2018: tarifazos, recesión y fuga de expectativas
En 2018, el gobierno de Macri enfrentó una tormenta económica que combinó la suba de tarifas de servicios públicos —en el marco del esquema de “sinceramiento” de precios relativos— con una brusca devaluación del peso, inflación creciente y caída del poder adquisitivo.
El impacto fue inmediato en el consumo interno, que se desplomó junto con las ventas minoristas y la producción industrial. Muchas pymes comenzaron a cerrar o reducir personal ante el aumento de costos energéticos y financieros. La promesa inicial de un “segundo semestre” con inversiones extranjeras masivas quedó trunca en medio de la volatilidad cambiaria y el regreso al Fondo Monetario Internacional.
La economía ingresó en recesión, el desempleo trepó y el clima social se tensó. La expectativa de un shock de confianza que atrajera capitales externos nunca se consolidó.
2025: estanflación, cierres y desempleo
En el presente, la administración de Milei impulsa un ajuste fiscal y monetario de fuerte impacto contractivo. La combinación de recesión con alta inflación —estanflación— golpea con fuerza al entramado productivo.
El consumo masivo muestra retrocesos significativos y distintos sectores industriales advierten sobre la caída de la actividad. La apertura comercial y la retracción del mercado interno profundizan las dificultades de muchas fábricas para sostener sus niveles de producción.
Un caso emblemático es el de FATE, histórica fabricante de neumáticos, que anunció el cierre de una de sus plantas y el despido de 900 trabajadores. La noticia encendió alarmas en el sector industrial y sindical, no sólo por la magnitud de los empleos perdidos sino por lo que simboliza: la fragilidad de la industria nacional en un contexto de caída de ventas y aumento de costos.
El desempleo comienza a crecer y los gremios alertan sobre nuevas suspensiones en sectores como la construcción, el comercio y la manufactura.
El espejo económico
El paralelismo entre ambos momentos no es exacto —las condiciones internacionales y los puntos de partida difieren— pero el patrón se repite: un ajuste fuerte con la expectativa de ordenar la macroeconomía y generar confianza, acompañado por una caída brusca de la actividad en el corto plazo.
En 2018, la apuesta oficial era que la normalización macro y la integración al mundo atraerían inversiones productivas. En la actualidad, el discurso oficial sostiene que la desregulación, la disciplina fiscal y el cambio de reglas generarán un shock de capitales privados. Sin embargo, hasta ahora, el flujo de inversiones concretas no logra compensar el deterioro del mercado interno.
Entre la ortodoxia y el impacto social
Tanto en la etapa final del macrismo como en el presente libertario, la discusión de fondo gira en torno al mismo dilema: cuánto ajuste puede absorber la economía real antes de que el tejido productivo y social se resienta de manera irreversible.
El cierre de fábricas, la pérdida de empleo y la caída del consumo no son sólo indicadores macroeconómicos: representan empresas que bajan sus persianas, trabajadores que quedan sin ingresos y economías regionales que se debilitan.
La incógnita, como en 2018, es si el costo social del presente será compensado por un ciclo de crecimiento futuro o si, una vez más, la promesa de inversiones quedará en el terreno de las expectativas.
