Mientras El Salvador celebraba el Día del Periodista en un ambiente marcado por el exilio y el silenciamiento de voces críticas, la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, aprobó la reforma constitucional más significativa desde 1983: la legalización de la reelección presidencial indefinida. Con 57 votos del bloque de Nayib Bukele y solo tres en contra, el Congreso allanó el camino para que el mandatario continúe en el poder más allá de su actual segundo mandato.
POLÍTICA INTERNACIONAL10 de agosto de 2025
Alfredo Atanasof
La reforma incluye la reeelección indefinida
El paquete de reformas modifica cinco artículos clave de la Constitución, ampliando el mandato presidencial de cinco a seis años, eliminando la segunda vuelta electoral y anticipando el fin del actual período presidencial al 1 de junio de 2027, en un intento por unificar elecciones y reestructurar el calendario político. Pero la medida que genera mayor preocupación democrática es, sin duda, la que habilita la posibilidad de reelecciones indefinidas para el cargo más alto del Estado.
El oficialismo defendió los cambios
El oficialismo defendió los cambios como una forma de “estabilidad institucional” y alineación con los derechos políticos de la ciudadanía. La diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, argumentó que la Presidencia era la única función pública con limitaciones para reelegirse, y que ahora “los salvadoreños decidirán hasta cuándo quieren seguir apoyando” a sus líderes. En otras palabras, el nuevo sistema pone la continuidad del poder en manos del electorado, aunque bajo condiciones institucionales cada vez más desequilibradas.
Un proceso sin debate ni controles
La reforma fue tramitada sin discusión parlamentaria y con dispensa de procedimiento, una señal más del avance autoritario del bukelismo. La oposición, con presencia marginal en el Congreso, denunció la medida como un golpe a la democracia. “Han hecho una confesión pública de matar la democracia disfrazada de legalidad”, advirtió la diputada opositora Marcela Villatoro.
La reforma para muchos Salvadoreños no es una sorpresa
Este paso no es una sorpresa. Desde 2021, cuando el oficialismo destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional e impuso nuevos jueces afines, Bukele ha desmontado uno a uno los frenos institucionales al poder presidencial. Fue esta misma Sala la que, contra décadas de jurisprudencia, habilitó su postulación a un segundo mandato, pese a las claras restricciones constitucionales. El Tribunal Electoral y la Asamblea lo acompañaron, y ahora con esta reforma se institucionaliza lo que comenzó como una interpretación judicial forzada.
Un patrón regional conocido
El Salvador se suma a una larga lista de países latinoamericanos donde el poder ha reformado o reinterpretado la Constitución para permitir la permanencia indefinida en el cargo. Lo hizo Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia y Ortega en Nicaragua. Bukele, con una popularidad altísima y un control casi absoluto del aparato estatal, sigue una hoja de ruta conocida: una erosión progresiva del sistema republicano bajo la apariencia de legitimidad democrática.
A nivel internacional genera dudas sobre el futuro del pluralismo
A nivel internacional, este cambio coloca a El Salvador en el radar de las democracias occidentales, organismos multilaterales y observadores de derechos humanos. Si bien la reforma puede tener efectos estabilizadores en el corto plazo para la gobernabilidad interna, plantea serias dudas sobre el futuro del pluralismo, el equilibrio de poderes y las garantías institucionales en el país centroamericano.
No solo se modificó la Constitución sino que se redefine su modelo de poder
El Salvador no solo modifica su Constitución: redefine su modelo de poder. Y lo hace, como tantas veces en la historia latinoamericana, en nombre del pueblo, pero a espaldas de la democracia.
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