Rigi: ¿Qué impactos ambientales puede traer este régimen?

Este esquema de incentivos otorga beneficios aduaneros, cambiarios y exenciones impositivas tanto en el IVA como en restricciones para importaciones y exportaciones de bienes hasta por 30 años. Pero solo algunos pueden ser candidatos a ello.

Son ocho las industrias que podrían verse beneficiadas: la agrícola, la de infraestructura, la forestal, la minera, la de gas y petróleo, la siderúrgica, la de energía y la de tecnología. Siete de ellas tienen un alto impacto directo tanto en el suelo y la vegetación nativa, como en cuerpos de agua y en la atmósfera misma. 

Dentro de aquel universo, las empresas deben de cumplir con el principal requisito de una inversión mínima de $200 millones de dólares -durante un lapso de dos años- con algunas variaciones en casos como la explotación, la producción hidrocarburífera offshore y la de gas para exportar (que tendrían que escalar hasta los $ 600 millones), y los proyectos de transporte y almacenamiento (a $300 millones). 

Sin embargo, el texto no redunda en ninguna regulación salvo el cumplimiento del monto de inversión mínima en tiempo y forma, hacer aquella inversión dentro de los dos primeros años de inicio del proyecto, hacer un correcto uso de los incentivos y cumplir con “las demás obligaciones que surgen del régimen”; ninguna estas obligaciones precisa algún tipo de control ambiental específico.

Para expertos ambientales y en energía consultados, la omisión de los daños ambientales que estas actividades de alto impacto pueden generar, y la falta de medidas específicas para atenderlas puede provocar estragos en el territorio nacional, además de incumplir compromisos internacionales de los que el país forma parte como el Acuerdo de París y el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal. 

Según estas fuentes, en el contexto económico actual, las provincias, que tienen el dominio de sus recursos, pueden tener una postura laxa a la hora de ejecutar regulaciones ambientales. Algo que no es nuevo, pero que en este caso podría profundizarse. 

“No podemos sacar el Rigi del contexto en el que estamos viviendo. Las provincias hoy en día necesitan plata. Como no viene del estado Nacional, las provincias van a hacer cualquier cosa que pueda generarla. Y la flexibilización de las regulaciones ambientales es algo que está pasando ahora, antes de que el régimen se implemente”, explica Matías Cena Trebucq, economista y asistente de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. 

Son 11 las provincias que ya reglamentaron este régimen, dos siguen en discusiones dentro de la legislatura y uno de ellas aún no envía el proyecto a su Congreso provincial. En varias de estas zonas, las industrias potencialmente adherentes están instaladas hace tiempo e incluso, ya existen conflictos entre algunos de estos sectores productivos y partes de la sociedad civil. Para Trebucq estas confrontaciones se verían profundizadas bajo el paraguas del régimen de incentivos.

En especial, considera el experto, que este es el caso de los sectores energético, siderúrgico y minero porque son de los que más impacto al ambiente podrían ocasionar. “Hay sectores que se van a ver más beneficiados que otros. El hidrocarburífero es uno de ellos y ahí tienes varias empresas: YPF, Shell, Pan American Energy, y esta última empresa está migrando también a la extracción de litio”. 

Esto es algo que el oficialismo parece contemplar. En especial si consideramos que la Unidad de Coordinación del Rigi armada por el Ministerio de Economía, está conformada por la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería. Ahora, sabiendo todo esto, ¿qué podría pasar en el ambiente si estas industrias se potencian?

Contaminación y pérdida de vegetación nativa

Son varios los documentos que han evidenciado a lo largo del tiempo los posibles efectos que varias de las actividades del Rigi generan sobre el ambiente. Dependiendo la actividad, la zona afectada, los servicios ecosistémicos que se deterioran y los conflictos en los que desemboca esto. 

En general, la minería, sea de plata, de oro o de cobre, que son los minerales más explotados en el país según la International Trade Organization del gobierno de Estados Unidos, e incluso de litio, que es el mineral que más potencial tiene, se asocia a conflictos con el agua.

Tanto la minería de metales más tradicionales como la del litio lidian con los límites materiales de aquel recurso. Y es que, en general, donde más se ha desarrollado la minería en la Argentina, usualmente coincide con zonas áridas. Así lo exhibe un artículo de la Universidad Autónoma de Chile publicado el año pasado. 

Los impactos de esta actividad son la razón de que en ocho de las 24 provincias de Argentina se sancionaron legislaciones que prohíben algún aspecto de la minería de gran escala: Mendoza, Río Negro, La Rioja, Tucumán, La Pampa, Córdoba, San Luis y Tierra del Fuego. 

Aunque no afectaron directamente a las provincias con mayor volumen de actividad minera como Santa Cruz, San Juan, Jujuy y Catamarca. Según información oficial, la mayor parte de provincias coinciden con la “región de los Valles Áridos”: Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Tucumán.

