Las personas con discapacidad están viviendo una emergencia que no admite debate: la motosierra del gobierno nacional arrastró a una crisis profunda a viven las personas con discapacidad y sus familias. Esas personas merecen una ley que, como la que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora debe tratar el Senado, les resuelva el acceso a las prestaciones básicas.
POLITICAR MAGAZINE25 de agosto de 2025
¿De qué estamos hablando? De que hoy las personas con discapacidad y sus familias casi no están accediendo a ningún servicio de salud. Por eso, necesitamos recomponer el nomenclador y las prestaciones básicas.
Una persona con discapacidad que trabaja cuatro horas por día en un taller protegido, en una herrería o en una carpintería cobra 28.000 pesos por mes. Ese monto no se actualiza desde febrero de 2023. Un transportista de personas con discapacidad cobra 541 pesos por litro de nafta, pero la nafta sale 1.300 pesos. Entonces, lo lleva dos de los cinco días que corresponde para el tratamiento. Un acompañante terapéutico -en general, mujeres- que acompaña a un alumno con discapacidad, cobra 3.000 pesos la hora, pero recibe el pago con 180 días de demora.
Con los hogares y los centros de día pasa lo mismo. Está buscando la vuelta como pueden. Todos tienen deudas con la AFIP. La AFIP les dijo que los aguanta hasta el 30 de junio y “después vemos”. En conclusión, el sistema está totalmente desfasado.
“El sistema está totalmente desfasado”
El proyecto de ley propone ir a diciembre de 2023 -previo al 120% de devaluación-, actualizar el nomenclador ajustado por inflación, descontando lo que sí se ha aumentado y a partir de ahí crear un nuevo nomenclador. El objetivo es reconstruir el sistema de apoyo a las personas con discapacidad.
“El objetivo es reconstruir el sistema de apoyo a las personas con discapacidad”
Además, esta ley tiene otros dos objetivos: reorganizar las pensiones y dejar atrás el maltrato al que sometieron a las personas con discapacidad. Lo que hizo el gobierno con las pensiones les desordenó la vida a miles de familias. Esta ley busca reordenar, acomodar y mejorar la situación de las personas que ya tienen o que pueden acceder a una pensión por discapacidad.
La Argentina tiene 1.200.000 personas que tienen pensión por discapacidad. El 16 de enero el gobierno dictó la Resolución 187, que nos llevó a la década del 40 del siglo pasado. Construyó un baremo con categorías que atrasan cien años. Y, a partir de ahí, con una normativa fuera de toda regla internacional y de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, hizo una auditoría.
Como la auditoría se hizo según categorías de hace cien años, los resultados dieron cualquier cosa. Y envió 300.000 cartas de documentos, haciendo trasladar a las personas 200 kilómetros y 10 horas de cola, para buscar un papelito en la Agencia Nacional de Discapacidad, para demostrar lo evidente: que tienen una discapacidad. A su vez, se les pide volver a hacer todos los estudios. Es decir, a una persona con ceguera de nacimiento, le piden que vuelva a hacer todos los estudios.
En conclusión, desacomodó la vida, no hizo una auditoría correcta y no fue a ver dónde estaban los problemas, sino que decidió desacomodar la vida familiar. Cinco meses después de ese desatino, derogó la resolución. Toda esa gente está esperando a ver qué hace el gobierno. Por eso, en el proyecto de ley se definen dos cosas sobre este punto: se le pide a la Agencia Nacional de Discapacidad que haga bien la auditoría, pero no desacomode la vida; y, además, se le pide que generen pensiones por discapacidad. Eso es lo que se hace en todo el mundo.
El tercer objetivo es salir del maltrato. Este gobierno ha decidido maltratar y experimentar con las personas con discapacidad y aplicó una política pública para lastimarlas. Esta ley busca fijar una posición clara en el sentido de que de parte del Estado sólo es posible el respeto a las personas con discapacidad.
“Este gobierno ha decidido maltratar y experimentar con las personas con discapacidad y aplicó una política pública para lastimarlas”
Aspiro a que se apruebe la Ley de Emergencia en Discapacidad para terminar con el experimento que puso en marcha este gobierno fuera de toda regla internacional. Este proyecto de ley respeta y plantea tres reglas democráticas para adelante.
La primera regla es que no se puede maltratar. El Estado no puede maltratar a las personas con discapacidad. Puede ser una política pública mejor o peor, cada uno lo evaluará. Puede ir para un lado o para el otro, pero no puede maltratar.
La segunda regla es que cuando un gobierno designa funcionarios para el área de discapacidad, debe tener en cuenta que esos funcionarios deben tener humanidad. Les tiene que doler el dolor del otro y deben tener vínculos con las familias con personas con discapacidad.
Para terminar, el sistema de discapacidad en la Argentina se rige por una ley de 1981. No sólo es una ley de la dictadura militar, sino que tiene 44 años. Hace falta rearmar ese sistema. Este proyecto no está modificando lo estructural, ni la cuestión educativa, ni la cuestión laboral, ni el funcionamiento del sistema en general. Nos hemos concentrado en la emergencia porque hay una catástrofe y las familias la pasan muy mal. La deuda de la democracia es aprobar una nueva ley y un marco regulatorio estructural. El primer paso de ese camino es mejorar la vida de las familias con discapacidad.
El proyecto ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación con una mayoría holgada, con apoyo de distintos bloques políticos. Ahora fue girada al Senado y debe tratarse con urgencia. Las personas con discapacidad y sus familias no pueden esperar.
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