En un artículo de su autoría recientemente publicado, el pampeano Bensusán afirma que “la caída de la coparticipación es síntoma de la contracción de la economía”, algo que las cifras oficiales se empeñan en desmentir, y que “la discrecionalidad en los anticipos del gobierno afecta el federalismo”, en respuesta al mecanismo que ahora implementa el gobierno para intentar contener la situación.
“La caída de la coparticipación no es un fenómeno aislado. Es la consecuencia directa de un proceso más amplio: la pérdida de dinamismo de la economía real. Los dos pilares de la masa coparticipable -IVA y Ganancias- dependen directamente del nivel de actividad. El primero está atado al consumo; el segundo, a la rentabilidad empresaria y al empleo formal. Cuando el consumo se retrae, el IVA cae. Cuando la actividad se desacelera, también lo hacen las utilidades y los ingresos gravados”, explica el legislador, con toda lógica.
Luego explica cómo esta lógica se derrama y replica en cada provincia. En un país federal como Argentina, este proceso tiene consecuencias inmediatas. La caída de ingresos nacionales reduce la masa coparticipable, lo que se traduce en menores recursos para las provincias. Frente a ese escenario, muchas jurisdicciones ajustan su gasto o buscan financiamiento para sostener su funcionamiento. Ese movimiento no se agota en lo fiscal sino que repercute sobre la economía local. A partir de allí, el ciclo se retroalimenta: menos actividad implica menos recaudación, y el deterioro vuelve a empezar”. Algo así como lo que vivió Argentina con Martínez de Hoz, Cavallo y Macri.
También destaca la condición excepcional de La Pampa. Es la única provincia sin deudas, acreedora de la nación en más de 400 mil millones de pesos. La ejecución de esa deuda, hoy en manos de la Corte Suprema, dotaría a la provincia de mayores recursos para hacer frente a la crisis.
Las demás jurisdicciones subnacionales, con matices, deben solicitar adelanto para cubrir gastos corrientes, lo que desbalancea la relación entre provincias y nación.Para Bensusán, lejos de agotarse en lo fiscal o económico, el tema tiene severas consecuencias políticas.
“Cuando estos mecanismos se aplican de manera selectiva y bajo condiciones financieras, se abre un debate sobre la equidad en la relación fiscal. El acceso a liquidez deja de ser automático y pasa a depender de decisiones del nivel central, lo que introduce un componente de discrecionalidad en un sistema que debería ser previsible. ¿Hasta qué punto estos mecanismos condicionan el accionar de los legisladores nacionales de esas provincias, cuando el acceso a recursos queda sujeto a decisiones del Gobierno Nacional y a compromisos de devolución con interés?”, concluye.
