El impacto del ajuste fiscal en Tierra del Fuego: desempleo y desafíos para la soberanía territorial

La política de “déficit cero” promovida por el gobierno nacional ha generado un incremento del desempleo y la inseguridad laboral en Tierra del Fuego AIAS, poniendo en riesgo los incentivos industriales históricos que sostienen la economía local y la presencia argentina en una región clave.
PROVINCIA06 de noviembre de 2024 Martín Mancieri
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La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC revela un aumento impactante del 82 % en la tasa de desocupación de Tierra del Fuego, que pasó del 3,4 % en el segundo trimestre de 2023 al 6,2 % en el mismo período de 2024. En comparación, la región patagónica experimentó un incremento del 25 %. Esta disparidad evidente resalta la vulnerabilidad de la provincia ante el ajuste fiscal y subraya la importancia que tienen en la economía local los incentivos industriales establecidos décadas atrás.

Desde su implementación en 1972, la Ley 19.640 ha sido fundamental para el desarrollo de Tierra del Fuego AIAS, proporcionando un régimen fiscal que exime de impuestos a las industrias que operan en la provincia. Este marco impulsó el crecimiento industrial dinamizando la economía. Por otro lado, la existencia del subrégimen industrial constituye un pilar de soberanía territorial en una región de importancia geopolítica, que incluye a las Islas Malvinas, la Antártida y la influencia sobre el Atlántico Sur.

Promover el desarrollo y la permanencia de habitantes en Tierra del Fuego es una estrategia que consolida la presencia argentina en esta zona clave.

Frente a esta situación, el municipio de Río Grande ha implementado políticas de contención con el objetivo de amortiguar los efectos del ajuste. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran los mercados populares, diseñados para ofrecer productos básicos a precios accesibles, y capacitaciones laborales en oficios tradicionales y tecnológicos. Además, desde el gobierno local se impulsa la producción local de alimentos y se refuerza la asistencia alimentaria para las familias más afectadas. También, el subsidio al transporte público, cubriendo el 50 % del boleto, se mantiene como una medida para aliviar el bolsillo de los vecinos.

Sin embargo, estas políticas locales enfrentan desafíos adicionales. La reciente decisión de la empresa Camuzzi Gas del Sur de iniciar el cobro de aumentos tarifarios postergados, tras la revocación de un amparo judicial presentado por el gobernador Gustavo Melella que suspendía dichos incrementos, añade presión a la economía doméstica de los fueguinos. Según notificó la empresa vía correo electrónico a sus usuarios y usuarias, Camuzzi comenzará a facturar los consumos impagos en cuotas, lo que representa un gasto extra para las familias en un contexto ya de por sí complejo.

En este escenario, las políticas locales representan un esfuerzo importante para proteger la economía de la provincia, aunque también requieren un respaldo del gobierno nacional. Sin una respuesta adecuada a nivel federal, las herramientas locales no logran cubrir todas las necesidades para enfrentar un contexto económico cada vez más complejo.

La situación de Tierra del Fuego evidencia los desafíos que plantea un ajuste fiscal para una economía vinculada a los incentivos nacionales. La Ley 19.640 y el subrégimen industrial impulsan el desarrollo de esta región y son una herramienta clave para consolidar la soberanía argentina en una zona estratégica. Corresponde al Estado nacional garantizar el crecimiento y la estabilidad poblacional, indispensables para defender la soberanía sobre el territorio.

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