El Gobierno parece haber ingresado en una nueva etapa de su programa económico. Después de concentrar buena parte de su gestión en el ajuste fiscal, la reducción del gasto y el ordenamiento de las variables macroeconómicas, Luis “Toto” Caputo comenzó a desplegar una batería de medidas destinadas a recuperar el crédito, movilizar el consumo y darle oxígeno a sectores que todavía no logran despegar.
Los anuncios se suceden y abarcan diferentes áreas. Hay nuevos créditos hipotecarios para acceder a la primera vivienda, préstamos para comprar autos nuevos y usados, mayores facilidades para el financiamiento empresarial y una participación cada vez más activa del Banco Nación. La intención es clara: hacer que el dinero vuelva a circular y que las familias recuperen, al menos parcialmente, la posibilidad de proyectar una compra importante.
La imagen de Caputo anunciando líneas de financiamiento marca un contraste con la primera etapa del Gobierno. El ministro que inicialmente quedó asociado a la motosierra, el superávit fiscal y el cierre de las canillas del Estado aparece ahora como el responsable de impulsar una suerte de flexibilización económica.
No se trata de abandonar la disciplina fiscal ni de regresar a la emisión monetaria como mecanismo para estimular la demanda. Sin embargo, el Gobierno comienza a utilizar recursos y herramientas públicas para orientar el crédito hacia determinados sectores. En términos políticos, la escena resulta paradójica: una administración que llegó al poder cuestionando prácticamente todas las formas de intervención estatal ahora necesita del Estado y de la banca pública para intentar que la recuperación llegue al bolsillo.
Una de las medidas más significativas fue la creación de un programa para ampliar la oferta de créditos hipotecarios mediante la colocación de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES en entidades financieras.
El esquema contempla hasta $2 billones y establece que los bancos adjudicatarios deberán destinar esos recursos exclusivamente a préstamos para la adquisición, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda. Los créditos tendrán un plazo mínimo de 15 años, un límite de 150.000 UVA y una tasa máxima de UVA más 7,5%. El Gobierno estima que la iniciativa podría permitir el otorgamiento de alrededor de 18.000 nuevos préstamos. Ministerio de Economía
El mecanismo tiene un antecedente inevitable. El kirchnerismo recurrió al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar el Procrear, uno de los programas más identificados con su política de acceso a la vivienda. Las diferencias entre ambos modelos son importantes: el esquema actual busca canalizar el dinero a través de los bancos y trasladarles el riesgo crediticio, mientras que el Procrear tenía una intervención estatal más directa.
Pero la fotografía política se parece. En los dos casos, el Estado utiliza recursos administrados por la ANSES para intentar ampliar el acceso al crédito hipotecario y dinamizar actividades como la construcción, la producción de materiales y el empleo.
La otra pata del programa es el financiamiento automotor. El Banco Nación amplió su línea “+Autos con BNA”, que permite comprar vehículos nuevos y usados directamente desde los concesionarios adheridos, sin necesidad de tramitar previamente el préstamo en una sucursal.
La nueva alternativa contempla créditos ajustados por UVA para financiar hasta el 100% del valor de automóviles, camionetas y utilitarios, por montos de hasta $100 millones y plazos de hasta 60 meses. También continúa disponible la modalidad tradicional en pesos y a tasa fija. Banco Nación La Nación
El objetivo no es solamente facilitar la compra de un vehículo. La apuesta apunta también a reanimar la industria automotriz, sostener el trabajo de concesionarios y movilizar una cadena que involucra terminales, autopartistas, aseguradoras, talleres y servicios financieros.
De esta manera, el Gobierno incorpora una herramienta que durante otros períodos fue presentada bajo nombres como planes de incentivo, créditos productivos o programas para sostener la demanda. Cambian el discurso y la arquitectura financiera, pero permanece una misma preocupación: si las familias no consumen y las empresas no venden, la estabilidad macroeconómica no alcanza para poner en marcha la economía.
Caputo intenta construir una versión propia del estímulo económico. En lugar de subsidios directos, controles de precios o emisión monetaria, propone crédito bancario, capital ajustado por inflación y participación de entidades públicas para ampliar el financiamiento.
A esto se suma la flexibilización de las condiciones para que los bancos puedan prestar una parte mayor de sus depósitos en dólares a las empresas. La medida apunta particularmente a actividades golpeadas por el costo del financiamiento en pesos, entre ellas la construcción y el sector automotor. Reuters
No es un plan de reactivación kirchnerista en sentido estricto, porque no contempla una expansión directa del gasto público ni una política generalizada de subsidios. Pero sí utiliza una lógica que el oficialismo históricamente cuestionó: el Estado selecciona sectores, moviliza recursos públicos y crea condiciones especiales para orientar las decisiones económicas de las familias y las empresas.
La diferencia no parece estar tanto en la existencia de la intervención como en su modalidad. El kirchnerismo buscaba estimular la economía desde el gasto y el consumo; Caputo pretende hacerlo desde el crédito, la bancarización y la expectativa de estabilidad.
El éxito de la estrategia dependerá de algo más complejo que anunciar nuevas líneas. Para que el crédito reactive la economía tiene que encontrar personas en condiciones de asumirlo. Los préstamos ajustados por UVA pueden ofrecer cuotas iniciales más accesibles, pero también trasladan al tomador el riesgo de una evolución desfavorable de la inflación.
Además, una parte considerable de la sociedad enfrenta ingresos deteriorados, trabajos informales y dificultades para cumplir los requisitos bancarios. Por eso, la recuperación del crédito podría beneficiar inicialmente a los sectores medios formales con mayor capacidad de demostrar ingresos, antes que alcanzar al conjunto de la población.
Caputo parece haber comprendido que el orden macroeconómico necesita una traducción cotidiana. La baja de la inflación y el equilibrio fiscal pueden ser condiciones necesarias, pero difícilmente alcancen si una familia no puede acceder a una vivienda, cambiar el auto o financiar un proyecto.
La nueva etapa busca construir ese puente. Después de la motosierra aparece el crédito; después del ajuste, la promesa de volver a consumir. El Gobierno lo presenta como la consecuencia natural de haber ordenado la economía. Sus adversarios podrán señalar que, llegado el momento de reactivar, Milei y Caputo terminaron recurriendo a instrumentos que durante años denunciaron.
El desafío para Toto Caputo será demostrar que no se trata únicamente de una flexibilización económica con estética liberal, sino de un mecanismo sostenible capaz de convertir la estabilidad en crecimiento. Porque si los préstamos quedan reservados para unos pocos o las cuotas terminan corriendo por encima de los salarios, el plan podrá multiplicar anuncios, pero difícilmente consiga transformar la realidad.
