Segunda vuelta en Ecuador: implicancias geopolíticas para la región y el mundo

En 2021 asumió la presidencia Guillermo Lasso (2021-2023), un banquero conservador que continuó la línea pro-mercado y pro estadounidense. Lasso heredó una sociedad polarizada y crisis múltiples (especialmente exacerbadas por la pandemia de COVID-19). Su gobierno buscó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acercamiento a EE.UU., pero enfrentó protestas sociales (como el paro nacional indígena de 2022) y escándalos de corrupción. En mayo de 2023, acorralado por un juicio político, Lasso invocó la “muerte cruzada” – disolviendo la Asamblea Nacional y forzando elecciones anticipadas.

Los comicios extraordinarios de 2023 evidenciaron el descontento y la fragmentación política. En medio de una ola de violencia (incluido el asesinato del candidato Fernando Villavicencio en plena campaña), emergió sorpresivamente Daniel Noboa, un joven empresario de derecha moderada e hijo de un magnate, quien ganó la presidencia en segunda vuelta frente a la candidata de Revolución Ciudadana Luisa González en octubre de 2023. 

Noboa asumió el cargo en noviembre de 2023 para completar el período hasta 2025. Sin embargo, su breve gobierno (de apenas año y medio) ha continuado marcado por la crisis multidimensional de Ecuador: incremento inédito de la violencia ligada al crimen organizado, una economía estancada y recientemente una crítica crisis energética con apagones en la costa. Estos problemas han mermado la popularidad de Noboa y mantienen a la ciudadanía en un estado de zozobra de cara a las nuevas elecciones generales de 2025, ahora en su segunda vuelta pautada para el 13 de abril de 2025.

En este convulso contexto nacional, la contienda enfrenta a dos proyectos antagónicos. Por un lado, Daniel Noboa busca la reelección prometiendo estabilidad y continuar con un modelo pro mercado, mientras que Luisa González encarna el posible retorno del correísmo y un giro a la izquierda. 

La elección ecuatoriana ocurre en un momento clave para la geopolítica latinoamericana, marcado por una nueva configuración del péndulo ideológico en la región y esfuerzos renovados de integración. A inicios de la década de 2020, América Latina vivió un giro hacia gobiernos progresistas con la llegada al poder de líderes de izquierda o centroizquierda en México (Andrés M. López Obrador), Argentina (Alberto Fernández, reemplazado en 2023 por el derechista Javier Milei), Bolivia (Luis Arce), Perú (Pedro Castillo, depuesto en 2022), Chile (Gabriel Boric), Colombia (Gustavo Petro) y Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva). 

Este bloque progresista reavivó la retórica de la “Patria Grande”, es decir, la unidad latinoamericana, la soberanía regional y la cooperación Sur-Sur independiente de los designios de Washington. En este marco, iniciativas que habían decaído recobraron impulso: por ejemplo, UNASUR –virtualmente paralizada tras las salidas de múltiples países entre 2018-2020– ha visto cómo gobiernos como los de Argentina (bajo Fernández), Brasil (Lula) y Colombia (Petro) anunciaron su retorno o intención de revitalizarla. 

Del mismo modo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) recuperó protagonismo a través de cumbres presidenciales anuales impulsadas por México y Argentina, buscando consensos regionales sin la presencia de EE.UU. ni Canadá. La ALBA-TCP, aunque limitada a un núcleo de países socialistas (Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y algunos caribeños), se mantiene como foro de integración político-ideológica. Por su parte, el MERCOSUR (bloque económico del Cono Sur) enfrenta tensiones internas (ej. posturas dispares entre Brasil y Uruguay, y la reciente llegada de Milei en Argentina que amenaza con retraer la participación argentina), pero continúa siendo un referente de integración subregional.

En contrapartida, también existen proyectos de integración de corte liberal, como la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile), que promueve la apertura comercial y lazos con Asia-Pacífico. Ecuador bajo Lasso expresó interés en unirse a la Alianza del Pacífico, aunque la inestabilidad política regional (crisis en Perú, diferencias entre México y Perú, etc.) dejó en suspenso esa adhesión. En suma, coexisten dos visiones de integración: una orientada a la solidaridad política regional y la autonomía estratégica (propugnada por los gobiernos izquierdistas), y otra enfocada en la liberalización económica y la alineación con EE.UU. (defendida por gobiernos conservadores o liberales).

Simultáneamente, la influencia de las grandes potencias extra regionales ha crecido. La disputa global entre Estados Unidos y China se siente en Latinoamérica de formas cada vez más directas. Washington sigue viendo al hemisferio como zona de interés estratégico, buscando contrarrestar la penetración china y rusa. Beijing, por su parte, ha establecido a Latinoamérica como parte de su iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road), invirtiendo en infraestructura, comprando commodities e incorporando países de la región como socios estratégicos. 