Al ser sus principales afluentes nutridos de lluvias escasas y de deshielos glaciales, esta región se encuentra en constante déficit hídrico. Por lo mismo, la competencia por el recurso puede generar conflictos.

Pongamos de ejemplo el caso del litio. Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, cada tonelada de carbonato de litio extraído y procesado requiere dos millones de litros de agua, que es más o menos la cantidad de agua necesaria para llenar una pileta olímpica. Ahora imaginemos que para junio de 2023 se produjeron alrededor mil toneladas de carbonato de litio según datos del Indec y para junio de este año se dobló la producción. Además en la fila hay 131 proyectos en etapas previas a la producción. Esta situación ya ha generado disconformidad entre habitantes de aquellas zonas, que usualmente pertenecen a pueblos indígenas. 

Algo similar sucede en el caso de la producción de gas y petróleo, en especial con el fracking. Según el experto en la cuenca neuquina del Observatorio Petrolero Sur, Lucas Figueroa, desde hace once años que Vaca Muerta está en el centro de la política energética nacional, y la producción ha crecido de manera exponencial, en especial después de la pandemia.

Solo este año, YPF y Vista Energy -los que más perforaron en 2024- hicieron 126 pozos para el fracking. El proceso requiere hacer agujeros y disparar una mezcla de agua y químicos para liberar y empujar hacia la superficie a gas y petróleo atrapado en las rocas. “El consumo y la contaminación del agua es gigantesca. Cada pozo destruye como hasta 60.000 litros de agua”, detalla Figueroa. Toda el agua se contamina con químicos, y aunque una parte se reutiliza, otra se pierde y requiere más agua dulce.

Al final del año pasado, este megaproyecto usaba al menos 100 millones de litros de agua dulce al mes. Así lo reveló un estudio de los científicos que participan de un convenio entre la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue (FaCA-UNCo) y el Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI). Y la producción es de las que más crece en el país.

“La explosión de vaca muerta postpandemia está vinculada a la exportación no para el abastecimiento. Hay una política que en realidad arranca Massa y que radicaliza Milei con el aumento de las exportaciones”, explica Cabrera a Politicar y advierte que el “Rigi viene con una reforma brutal de la producción energética del país. Ata de mano al Estado para poder regular precios y exportación”. En realidad, este régimen no plantea nulidad de leyes provinciales o nacionales para la regulación. En principio eso seguiría manteniéndose, sin embargo Figueroa piensa que la falta de especificidad en las regulaciones ambientales puede llevar a pasarlas por alto. “No me sorprendería que esta zona gris de pie en la flexibilización de las leyes ambientales… ¡Por 30 años!”, opina.

Esto, Cabrera lo plantea porque ya sucedió y porque los potenciales proyectos que considera que pueden adherirse al Rigi se instalan. Se refiere al gasoducto en construcción y planteado durante el gobierno de Alberto Fernández que desembocará en Punta Colorada, en el Golfo San Matías, a unos kilómetros de una Área Marina Protegida y muy cerca de la zona de paso y nacimiento de las ballenas francas australes.

La obra de infraestructura no debería construirse allí por los riesgos de derrame que supone, sin embargo, el proceso de construcción está en curso. Y según recuenta Figueroa podría haber cuatro proyectos más de transporte de hidrocarburos que desembocaron en el mismo golfo: un gasoducto de YPF que está en busca de inversiones, un “barco/planta de licuefacción” de Panamerican Energy y Golard, otro gasoducto de Tecpetrol y un oleoducto de YPF - que en realidad ya está en construcción, pero que el experto destaca que podría ser incluído en parte dentro del Rigi. Todas estas son obras de infraestructura para la producción que podrían adherirse al régimen.

Finalmente, el caso de las siderúrgicas es también reconocido históricamente como una de las actividades más contaminantes del mundo. No solo por el uso de combustibles para generar altas temperaturas, sino por la contaminación del agua que genera. A nivel mundial es responsable de más del 7% de las emisiones de carbono que es un poco menos de lo que emite toda América Latina. 

¿El sector forestal puede entrar en el Rigi?

Uno de los más sorpresivos sectores contemplados en este régimen es el forestal que, de los ocho sectores planteados, es de los que menos desarrollo tienen. Para Lucas Figueroa, becario posdoctoral en el Conicet y especialista en política de bosques en el Gran Chaco Americano, no hay señales de que este sector despegue, al menos en el norte argentino. 

Esto es porque, en general, aquella zona no tiene un sector forestal fuerte. “Muchas veces son agricultores o ganaderos que además aprovechan la madera”, describe Figueroa, aunque destaca que si hay una región donde podría invertirse sería en Chaco. De ser así, esto podría causar conflictos que la provincia viene arrastrando hace años y que están vinculados a la pérdida de bosques nativos. Y es que normalmente, la producción forestal a gran escala se vincula a dos tipos de árbol: el pino y el eucalipto.