Mientras distintos sectores de la oposición ya anticiparon que pedirán la expulsión de Montes del Concejo Deliberante por “inhabilidad moral”, desde el entorno del jefe comunal evitaron fijar posición pública con claridad. El problema para Lanús es que Montes no es un actor aislado dentro del tablero político local: es un concejal que, aunque ingresó por la oposición, mantiene una relación política funcional con el oficialismo y acompaña habitualmente sus votaciones clave.
La situación golpea de lleno el discurso de renovación ética que La Libertad Avanza y sus aliados vienen intentando instalar desde hace años. Porque cuando las denuncias son graves, el verdadero examen no pasa por los slogans anticasta sino por la reacción concreta frente al poder propio. Y hasta ahora, en San Isidro, la reacción fue más cercana a la especulación política que a la transparencia institucional.
El caso además aparece en un contexto donde distintos dirigentes libertarios quedaron envueltos en denuncias judiciales, escándalos internos y sospechas de corrupción. Desde investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito que alcanzan al entorno de Manuel y Francisco Adorni, hasta episodios de violencia y extorsión sexual protagonizados por dirigentes libertarios en otras provincias, el espacio oficialista empieza a mostrar una acumulación de episodios que erosionan seriamente su narrativa pública.
La situación de San Isidro tiene además un componente político delicado para Lanús: el intendente construyó gran parte de su perfil desde una supuesta idea de modernización institucional y gestión eficiente. Sin embargo, cuando la crisis toca a dirigentes cercanos o funcionales al oficialismo, el blindaje político parece imponerse sobre cualquier intento de depuración real.
En los pasillos políticos del distrito ya circula una pregunta incómoda: ¿qué hubiese dicho hoy el oficialismo local si el acusado perteneciera al peronismo? La respuesta probablemente sea bastante distinta al hermetismo actual.
Desde Unión por la Patria ya advirtieron que sostener políticamente a Montes después de las denuncias enviaría un mensaje devastador para las víctimas. “Si la política protege a este sujeto después de lo que hizo, ¿qué incentivo tiene la próxima víctima para denunciar?”, planteó la concejal Estefanía Rivadulla al reclamar medidas concretas contra el edil denunciado.
Pero el problema ya excede al concejal denunciado. Lo que empieza a discutirse es el comportamiento de una estructura política que prometía terminar con las viejas prácticas y que, frente a su primera gran crisis ética en el distrito, parece optar por administrar daños antes que asumir responsabilidades.
En definitiva, el escándalo no solo compromete a Alberto Montes. También expone a una dirigencia local que todavía no explicó con claridad de qué lado piensa pararse cuando las denuncias alcanzan a los propios. Y en política, muchas veces, el silencio termina hablando más fuerte que cualquier comunicado.
