El diputado nacional Guillermo Michel presentó un informe sobre el impacto fiscal del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), en el que advierte que el gasto tributario asociado a este esquema podría alcanzar el equivalente a un punto porcentual del Producto Bruto Interno (PBI) por cada USD 100.000 millones de inversión promovida.
Según el trabajo, desde la puesta en marcha del régimen se registraron 36 iniciativas de inversión, principalmente vinculadas a los sectores energético y minero, por un monto total cercano a los USD 95.000 millones. De ese total, 13 proyectos ya fueron aprobados y representan inversiones por USD 27.210 millones, con una proyección de más de 36.800 puestos de trabajo.
Michel sostiene que, tomando como referencia los proyectos ya autorizados, el gasto tributario derivado de los beneficios fiscales del RIGI asciende a USD 1.837 millones anuales, equivalente a 0,27 puntos del PBI. Entre los principales incentivos se destacan la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, la eliminación de derechos de exportación a partir del tercer año, exenciones arancelarias para importaciones y ventajas en el cómputo de impuestos nacionales.
El informe proyecta que, si se replicara una cartera de inversiones por USD 100.000 millones bajo condiciones similares a las actuales, el costo fiscal total alcanzaría 0,99 puntos del PBI. La mayor parte de ese gasto tributario se explicaría por la reducción de retenciones a las exportaciones, el tratamiento diferencial en Ganancias y las exenciones vinculadas a importaciones e IVA.
Pero el dato más significativo aparece al analizar una versión ampliada del esquema, denominada "SUPER RIGI". En este escenario, que contempla una reducción adicional de la alícuota de Ganancias al 15% y un tope del 10% para las contribuciones patronales, el costo fiscal proyectado se elevaría a 1,27 puntos del PBI por cada USD 100.000 millones invertidos.
Para Michel, el debate sobre las inversiones estratégicas no puede desvincularse del análisis del esfuerzo fiscal que realiza el Estado. El legislador plantea que resulta necesario evaluar con precisión la relación entre los incentivos otorgados, la generación efectiva de empleo, el incremento de exportaciones y el impacto sobre las cuentas públicas.
El informe reabre así una discusión central en torno al RIGI: hasta qué punto los beneficios tributarios son una herramienta eficaz para atraer inversiones de gran escala y cuál es el costo que asume el Estado para sostener ese esquema de promoción económica.
