Galeno ART al borde del cierre: la aseguradora que falló a trabajadores y al sistema, y ahora paga las consecuencias

 Galeno ART, una de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) más conocidas del país, quedó al borde de su liquidación forzosa luego de que la Superintendencia de Seguros de la Nación revocara su autorización para operar mediante la Resolución 56/2026, publicada en el Boletín Oficial. La decisión se tomó tras constatar un déficit de capital patrimonial que superaba los 12.900 millones de pesos, una señal de desmanejo financiero que terminó por disolver cualquier posibilidad de continuidad operativa.

La medida implica que Galeno ART quedará disuelta y su patrimonio pasará a un proceso de liquidación judicial forzosa, en el que se designarán liquidadores y se buscará transferir activos al Fondo de Reserva del sistema de riesgos del trabajo para garantizar las prestaciones de los trabajadores que quedarán sin cobertura por esta aseguradora.

Déficit millonario y falta de plan de saneamiento
La revocación no fue una acción repentina ni arbitraria: la Superintendencia le había otorgado previamente a Galeno ART plazos legales para presentar un plan de saneamiento financiero y restituir el capital exigido por la normativa. Sin embargo, la propia empresa admitió que se encontraba “materialmente impedida” de regularizar su situación, una declaración que debería haber encendido todas las alarmas mucho antes.

Este déficit no solo demuestra una gestión negligente de los recursos, sino también un profundo desconocimiento o desprecio por las obligaciones que una ART tiene con los trabajadores y las empresas que confiaron en sus servicios. Durante años, millones de pesos y expectativas quedaron sin respaldo real.

Impacto social: empleos y cobertura en riesgo
La gravísima situación no se limitó a un número abstracto en los balances. Galeno ART ya despidió a más de 600 empleados tras la revocación de su licencia, dejando a cientos de familias en la incertidumbre sobre sus ingresos y derechos laborales.

Además, la decisión de la Superintendencia deja sin cobertura directa a miles de trabajadores y empresas que tenían sus pólizas vigentes con la aseguradora, generando un vacío que ahora deberá ser cubierto por otras compañías o por el Fondo de Reserva de la Ley de Riesgos del Trabajo, un mecanismo que no reemplaza la solvencia operativa ni la confianza perdida.

Responsabilidad empresarial y falta de previsión
El caso de Galeno ART no puede leerse como una mera consecuencia técnica de números en rojo, sino como una advertencia sobre la responsabilidad empresarial en un sector tan delicado como el de los riesgos laborales. Una ART no es un juego financiero: gestiona la protección social de trabajadores frente a accidentes, enfermedades laborales y discapacidad. Que una empresa de este rubro termine reconociendo su incapacidad para sostener sus obligaciones revela una falla profunda de gestión y de compromiso con el sistema.

En un país donde la litigiosidad laboral y la presión sobre las ART vienen en aumento, la gestión de Galeno ART deja un saldo de mala praxis, falta de previsión y, fundamentalmente, negligencia en asegurar los derechos básicos de los trabajadores. Su desaparición del mercado no solo es un golpe a su marca, sino un llamado de atención para todo el sector.

¿Quién paga los platos rotos?
Mientras la justicia y el Fondo de Reserva intentan encauzar la liquidación para garantizar prestaciones, quedan interrogantes sin respuesta: ¿por qué no se actuó antes para evitar que la empresa acumulara tal deuda? ¿Qué diálogo real hubo con trabajadores, empresas y gremios? ¿Cómo se garantiza que procesos similares no se repitan con otras aseguradoras?

La revocación de la autorización de Galeno ART representa más que una noticia económica: es un símbolo de la falla de una empresa que no supo —o no quiso— cumplir con sus responsabilidades, y ahora ve cómo su estructura se desmorona mientras miles de argentinos enfrentan las consecuencias. El cierre de Galeno ART debe servir de lección para reforzar la regulación, aumentar la transparencia y proteger a quienes, en última instancia, dependen de estas coberturas para su vida y su trabajo.