Carollinne AngieLas tensiones por la designación de nuevos integrantes en la Suprema Corte bonaerense escalan en medio de la demora del Ejecutivo para enviar los pliegos al Senado. Con solo tres jueces en funciones y vacantes acumuladas desde hace años, el máximo tribunal provincial opera al límite mientras la negociación política sigue sin resolverse.
El malestar ya se hace sentir dentro del oficialismo, donde distintos sectores reclaman definiciones al gobernador Axel Kicillof, quien había comprometido avanzar con los nombramientos antes de fin de año.
Detrás de la demora aparece una negociación política de alto voltaje. En diciembre, el mandatario bonaerense había alcanzado un acuerdo con los principales espacios del oficialismo —kirchnerismo y massismo— y sumó al radicalismo que conduce Maximiliano Abad.
De esa mesa participaron funcionarios clave como Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, junto a dirigentes de peso del oficialismo como Facundo Tignanelli, Federico Otermín y Alexis Guerrera, además de referentes radicales como el propio Abad y Diego Garciarena.
Sin embargo, el entendimiento político no se tradujo en hechos concretos. Los pliegos que debían ingresar al Senado bonaerense junto al paquete legislativo de fin de año —Presupuesto y endeudamiento— nunca fueron enviados, lo que profundizó las tensiones internas.
El reparto de poder
Mientras el proceso se mantiene bajo un fuerte hermetismo, comenzaron a circular nombres en los distintos espacios que buscan quedarse con lugares en el máximo tribunal.
En el massismo, uno de los nombres que empezó a tomar fuerza es el de Micaela Morán, ex diputada nacional cercana a Malena Galmarini. También sigue en carrera Ramiro Gutiérrez, histórico referente en temas judiciales dentro del espacio de Sergio Massa.
El kirchnerismo, en cambio, se mueve con mayor cautela. Aunque no hay definiciones públicas, desde el inicio de la gestión circula el nombre de Marisa Herrera, reconocida especialista en derecho de familia.
En paralelo, el esquema acordado incluye un lugar para el radicalismo. Ese pliego debería enviarse antes de la feria judicial de julio, y en ese sector suena con fuerza Marina Sánchez Herrero, actual presidenta del Concejo Deliberante de Mar del Plata y figura cercana a Abad.
Paridad, discursos y límites reales
Más allá de la negociación política, uno de los ejes que atraviesa el debate es la cuestión de género. En el oficialismo aseguran que al menos uno de los lugares será ocupado por una mujer, con el objetivo de acercarse a la paridad en el tribunal.
Actualmente, la Corte bonaerense tiene una composición marcadamente desigual: tres hombres —Sergio Torres, Daniel Soria y Luis Genoud— y una sola mujer, Hilda Kogan.
En ese contexto, la expectativa oficial apunta a designar al menos dos mujeres. Sin embargo, en la práctica, dentro de los propios espacios políticos admiten que el resultado más probable sería la designación de dos hombres y una mujer, lo que volvería a dejar la paridad como una deuda pendiente.
Una Corte al límite
El funcionamiento actual del máximo tribunal ya enciende alarmas. Con solo tres ministros en funciones —Kogan, Torres y Soria—, la Corte opera en condiciones reducidas y con dificultades para sostener su dinámica habitual.
El escenario podría tensarse aún más si se confirma la jubilación de Kogan, una posibilidad que en el oficialismo dan como probable. De concretarse, se abriría una nueva vacante y la Corte quedaría aún más debilitada.
Las salidas de los últimos años —tras el fallecimiento de Héctor Negri y las renuncias de Eduardo de Lázzari, Juan Carlos Hitters y el propio Genoud— dejaron un tribunal incompleto cuya normalización sigue atada a una negociación política que, por ahora, no logra destrabarse.
El trasfondo de la discusión excede lo institucional. La cobertura de vacantes en la Suprema Corte se convirtió en una pieza más dentro del delicado equilibrio de poder del oficialismo bonaerense, donde cada nombramiento impacta en la interna y en la proyección política de los distintos sectores.
En ese escenario, Kicillof no solo debe resolver una necesidad urgente del funcionamiento judicial, sino también administrar tensiones hacia adentro de su propio espacio. La demora en el envío de los pliegos refleja esa dificultad: avanzar implica ordenar el reparto de poder, pero también asumir costos en una interna que sigue abierta.
Con una Corte funcionando al límite y la posibilidad de nuevas vacantes en el horizonte, la definición ya no aparece solo como una cuestión administrativa, sino como una decisión política que puede reconfigurar el tablero bonaerense
