El anuncio se dio en un encuentro encabezado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien ofició de anfitrión en el Centro de Monitoreo de Garín. La reunión reunió a 12 intendentes de distintos espacios políticos, en una señal de consenso inusual en torno a una problemática que atraviesa a toda la provincia.
La iniciativa toma como principal referencia la experiencia de Escobar, donde la Policía Municipal comenzó a funcionar en marzo de 2025. Según sus impulsores, el modelo combina inversión en tecnología, centros de monitoreo y fuerzas locales de proximidad, con resultados que —afirman— ya impactan en las estadísticas del delito.
“Lo que estamos debatiendo es la necesidad de una ley que otorgue facultades, mejore el financiamiento y garantice que la seguridad sea una verdadera política de Estado”, sostuvo Sujarchuk, quien busca posicionar su distrito como caso testigo del nuevo esquema que se pretende extender al resto de la provincia.
El ministro Javier Alonso fue más allá y apuntó contra la situación fiscal: “El gobierno nacional nos sacó recursos que financiaban la política de seguridad y eso limita mucho lo que podemos hacer”, advirtió, dejando en claro que el debate por la nueva ley también está atravesado por la disputa por fondos y responsabilidades entre Nación, Provincia y municipios.
En ese marco, el proyecto en elaboración no solo busca reconocer formalmente el rol de los municipios en seguridad, sino también ordenar su financiamiento, uno de los puntos más sensibles de la discusión.
La foto del encuentro dejó un dato político relevante: la presencia conjunta de jefes comunales de distintos espacios, entre ellos Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Lucas Ghi (Morón), Ramón Lanús (San Isidro) y otros intendentes del conurbano y el interior bonaerense.
Más allá de las diferencias partidarias, el diagnóstico compartido fue claro: los municipios ya están actuando en seguridad sin respaldo normativo suficiente.
“Es muy importante compartir estas experiencias para que una ley provincial reconozca y fortalezca el trabajo que se viene haciendo”, señaló Achával, mientras que Nicolás Mantegazza (San Vicente) destacó el “impacto positivo en la comunidad” del modelo de Escobar. En la misma línea, Gastón Granados (Ezeiza) valoró la gestión local como ejemplo de inversión en seguridad ciudadana.
El caso de Escobar no es solo una experiencia de gestión local, sino también el punto de partida de una discusión legislativa más amplia. En paralelo a la implementación de su fuerza municipal, el diputado provincial Leo Moreno presentó un proyecto para crear un marco normativo de Policías Municipales de Proximidad en distritos de más de 70.000 habitantes, con dependencia provincial pero articulación local.
Ese esquema es, en esencia, el que ahora vuelve a ponerse sobre la mesa con impulso del Ejecutivo bonaerense y el aval de varios intendentes.
La futura ley que prepara la Provincia abre un debate de fondo: hasta dónde llega la autonomía municipal en materia de seguridad y qué nivel de control conservará la administración provincial.
Con la crisis de financiamiento nacional como telón de fondo, la discusión no solo apunta a mejorar la prevención del delito, sino también a redefinir quién manda y quién paga la seguridad en el territorio bonaerense.
En ese equilibrio inestable entre coordinación, recursos y poder político, la experiencia de Escobar aparece hoy como modelo, pero también como punto de partida de una disputa mucho más amplia sobre el futuro de la seguridad en la provincia más grande del país.
