
En el Congreso Nacional y en la Legislatura bonaerense se pelean hoy batallas clave. En ambos casos, la puja es por los recursos, pero en ambos casos, también, el telón de fondo son las elecciones que están cada vez más cerca.
La oposición ya tiene previsto llevar el tema al recinto de la Cámara baja la próxima semana y de lograrse el quórum las chances de girar la declaración de emergencia en las zonas afectadas son muy grandes. El camino que deberá recorrer la insistencia de la ley.
POLÍTICA 25 de junio de 2025 Leandro BravoAunque la posibilidad era barajada en el Congreso de la Nación, nadie se lo creyó hasta la publicación del decreto 424/2025 por el que el Gobierno nacional vetó la ley que declara zona de emergencia y en situación de catástrofe a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales luego de las inundaciones provocadas por el temporal del 7 de marzo pasado.
El proyecto había logrado un amplio consenso de todos los espacios políticos dentro del Poder Legislativo. Esto estuvo reflejado en los números con los que la iniciativa se aprobó: La Cámara alta, primero, le dio media sanción al texto con 58 avales, 0 negativos y 0 abstenciones; y luego, Diputados la convirtió en ley con 153 votos a favor, 32 en contra y 0 abstenciones.
Si bien en el Senado, los integrantes de La Libertad Avanza apoyaron el proyecto de ley impulsado por Juliana di Tullio, Wado de Pedro y Maximiliano Abad, en la Cámara de Diputados optaron por votar en contra argumentando las mismas razones que utilizó el Poder Ejecutivo Nacional para defender la facultad presidencial.
Horas después de la publicación del veto en el Boletín Oficial, el vocero presidencial Manuel Adorni dio las explicaciones del Poder Ejecutivo: “El Gobierno Nacional asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados. También brindó una ayuda económica de 10.000 millones de pesos al municipio, lanzó tres líneas de financiamiento desde el Banco Nación, completó nueve vuelos cargados de insumos y medicamentos, envió ambulancias y un hospital móvil y desplegó los recursos de las fuerzas federales para rescatar a 716 personas”.
Desde la oposición no gustó para nada que el presidente Javier Milei haya vetado la declaración de emergencia en Bahía Blanca. Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y Encuentro Federal mostraron su malestar. También los radicales anunciaron que volverán a la carga con el proyecto. El escenario parecería ser diferente a otros vetos.
Cabe recordar que el proyecto debe volver a pasar por ambas cámaras si es que quiere avanzar, pero la diferencia es que cada recinto debe volver a aprobarlo por dos tercios de los presentes en cada caso. El rechazo de cualquiera de las dos cámaras blindará el tercer veto de Javier Milei tras los dos del 2024 que el oficialismo resistió: movilidad previsional y financiamiento de las universidades.
A diferencia de lo ocurrido en 2024, el presidente de la Nación sabe que ya no cuenta con los “87 héroes” tal como ocurrió con el blindaje al veto sobre la ley de actualización jubilatoria en septiembre del año pasado; o con lo ocurrido con el financiamiento universitario en octubre.
Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el proyecto de ley reunió un amplio consenso lo que asegura, de no haber giros de 180° como el año pasado, que la declaración de la emergencia en Bahía Blanca podrá sortear este veto presidencial.
La oposición ya pidió una sesión especial para el próximo miércoles 2 de julio y es muy factible que la orden del día para insistir con la emergencia para Bahía Blanca sea incorporada en el temario. De lograrse el quórum hay grandes posibilidades que el Gobierno se encuentre con un resultado adverso y no pueda blindar el veto presidencial como en anteriores ocasiones.
En el Congreso Nacional y en la Legislatura bonaerense se pelean hoy batallas clave. En ambos casos, la puja es por los recursos, pero en ambos casos, también, el telón de fondo son las elecciones que están cada vez más cerca.
La Argentina vive en estado de excepción y en la provincia de Buenos Aires empieza la temporada de los dolores de cabeza. La incógnita de qué ocurrirá con el presupuesto nacional se reproduce en territorio bonaerense con ingredientes propios. Una oposición que presiona y un oficialismo dividido cuyos antecedentes en la materia no auguran un panorama tranquilo.
Que el Tesoro de Estados Unidos haya bautizado a la Argentina como “aliado clave” en América Latina no constituye un elogio, sino una advertencia.
Mientras en el Instituto Cultural y el Teatro Argentino crecen las quejas de los trabajadores por el recorte de horas extras, la falta de materiales, cancelaciones y cambios inexplicables en las programaciones, Florencia Santout estaría destinando cuantiosos fondos estatales para intervenir en la política universitaria de la UNLP, a través de su organización, La Cámpora.
En la Legislatura bonaerense tuvo lugar ayer algo que hacía tiempo no ocurría y que a estas alturas ya es novedad: una sesión normal. Claro que se trata de una paz de circunstancias, porque los proyectos clave están en la otra cámara. Será el Senado, entonces, el escenario de las batallas complicadas.
En campaña, la política argentina convierte en gestos extraordinarios lo que son deberes básicos: presentar un presupuesto, no radicalizar discursos o aumentar partidas para educación y salud. Pero la reciente derrota legislativa del oficialismo, al no poder blindar los vetos presidenciales a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, mostró que el problema ya no es solo comunicacional: la “institución invisible” de la confianza, clave para sostener liderazgos y economías, comenzó a resquebrajarse. La democracia exige más que propaganda de lo obvio; exige resultados que fortalezcan credibilidad.