Una investigación periodística reveló que asesores y funcionarios cercanos al ministro de Economía accedieron a créditos millonarios del Banco Nación en plena crisis. Entre ellos, figuras del entorno técnico y mediático del oficialismo, como Federico Furiase y Felipe Núñez, quienes obtuvieron préstamos por cientos de millones de pesos otorgados tras la asunción de Javier Milei.
Los números son elocuentes: créditos de hasta 475 millones de pesos en el caso de Núñez, y más de 300 millones en otros funcionarios, todos provenientes de la banca estatal que el propio oficialismo había cuestionado e incluso amenazado con privatizar.
La contradicción es evidente. Mientras el gobierno impulsa un ajuste que restringe el crédito, el consumo y el acceso a la vivienda para amplios sectores de la sociedad, un grupo selecto vinculado al poder logra financiamiento en condiciones excepcionales. El argumento de que se trata de operaciones “como cualquier hijo de vecino” choca con la percepción social —y con testimonios del mercado inmobiliario— que señalan la dificultad real de acceder a montos similares.
Pero el dato más inquietante no es solo la desigualdad en el acceso al crédito, sino el patrón histórico que empieza a insinuarse.
La Argentina ya vivió una experiencia similar a fines del siglo XIX, durante la presidencia de Miguel Juárez Celman. En aquel entonces, el modelo económico liberal, basado en endeudamiento externo, especulación financiera y fuerte cercanía entre el poder político y los negocios, derivó en la crisis de 1890. El sistema bancario —especialmente el Banco Nacional— fue utilizado para favorecer a grupos cercanos al gobierno, alimentando una burbuja que terminó en colapso.
El paralelismo no es antojadizo. Hoy, como entonces, se observa una combinación peligrosa: ajuste sobre la economía real, concentración de beneficios en sectores vinculados al poder y utilización de herramientas estatales en favor de una élite política-financiera.
Incluso el propio perfil de Luis Caputo refuerza esa lectura. Su trayectoria está marcada por la gestión de deuda y su paso por el sistema financiero internacional, donde cumplió roles clave durante el ciclo de endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri.
La historia argentina enseña que estos esquemas suelen tener un límite. El modelo de Juárez Celman colapsó cuando la confianza se agotó y la crisis golpeó de lleno sobre una economía debilitada y desigual. La pregunta que empieza a circular es si el actual experimento libertario no está recorriendo un camino similar.
En un contexto donde el crédito productivo escasea, las pymes cierran y el consumo se retrae, el acceso privilegiado a financiamiento por parte de funcionarios no solo genera ruido político: instala una sospecha más profunda.
Que, detrás del discurso anti-casta, podría estar reeditándose —con nuevos nombres y nuevas formas— una vieja matriz de poder en la Argentina: la de la “patria financiera”, donde el Estado se achica para la mayoría, pero sigue estando disponible para unos pocos.
