Motivados por el macabro crimen en Rosario que involucra a menores de edad, la mesa chica de Casa Rosada dio lugar al pedido de Patricia Bullrich y la baja de la edad de imputabilidad vuelve a entrar en la agenda parlamentaria. Luego de quedar stand by durante el último año con un dictamen que nunca llegó al recinto, el Gobierno nacional buscará tener el régimen penal juvenil sancionado fijando la edad mínima para procesos penales en 13 años.
Se trata del proyecto de ley que la propia Bullrich firmó cuando era ministra de Seguridad en julio del 2024 y que tuvo media sanción en mayo del 2025. El despacho del oficialismo logró la adhesión del Pro, el radicalismo, la Coalición Cívica y los espacios provinciales, pero nunca llegó al recinto debido a que La Libertad Avanza evitó sesionar durante el último año a causa de su conformación menor a 40 integrantes en la Cámara baja.
Originalmente, la iniciativa que había propuesto el Gobierno de Javier Milei establecía llevar la edad de imputabilidad a personas de 13 años. Sin embargo, en mayo del 2025, el oficialismo en la Cámara de Diputados logró pasar a la firma un dictamen que proponía el régimen penal de los 16 (marco normativo actual) a los 14 años; penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas.
En aquella ocasión, el despacho debió pasar por varios encuentros plenarios de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. La Libertad Avanza había logrado adhesión en la oposición a excepción de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, quienes dejaron en clara su postura al considerar que la iniciativa contenía un sesgo punitorio.
Uno de los puntos por los que el oficialismo nunca quiso avanzar con ese dictamen fue porque establecía un fuerte incremento en partidas presupuestarias destinadas a adecuar las unidades penitenciarias para que puedan albergar a adolescentes, algo que había sido incorporado por la Coalición Cívica y los bloques dialoguistas Democracia para Siempre y Encuentro Federal, hoy dentro de Provincias Unidas.
Ese fue el único tema por el que el presidente Milei había pedido en la inauguración del período de sesiones ordinarias de 2025. Por eso, el oficialismo -que había debatido el tema en las comisiones a lo largo de 2024- apuró su dictamen, que se alcanzó el 6 de mayo de 2025. Se logró a partir de la unificación de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional; el del diputado massista Ramiro Gutiérrez; los del Pro de Cristian Ritondo y Diego Santilli; de Gerardo Huesen de La Libertad Avanza; de Juan Manuel López de la Coalición Cívica; de Carla Carrizo de Democracia para Siempre; y de la sanjuanina Nancy Picón Martínez, entre otros.
Con la nueva composición donde el oficialismo logró ser la primera minoría en la Cámara baja con 95 diputados; y en el Senado, donde triplicó su conformación de 7 a 21 legisladores, el Gobierno nacional, con Patricia Bullrich a la cabeza, buscará avanzar en la reforma del Régimen Penal Juvenil.
En los últimos días se conoció el macabro video del crimen de Jeremías Monzón, un joven de 15 años que fue torturado y asesinado a puñaladas. Los acusados de ocasionar la muerte del adolescente santafesino son una ex compañera de secundaria y dos adolescentes más, de 14 y 15 años. El crimen del joven Monzón fue cometido entre el 18 y el 22 de diciembre pasado, pero el macabro video circula en redes, Whatsapp y Telegram.
También en los últimos días fue noticia la muerte de un niño de 12 años abatido por fuerzas policiales en un enfrentamiento en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Según informaron, el joven iba a bordo de un vehículo junto a otras dos personas y tras negarse a frenar en un control policial, abrieron fuego contra los efectivos. El menor murió por un impacto de bala en el tórax y los otros dos acompañantes están prófugos.
Después de conocerse la identidad del menor, se hicieron virales una serie de fotografías y videos en las que “Chispita” -así era cómo le decían- portaba armas de alto calibre a bordo de motocicletas de desconocida procedencia. También tenía antecedentes por presunto encubrimiento y sus familiares lo despidieron con bocinazos y “tiros al aire”.