En Sudamérica, China ya es uno de los principales socios comerciales de casi todos los países (incluido Ecuador), y ha otorgado cuantiosos créditos y financiamiento de proyectos. De hecho, durante el gobierno correista, Ecuador profundizó su relación con China a niveles sin precedentes, recibiendo préstamos por cerca de $9.622 millones entre 2009 y 2019 (casi 10% del PIB), lo que generó una fuerte dependencia financiera de la potencia asiática. Estados Unidos, tradicional primer socio comercial ecuatoriano, observa con recelo este avance chino.

Este contexto regional es crucial para entender qué está en juego el 13 de abril en Ecuador. Según analistas, la elección definirá cómo Ecuador se inserta en la región y el mundo: ¿se sumará a la ola integracionista latinoamericana o reforzará la alianza tradicional con EE.UU.? ¿Respaldará iniciativas soberanistas regionales o priorizará tratados de libre comercio globales? Incluso cuestiones prácticas emergen: Ecuador recientemente ratificó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China (negociado bajo Lasso y aprobado bajo Noboa), mientras carece de un acuerdo comercial con EE.UU., lo que deja a sus exportaciones en desventaja arancelaria frente a países vecinos que sí tienen TLC con Washington. Las posturas de los candidatos frente a la integración latinoamericana, la soberanía nacional y las grandes potencias delinearán el rol ecuatoriano en esta dinámica 

Noboa, de 37 años, proviene de la élite empresarial (millonario e hijo de la aristocracia financiera) y encarna la continuidad del modelo económico liberal instaurado desde Moreno y Lasso. Su enfoque privilegia la estabilidad macroeconómica, la atracción de inversión extranjera y la apertura comercial. En el plano internacional, esto se traduce en una política exterior pragmática y cercana a Occidente. Durante el año y pico que lleva en la presidencia, Noboa ha mantenido relaciones estrechas con organismos financieros internacionales como el FMI y el Banco Mundial, asegurando desembolsos de crédito por más de $4.000 millones para Ecuador. Esta línea indica que un nuevo gobierno suyo seguiría cooperando con las instituciones de Bretton Woods antes que buscar alternativas financieras regionales.

En cuanto a alianzas estratégicas, Noboa ha buscado fortalecer lazos con socios tradicionales. Su gobierno ha priorizado una relación cordial con Estados Unidos y la Unión Europea, así como impulsar nuevos tratados comerciales con países desarrollados y asiáticos. Por ejemplo, bajo su gestión se finalizó la ratificación del acuerdo de libre comercio con China y se ha negociado tratados con Corea del Sur y Canadá. 

Asimismo, Noboa probablemente retomaría la agenda de un posible acuerdo comercial o entendimiento con EE.UU., en vista de que Ecuador es de las pocas economías andinas sin TLC con Washington (algo que sectores empresariales locales presionan por alcanzar). En línea con sus antecesores inmediatos, es de prever que mantenga la distancia respecto a gobiernos como Venezuela, Cuba o Nicaragua, alineándose con la postura estadounidense de crítica a esos regímenes. 

De hecho, su gobierno rompió relaciones diplomáticas con Venezuela (iniciativa ya tomada por Moreno) y recientemente entró en conflicto con México al intentar arrestar a un exfuncionario correísta asilado en la embajada mexicana en Quito (Jorge Glas) – un operativo policial considerado “violación grave al derecho internacional” por la región. Aquella acción derivó en un enfriamiento de vínculos con el gobierno mexicano de López Obrador y tuvo eco negativo incluso entre aliados de EE.UU.  

En términos de integración regional, el plan de gobierno de Noboa prácticamente no hace mención explícita a organismos como UNASUR, CELAC o ALBA. De hecho, su propuesta registrada ante el Consejo Nacional Electoral carece de un capítulo de política exterior, limitándose a hablar de “inserción estratégica en el mercado internacional” enfocada en la búsqueda de mercados para exportación.  

Luisa González, abanderada del movimiento correísta Revolución Ciudadana, propone un viraje significativo en la política exterior ecuatoriana, retomando los principios de soberanía e integración que guiaron el gobierno de Correa (su mentor). Su visión se enmarca en el latinoamericanismo y el nacionalismo progresista. 

Ella defiende abiertamente “una visión latinoamericanista y de integración regional”, distanciada del proyecto pro estadounidense de Noboa. En la práctica, esto significa que un gobierno suyo buscaría reincorporar a Ecuador en los espacios de integración autónoma de los que se alejó en años recientes. González ha expresado que “abogará por recuperar organismos regionales como la UNASUR y la CELAC”, lo cual implica volver a llenar el asiento ecuatoriano en UNASUR (bloque cuya sede, irónicamente, está en Quito) y asumir un rol activo en la CELAC para fortalecer la voz conjunta latino-caribeña. Es muy posible también que su gobierno restablezca formalmente la participación en la ALBA, dado que Ecuador fue miembro durante la era Correa y se retiró con Moreno. 

