Carollinne Angie
Lo que a fines del año pasado aparecía como una negociación encaminada entre el oficialismo, el Massismo, el Kirchnerismo, la UCR y otros sectores de la oposición hoy permanece completamente frenado, sin pliegos enviados al Senado y con crecientes cuestionamientos hacia el Ejecutivo provincial por la falta de definiciones.
El malestar ya no se limita a la dirigencia política. La propia Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires decidió salir públicamente a reclamar una resolución urgente de las vacantes y advertir sobre las consecuencias institucionales de mantener al máximo tribunal funcionando con apenas tres integrantes sobre los siete que establece la ley.
La escena fue tan inusual como deliberada. Frente a representantes del Poder Judicial, colegios profesionales y funcionarios judiciales, los ministros del máximo tribunal abandonaron el tono protocolar para exponer una situación que, según entienden dentro de la Corte, ya dejó de ser un problema administrativo para transformarse en una crisis estructural del sistema judicial bonaerense.
Una Corte reducida y negociaciones congeladas
El deterioro del tribunal no ocurrió de un día para otro. Las vacantes comenzaron a acumularse tras las salidas de Eduardo de Lázzari y Juan Carlos Hitters, el fallecimiento de Héctor Negri en 2020 y, más recientemente, la jubilación de Luis Genoud en junio de 2024. Desde entonces, la Corte quedó reducida a una integración mínima que obliga a recurrir a jueces de instancias inferiores para completar fallos y sostener parte de su funcionamiento cotidiano.
Tomando como primera vacante la que dejó Héctor Negri tras su fallecimiento el 16 de enero de 2020, ya pasaron aproximadamente 2.321 días sin que se complete plenamente la integración de la Suprema Corte bonaerense.
“Ya pasaron aproximadamente 2.321 días sin que se complete plenamente la integración de la Suprema Corte bonaerense”
En diciembre pasado, el gobernador había logrado avanzar en una mesa de negociación con representantes del kirchnerismo, el massismo y el radicalismo para intentar destrabar los nombramientos. Sin embargo, el entendimiento nunca se terminó de concretar y los pliegos jamás llegaron al Senado bonaerense.
“El gobernador había logrado avanzar en una mesa de negociación con representantes del kirchnerismo, el massismo y el radicalismo para intentar destrabar los nombramientos.”
Detrás de la demora aparecen disputas de representación política, reparto de poder y tensiones internas dentro del oficialismo provincial. Aunque desde distintos sectores políticos señalan que el proceso quedó empantanado por la falta de definiciones del Ejecutivo bonaerense, dentro del oficialismo niegan que la interna esté condicionando los nombramientos.
En diálogo con POLITICAR, el diputado Rubén Eslaiman, del bloque de Fuerza Patria, aseguró que “los cuatro miembros de la Corte deberían ser nombrados en el primer semestre de este año” y sostuvo que existe decisión política para avanzar con los pliegos.
“Una cosa es la gestión y otra cosa es la interna. Nosotros separamos muy bien lo que es la gestión”, afirmó el legislador, al rechazar que las tensiones dentro del peronismo están trabando el proceso.
“Una cosa es la gestión y otra cosa es la interna. Nosotros separamos muy bien lo que es la gestión”
El dirigente massista también confirmó que el esquema acordado contempla un lugar para la oposición (radicalismo), cuya vacante sería cubierta entre agosto y septiembre, aunque evitó mencionar nombres concretos para ocupar los cargos.
Sin embargo, las negociaciones de diciembre pasado siguen pasando factura, desde diferentes lugares de la oposición remarcan que dichos acuerdos no se están cumpliendo.
La danza de candidatos
Mientras el acuerdo político continúa sin resolverse, distintos sectores comenzaron a mover nombres para ocupar las vacantes en la Suprema Corte bonaerense. Aunque el hermetismo domina las negociaciones, durante los últimos meses fueron apareciendo perfiles impulsados por distintos espacios políticos, académicos y judiciales.
Entre los perfiles que circularon aparece el de Marina Sánchez Herrero, vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y figura cercana al radicalismo, uno de los actores que participó de las negociaciones por la integración de la Corte.
Entre los nombres que aparecen vinculados al massismo figura Ramiro Gutiérrez, diputado provincial con extensa trayectoria legislativa y fuerte cercanía política con Sergio Massa. Su perfil combina experiencia parlamentaria y participación histórica en debates vinculados al sistema judicial bonaerense.
Dentro del kirchnerismo y particularmente del espacio referenciado en La Cámpora, uno de los dirigentes mencionados es Juan Martín Mena, actual ministro de Justicia bonaerense y hombre de máxima confianza del núcleo político de Cristina Kirchner, con trayectoria en áreas judiciales y de inteligencia del Estado.
