La dependencia, impulsada por el gobierno de Javier Milei bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación de la Casa Rosada, fue presentada como un instrumento para “desenmascarar mentiras” y responder activamente a la desinformación. Sin embargo, los datos relevados sugieren que la iniciativa enfrenta un clima de escepticismo generalizado.
Mayoría sin postura definida, pero rechazo dominante
Según el capítulo de opinión pública, el 51,7% de los consultados afirmó no tener una posición clara respecto a la Oficina. No obstante, entre quienes sí expresaron una postura, el rechazo resulta contundente: el 38,6% se manifestó en contra, frente a apenas un 9,7% a favor.
El dato más significativo surge al observar el universo de opiniones definidas: el 79,8% interpreta la creación del organismo bajo un encuadre crítico —asociado a riesgos de control, censura o propaganda— mientras que solo el 20,2% la considera una política pública necesaria para combatir noticias falsas.
El informe señala que “la oficina no se evalúa por su diseño técnico, sino por los incentivos que la ciudadanía atribuye al actor que la crea”. En ese marco, el debate no gira tanto en torno a la existencia de la desinformación, sino sobre quién posee legitimidad para intervenir.
Dos narrativas enfrentadas
El estudio identifica dos visiones irreconciliables. Quienes rechazan la medida advierten sobre posibles derivas autoritarias, aludiendo a mecanismos de “censura indirecta”, construcción de un “relato único” y utilización política de la comunicación oficial.
Del otro lado, el sector favorable —minoritario— sostiene argumentos defensivos: el derecho ciudadano a acceder a información oficial verificable, la necesidad de contrarrestar operaciones mediáticas y la conveniencia de ordenar la comunicación estatal.
El hallazgo clave, subraya el documento, es que “ambos sectores reconocen el conflicto informativo”, aunque lo interpretan desde marcos normativos opuestos.
Falta de propuestas frente a la desinformación
Al consultar sobre qué política pública debería implementarse ante la desinformación, el 74,9% de las respuestas no logró formular una alternativa concreta. Apenas el 9,2% pidió explícitamente la no intervención estatal, mientras que porcentajes menores mencionaron regulación, mayor transparencia oficial o educación mediática.
Este resultado, advierte el análisis, refleja más incertidumbre que consenso sobre cómo abordar el fenómeno.
Redes sociales: polarización y críticas
El capítulo de macrodatos en redes sociales también muestra una recepción dividida, aunque con predominio de comentarios negativos (57,6%) frente a positivos (42,4%).
Entre los mensajes críticos aparecen con frecuencia referencias al “Ministerio de la Verdad”, cuestionamientos por gasto público y advertencias sobre posibles restricciones a la libertad de expresión. Los apoyos, en cambio, se concentran en la valoración de la “transparencia” y el respaldo explícito al Presidente.
En los espacios de comentarios de distintos medios, el rechazo se mantiene como tendencia mayoritaria, independientemente de la línea editorial.
Una medida que no logra construir mayorías
Las conclusiones del informe describen una iniciativa que “polariza sin convencer”. El apoyo aparece como minoritario y fuertemente identitario, mientras que las críticas atraviesan distintos perfiles políticos, unificados por la desconfianza institucional.
“El conflicto no es sobre si existe desinformación, sino sobre quién tiene legitimidad para definirla”, resume el documento.
A la luz de los resultados, la Oficina de Respuesta Oficial emerge como un actor que refuerza posiciones previas más que como un puente de consenso, consolidando un debate que combina comunicación, política y sensibilidad democrática.