La soberanía nacional es un eje discursivo central para González. En su plan de gobierno, proclama: *“Rechazamos cualquier forma de dominación, colonialismo o intervencionismo que socave la soberanía de los pueblos… Defendemos el derecho de cada nación a determinar su propio camino”*. Este principio de no injerencia y autodeterminación se traduciría en políticas concretas como: cero tolerancia a la presencia de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano, control nacional sobre sectores estratégicos y recursos naturales, y una posición firme en foros internacionales en contra de sanciones o intervenciones unilaterales. 

En cuanto a alianzas internacionales, Luisa González se alinearía estrechamente con los gobiernos progresistas de la región. Es previsible un acercamiento inmediato a Venezuela, Cuba y Nicaragua, restableciendo plenamente relaciones diplomáticas y de cooperación con estos países aliados ideológicos. De hecho, González ha evitado criticar a esos gobiernos; cuando se le preguntó sobre las denuncias de autoritarismo en Venezuela, respondió que no opinaría sobre un país soberano, postura que indica un respaldo tácito al gobierno de Nicolás Maduro. Esta actitud contrasta incluso con la de algunos presidentes de izquierda moderada (como Lula o Boric) que han señalado abusos en Venezuela, pero evidencia que González prioriza la unidad latinoamericana y no se sumaría a condenas públicas que aislen a Caracas. 

Del mismo modo, su triunfo significaría una relación muy cercana con Colombia (gobierno Petro) y Bolivia (gobierno Arce), promoviendo la coordinación en temas de desarrollo fronterizo, Amazonía y defensa de gobiernos democráticos frente a desestabilizaciones. Con Brasil, seguramente apoyaría la agenda integracionista de Lula (UNASUR, CELAC, moneda común regional, etc.), y con Argentina, si bien ahora gobierna Milei (de derecha), intentaría mantener la cooperación en marcos multilaterales regionales, priorizando la solidaridad Sur-Sur.

Respecto a las grandes potencias, la relación de un gobierno de González con Estados Unidos probablemente sería más distante y tensa en comparación con Noboa. No buscaría un TLC con EE.UU. – recordemos que Correa durante 10 años rechazó rotundamente negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, prefiriendo proteger la producción local y la autonomía económica. González se inscribe en esa línea, y de hecho su plan de gobierno enfatiza mecanismos alternativos (como el fortalecimiento de la integración financiera regional vía un Banco del Sur, por ejemplo) en lugar de mayor dependencia del mercado estadounidense. 

Con China, en cambio, un gobierno correísta mantendría y ampliaría los lazos. Correa estableció a China como socio estratégico clave – financió represas, carreteras, préstamos e inversión petrolera. González aprovecharía el flamante TLC con China para incrementar el comercio (se espera que ~90% de exportaciones ecuatorianas entren libres de arancel a China en los próximos años) y profundizar la cooperación en infraestructura y tecnología. Es decir, vería a China no solo como mercado sino como aliado geopolítico en la visión multipolar. 

En conclusión, las elecciones del 13 de abril de 2025 en Ecuador trascienden sus fronteras: son un punto de inflexión que puede inclinar la balanza geopolítica regional. Dos proyectos en pugna ofrecen caminos opuestos.

Con Daniel Noboa, el país profundizaría su estrategia de inserción global alineada con Estados Unidos, priorizando la atracción de inversiones y acuerdos comerciales. Esto aseguraría la continuidad de las políticas económicas ortodoxas a costa de ceder protagonismo en la agenda integracionista latinoamericana. La integración regional avanzaría sin Ecuador como actor central, y es posible que el país incluso sirva de aliado a EE.UU. en foros hemisféricos, contrapesando a los gobiernos de izquierda de la región.

Con Luisa González, Ecuador retomaría el proyecto latinoamericanista, cooperando estrechamente con sus vecinos para resolver problemas comunes e impulsar su desarrollo independiente. Se recuperaría la participación en organismos como UNASUR, y Quito podría volver a ser sede de iniciativas de integración política, económica y cultural. La política exterior ecuatoriana recuperaría el tono soberanista y solidario de la década pasada y esto fortalecería la posición latinoamericana en su conjunto, 

En síntesis, Ecuador se encuentra ante una decisión histórica: profundizar un modelo geopolítico de dependencia vs. retomar el sendero de la integración emancipada. Desde la perspectiva de la geopolítica latinoamericana, los comicios ecuatorianos podrían consolidar la fragmentación regional o reforzar la tan anhelada unidad latinoamericana. Cualquiera sea el resultado, las implicaciones serán profundas.  

Lorena Pokoik: Diputada Nacional, Observadora Internacional