Martín Ramirez Tacgorian
Ese desfasaje se convirtió en el principal factor de tensión entre el PAMI y las clínicas, sanatorios y prestadores privados que sostienen buena parte de la atención médica de millones de jubilados en todo el país.
Según advierten distintos actores del sector, los valores que hoy paga el organismo se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y, particularmente, de la denominada “inflación médica”, que en los últimos meses avanzó muy por encima de los índices generales de precios. El dato adquiere todavía más relevancia si se considera que desde diciembre hasta junio no hubo actualizaciones significativas para los prestadores sanatoriales.
“Según advierten distintos actores del sector, los valores que hoy paga el organismo se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y, particularmente, de la denominada inflación médica”
La consecuencia inmediata es una ecuación económica prácticamente inviable.
El sistema sanitario funciona sobre costos dinámicos y permanentes. Los medicamentos, los insumos médicos, las prótesis, la tecnología sanitaria, los salarios profesionales, los alquileres y los servicios públicos registraron incrementos sostenidos durante los últimos meses. A diferencia de otros sectores, la salud además incorpora un componente tecnológico y operativo que obliga a mantener inversiones constantes para sostener estándares mínimos de atención.
Sin embargo, gran parte de las instituciones que trabajan con PAMI deben absorber esos aumentos con valores prestacionales congelados o claramente atrasados respecto de la inflación real del sector.
“Gran parte de las instituciones que trabajan con PAMI deben absorber esos aumentos con valores prestacionales congelados o claramente atrasados”
El resultado es un proceso progresivo de deterioro financiero.
Muchas clínicas y sanatorios comenzaron a operar bajo déficit permanente. Algunas instituciones sostienen prestaciones absorbiendo pérdidas económicas para evitar discontinuidades en la atención, mientras otras empiezan a reducir servicios, limitar especialidades o postergar inversiones esenciales. El problema no se limita únicamente a las grandes ciudades: el impacto ya se percibe con fuerza en centros médicos medianos y pequeños del interior del país, donde la dependencia de convenios con PAMI suele ser aún mayor.
El fenómeno genera además un efecto acumulativo sobre toda la cadena sanitaria.
Cuando las prestaciones quedan desactualizadas, los sanatorios pierden capacidad para sostener planteles médicos competitivos. Crecen las dificultades para cubrir guardias, aumentan las renuncias de profesionales y determinadas especialidades comienzan a registrar faltantes críticos. A eso se suma el desgaste operativo derivado de trabajar con márgenes financieros negativos durante períodos prolongados.
La situación también repercute directamente sobre los afiliados.
Aunque el deterioro no siempre se manifiesta de manera inmediata, el impacto comienza a sentirse en la calidad y accesibilidad de la atención: turnos demorados, menor disponibilidad de especialistas, reducción de servicios y mayores dificultades para garantizar continuidad prestacional.
En términos estructurales, el escenario plantea una discusión más amplia sobre el modelo de financiamiento sanitario argentino y la sustentabilidad de los sistemas prestacionales públicos y mixtos en contextos de alta inflación. La combinación entre costos médicos crecientes y aranceles congelados termina erosionando progresivamente la capacidad operativa de las instituciones.
“La combinación entre costos médicos crecientes y aranceles congelados termina erosionando progresivamente la capacidad operativa de las instituciones.”
El problema adquiere una dimensión todavía más sensible si se considera que el PAMI cubre a más de 5,5 millones de jubilados y pensionados, una población con alta demanda médica y fuerte dependencia del sistema para acceder a tratamientos, controles e internaciones.
Por eso, distintos sectores sanitarios advierten que la discusión ya no puede centrarse únicamente en la demora de pagos o en cuestiones administrativas. El núcleo de la crisis está en la pérdida de valor real de las prestaciones y en la ausencia de mecanismos de actualización que acompañen la evolución de los costos sanitarios.
La preocupación de clínicas y sanatorios no pasa solamente por la rentabilidad. Lo que empieza a ponerse en debate es la capacidad misma del sistema para sostener niveles adecuados de atención en el mediano plazo.
Porque cuando el financiamiento sanitario pierde sustentabilidad, el deterioro no tarda en trasladarse al paciente.
Y en el caso del PAMI, ese paciente es, en la enorme mayoría de los casos, un jubilado.
