Presupuesto Participativo en Escobar: entre la profundización democrática y la construcción de poder territorial

El anuncio del intendente Ariel Sujarchuk introduce dos elementos clave: un aumento significativo de la inversión —$450 millones por localidad— y un cambio en la lógica de organización, pasando de las UGC a un esquema por localidades articulado en la red CONECTA. Esta modificación no es menor. Implica abandonar la fragmentación de proyectos pequeños para avanzar hacia intervenciones de mayor escala, con impacto territorial más visible y, por lo tanto, con mayor rédito político.

En ese sentido, el Presupuesto Participativo deja de ser únicamente una herramienta de participación para convertirse en un instrumento de planificación política del territorio. La posibilidad de que los vecinos definan prioridades —accesos, iluminación, espacios públicos— no solo canaliza demandas, sino que también ordena la agenda local bajo una lógica de corresponsabilidad entre Estado y ciudadanía.

Sin embargo, este tipo de iniciativas siempre abre una tensión: ¿hasta qué punto se trata de una democratización real de las decisiones y en qué medida funciona como un mecanismo de validación de políticas previamente orientadas por el Ejecutivo? La incorporación de instancias técnicas y mesas de diseño con asesoramiento profesional sugiere que, si bien la participación es amplia, existe un filtro institucional que define la viabilidad de los նախագծos.

El cronograma de talleres de cercanía y espacios participativos distribuidos en localidades como Matheu, Garín o Ingeniero Maschwitz apunta a fortalecer la capilaridad política del municipio. No es casual: en tiempos donde la política nacional aparece distante, los gobiernos locales encuentran en estos dispositivos una forma de reconstruir confianza y presencia territorial.

Otro elemento central es la digitalización del proceso, con votación a través de plataformas como Escobar 360. Esto amplía el alcance, pero también plantea interrogantes sobre la inclusión real de todos los sectores, especialmente aquellos con menor acceso a herramientas digitales. La participación, en este punto, no solo depende de la voluntad política sino también de las condiciones materiales de la población.

A diez años de su implementación, el programa se consolida como una política de identidad de la gestión de Ariel Sujarchuk. El evento previsto para octubre, que combinará premiación de proyectos y celebración del aniversario, no solo tendrá un carácter institucional sino también simbólico: mostrar continuidad, resultados y una narrativa de cercanía con el vecino.

En un contexto donde la discusión política muchas veces se concentra en el ajuste, la crisis económica y la disputa macro, el Presupuesto Participativo aparece como una herramienta que baja la política a escala barrial. Pero también como una estrategia de poder: quien organiza la participación, en definitiva, también organiza las prioridades.

Así, en Escobar, la apuesta parece clara. Más inversión, mayor visibilidad de obras y un vecino que no solo reclama, sino que también decide. La incógnita, como siempre, será cuánto de esa decisión es realmente autónoma y cuánto forma parte de una arquitectura política diseñada para consolidar liderazgo en el territorio.