espacio al que se unió en 2024, tras una trayectoria política marcada por saltos entre distintos partidos y alianzas.
En medio de los crecientes rumores sobre una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner por la Tercera Sección Electoral, este fin de semana apareció un sugestivo cartel en Quilmes con la leyenda “Cristina 2025”. La ciudad, bastión político de La Cámpora, vuelve a posicionarse como un escenario estratégico dentro del tablero del peronismo bonaerense.
La postal que muestra hoy el peronismo pampeano hubiera sido impensable hace apenas un año, cuando los intendentes de las diez localidades más importantes de la provincia armaron una mesa política, para mostrarle los dientes a un gobernador sin reelección.
El peronismo sigue envuelto en sus crujidos en la provincia de Buenos Aires. Un paso al frente y dos para atrás. Hay desunión en un camino hacia la unidad de concepción que explicó Juan Perón varias décadas atrás. También la detalló Francisco, quien partió hace pocos días. ¿Cuál es la unidad que se debe construir?
Dos elementos recientes convergen para que el gobierno intente profundizar su giro autoritario: el préstamo del FMI, que constituye un apoyo geopolítico y habla del rol de ese organismo y, en paralelo, la caída ininterrumpida de la imagen del gobierno en la consideración popular. Alguien con más apoyo externo que interno se parece peligrosamente a la figura del virrey.
En el debate actual sobre el futuro de Argentina, emergen dos modelos de país que no podrían ser más disímiles. Por un lado, Javier Milei propone una visión radical: reducir el Estado a su mínima expresión, desmantelando gran parte de sus funciones tradicionales bajo la premisa de que el mercado puede y debe resolverlo todo. Por otro lado, el peronismo defiende no sólo el papel del Estado, sino que redobla su apuesta, proponiendo el regreso a los históricos planes quinquenales, una herramienta nacida en la posguerra para ordenar el desarrollo económico mediante la planificación centralizada.