Leandro Bravo
Condicionados por el apoyo de la oposición dialoguista, el oficialismo en la Cámara de Diputados cedió y la baja en la edad de imputabilidad quedará fijada en 14 años. De todos modos, La Libertad Avanza tiene planeado avanzar con la aprobación en tres días: el martes próximo se conforman comisiones; el miércoles se pasa a la firma; y el jueves 12 de febrero será la sesión extraordinaria en el recinto de la Cámara baja.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió a los jefes de bloque -incluidos los de la oposición más férrea- en el Salón de Honor del Palacio Legislativo para presentar el cronograma de la Ley Penal Juvenil. El despacho que baja la edad punible de 16 a 14 años también reduce las penas máximas de 20 a 15 años y da la posibilidad de cumplir condenas bajo el régimen de la prisión domiciliaria, las tareas comunitarias y la reparación histórica.
Este fue el dictamen que el oficialismo avaló en mayo pasado, pero con el sostén de los bloques de la oposición dialoguista. En ese entonces, La Libertad Avanza era un bloque de 37 diputados y ahora tiene a 95. Sin embargo, ese número lo deja lejos de los 129 requeridos por la Constitución Nacional para cambios en el Código Penal de la Nación y es por eso que dio lugar a los pedidos de los aliados.
Con la tranquilidad de que la ley obtendrá la media sanción en la Cámara de Diputados la próxima semana, la única modificación recae en el artículo 52 del despacho y está vinculada a la asignación presupuestaria. Consensuado entre oficialismo y oposición dialoguista, se elimina la discrecionalidad y se define un incremento “sujeto a convenio entre Nación y cada provincia”.
Esto surge porque cuando se firmó ese despacho en el plenario de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; Presupuesto y Hacienda; y Legislación Penal -el miércoles el texto pasará por estas mismas comisiones- el pasado 6 de mayo, no había Ley de Presupuesto. En este caso, la “ley de leyes” fue aprobada el 26 de diciembre pasado y eso obliga a definir los valores de asignación presupuestaria.
El Gobierno nacional deberá consensuar cuál será el monto por invertir en la ejecución de la nueva Ley Penal Juvenil ya que las unidades penitenciarias deberán adecuarse para albergar a adolescentes de 14 a 16 años. “Al ser menores se requieren los servicios de psicólogos, psiquiatras y docentes y eso ¿quién lo paga?”, explicó una fuente presente en la reunión del Salón de Honor.
Pese a que el Gobierno nacional ha dejado en claro más de una vez que su propósito es bajar el gasto público, la ejecución de la Ley Penal Juvenil demandará una nueva asignación de fondos. Desde la Coalición Cívica han elevado el reclamo para que la Oficina de Presupuesto del Congreso informará sobre el costo fiscal de la norma. Sin embargo, todavía no se conocen los números exactos que demandará la ley.
