Martín Ramirez Tacgorian
Durante las elecciones de medio término en las que el oficialismo logró imponerse, la fragilidad del modelo no estaba en la superficie. No se expresaba en el humor social ni en la vida diaria de los ciudadanos, sino en un plano más abstracto: el financiero. La tensión existía, pero estaba encapsulada en variables técnicas, en la volatilidad de los mercados y en la incertidumbre de los inversores. Era, en definitiva, una crisis que no caminaba las calles.
En ese contexto, el Gobierno se vio obligado a recurrir a actores del sistema financiero internacional como Scott Bessent para conseguir respaldo y financiamiento que le permitiera afrontar vencimientos de deuda. Aquella decisión, estratégica desde el punto de vista económico, tuvo escasa repercusión en el ciudadano común. No porque no fuera relevante, sino porque no impactaba directamente en su vida cotidiana.
De hecho, distintos relevamientos de opinión de aquel momento mostraban una sociedad desconectada de esas preocupaciones. Más del 60% de los argentinos declaraba no tener capacidad de ahorro, y una porción aún mayor afirmaba no participar de ningún tipo de inversión financiera. En ese marco, hablar de riesgo país, bonos o tasas de interés resultaba lejano, casi ajeno. La economía era un problema, sí, pero no en esos términos.
Ese desacople entre la crisis financiera y la percepción social permitió al oficialismo transitar el proceso electoral sin un costo político significativo. La calle no estaba enojada; estaba, en todo caso, expectante.
Hoy el escenario es radicalmente distinto.
La crisis dejó de ser una abstracción técnica para convertirse en una experiencia concreta. Ya no se trata de vencimientos de deuda o de movimientos del mercado, sino de llegar —o no— a fin de mes. La inflación, el deterioro del poder adquisitivo y la imposibilidad de proyectar a corto plazo transformaron el malestar en algo tangible. La calle, ahora sí, habla.
El caso Adorni puede haber funcionado como un golpe simbólico, un episodio que erosionó la narrativa oficial y afectó la moral política del Gobierno. Pero reducir la crisis actual a ese hecho sería un error de diagnóstico. El problema es más profundo: es el agotamiento social.
El trabajador que sale temprano, cumple su jornada y regresa a su casa con la sensación de que el esfuerzo no alcanza ya no está pendiente de los indicadores financieros. Está cansado. Cansado de no poder ahorrar, de no poder viajar correctamente en el transporte público, de no poder mejorar su calidad de vida. Y, sobre todo, cansado de no ver resultados concretos en aquello que más importa: el bienestar.
A diferencia de la etapa anterior, donde la crisis era percibida como una cuestión de “los mercados”, hoy el conflicto es con “la vida misma”. Y cuando eso ocurre, el margen político se reduce drásticamente.
El Gobierno ya no enfrenta una tormenta en los despachos ni en las pantallas de los operadores financieros. Enfrenta algo mucho más difícil de gestionar: una sociedad que dejó de esperar.
