Escándalo en el IOSFA: autorizan una consultoría por $86 millones mientras la obra social tiene una deuda superior a $200.000 millones

Una nueva decisión administrativa en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) generó fuertes cuestionamientos y sospechas dentro del propio ámbito militar y de seguridad. A través de la Disposición DI-2026-145-APN-GG#IOSFA, el gerente general Sergio Maldonado autorizó un gasto de $86.578.259,04 para contratar una consultora privada que deberá elaborar un Programa Integral de Prestaciones (PIP), en medio de un proceso de liquidación del organismo y con una deuda que ya superaría los $200.000 millones.

La medida resulta especialmente polémica porque el Gobierno nacional ya dispuso la disolución del IOSFA y la creación de una nueva estructura prestacional que lo reemplazará, lo que vuelve difícil de justificar la contratación de un servicio destinado a planificar el funcionamiento futuro de una entidad que, por decisión oficial, dejará de existir.

Una licitación millonaria en medio de la liquidación

El contrato aprobado prevé la elaboración de un plan integral de cobertura médica, con el argumento de que el Instituto no cuenta con el “perfil interprofesional” necesario para diseñar el programa. Sin embargo, la decisión fue interpretada por sectores internos como un gasto innecesario y fuera de tiempo, que podría comprometer fondos públicos en la etapa final de la actual gestión.

Las críticas apuntan a que todas las obras sociales del país ya están obligadas a cumplir con el Programa Médico Obligatorio (PMO), que establece con precisión las prestaciones mínimas que deben garantizarse, por lo que no se justificaría el desembolso de casi 90 millones de pesos para definir un esquema que ya está regulado por ley.

También se cuestiona que el organismo cuenta con una estructura técnica propia, con cientos de profesionales y personal administrativo, por lo que delegar la tarea en una consultora externa en medio de una crisis financiera fue interpretado como un reconocimiento de incapacidad institucional o como una decisión difícil de explicar desde el punto de vista administrativo.

Polémica por la explicación oficial del déficit

Uno de los puntos que más malestar generó entre afiliados y personal de las fuerzas fue la justificación incluida en los documentos oficiales, donde se sostiene que uno de los factores del déficit económico es el nivel de cobertura que brinda la obra social.

La afirmación provocó rechazo dentro de la comunidad militar y de seguridad, que denuncia que la situación actual está lejos de ser de “amplia cobertura” y que, por el contrario, en muchas regiones del país ni siquiera se garantizan las prestaciones básicas.

Según distintos reclamos, la obra social acumula deudas millonarias con prestadores, lo que derivó en cortes de servicios, suspensión de turnos y dificultades para acceder a medicamentos, obligando a muchos afiliados a recurrir a la Justicia o a afrontar los gastos por cuenta propia.

Afiliados sin cobertura y gastos en consultoría

Mientras se discute el futuro del organismo y se avanza en su reemplazo por una nueva estructura, los cerca de 500.000 afiliados denuncian que el IOSFA no estaría cumpliendo plenamente con el piso mínimo de prestaciones fijado por el Ministerio de Salud, en un contexto de fuerte deterioro financiero.

En ese escenario, la autorización de una consultoría por más de $86 millones para diseñar un programa teórico de prestaciones generó sospechas sobre el destino de los fondos y abrió interrogantes sobre la oportunidad de la decisión.

Con el proceso de liquidación en marcha y el sistema prestacional en crisis, la pregunta que se repite entre afiliados y especialistas es inevitable: si el IOSFA tiene los días contados, ¿a quién beneficia realmente este contrato millonario?