Por el sector alineado con Axel Kicillof también comenzó a mencionarse a Santiago Teruel,funcionario con inserción dentro del armado político y judicial del oficialismo provincial, identificado como uno de los perfiles cercanos al gobernador para disputar lugares en la futura integración de la Corte.
La discusión por los nombres no es menor: además de definir el funcionamiento del máximo tribunal, la futura integración de la Corte también pondrá en juego el equilibrio político, la representación interna dentro del oficialismo y el reclamo creciente por una mayor paridad de género.
“La futura integración de la Corte también pondrá en juego el equilibrio político, la representación interna dentro del oficialismo y el reclamo creciente por una mayor paridad de género.”
La demora en las designaciones también comenzó a generar costos políticos para el gobierno bonaerense. En distintos sectores que participaron de las negociaciones sostienen que el freno en los pliegos deterioró acuerdos que parecían encaminados y volvió a exponer las dificultades del oficialismo para ordenar su interna en temas sensibles.
La discusión por la Corte se convirtió así en otro capítulo de la tensión permanente entre el Axelismo, el Kirchnerismo y el Massismo, en un contexto donde cada espacio busca preservar cuotas de poder dentro de la estructura provincial.
Corte al límite
Cabe mencionar que el reclamo por paridad de género se mantiene como una pieza presente en la discusión, planteado por la Asociación Judicial Bonaerense como una condición estructural para transformar la composición de la Corte en un órgano más equitativo. El gremio judicial sostiene que ante la histórica ausencia de mujeres en el máximo tribunal la cobertura de las vacantes actuales constituye una oportunidad para avanzar hacia un tribunal más representativo.
“Ante la histórica ausencia de mujeres en el máximo tribunal la cobertura de las vacantes actuales constituye una oportunidad para avanzar hacia un tribunal más representativo.”
Pese a la circulación de nombres y versiones, dentro de la Suprema Corte mantienen hermetismo absoluto sobre las posibles designaciones. Hasta el momento no hubo señales públicas de avales concretos por parte de los ministros del tribunal hacia ninguno de los perfiles que comenzaron a aparecer en la discusión política.
Ese silencio alimenta otra lectura dentro del escenario bonaerense: que la negociación por las vacantes está siendo conducida principalmente desde la política y no desde el propio ámbito judicial.
“La negociación por las vacantes está siendo conducida principalmente desde la política y no desde el propio ámbito judicial.”
Según registros oficiales de mediados de 2023 del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires (CdM), se registran alrededor de 700 cargos vacantes en todos los fueros de la justicia provincial. De estas sillas vacías, 314 corresponden a jueces y juezas, según registros oficiales informados por la Suprema Corte. Faltan fiscales generales departamentales y en la Casación.
El Poder Judicial bonaerense es el segundo más grande de América del Sur, sólo superado por el populoso estado de San Pablo (Brasil), según destaca el Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires.
Sobre 2.180 cargos totales, 702 no están ocupados. De estas vacantes, el 81 por ciento está en trámite en el Consejo de la Magistratura. Son 572, según el último registro a disposición.
Autarquía financiera
La crisis por las vacantes terminó reactivando además otra discusión histórica dentro del Poder Judicial bonaerense: la falta de autarquía financiera y el nivel de dependencia presupuestaria que mantiene la Justicia respecto del Poder Ejecutivo provincial.
En ese contexto, los ministros de la Suprema Corte volvieron a impulsar un proyecto para avanzar hacia una mayor autonomía financiera del sistema judicial, un planteo que reaparece en medio del deterioro institucional que atraviesa el máximo tribunal.
El planteo apunta a garantizar una mayor autonomía presupuestaria frente al Poder Ejecutivo y reducir la dependencia política en la asignación de recursos. Según expusieron desde la propia Corte, el Poder Judicial bonaerense administra uno de los sistemas judiciales más grandes de América Latina, pero mantiene desde hace años una participación presupuestaria que distintos sectores consideran insuficiente.
El presidente del máximo tribunal, Sergio Torres, advirtió que la discusión excede cualquier reclamo sectorial y sostuvo que la falta de recursos y de cobertura de cargos termina debilitando el funcionamiento institucional del sistema judicial.
“La falta de recursos y de cobertura de cargos termina debilitando el funcionamiento institucional del sistema judicial.”
En distintos sectores vinculados al ámbito judicial advierten que la discusión excede únicamente la cobertura de vacantes y alcanza también el grado de dependencia política que mantiene el Poder Judicial respecto del Ejecutivo provincial.
El abogado platense Marcelo Szelagowski sostuvo que la falta de autarquía financiera limita incluso la capacidad de instituciones intermedias, como los colegios profesionales, para presionar públicamente por la cobertura de cargos y mejoras estructurales dentro del sistema judicial.
Según planteó, el funcionamiento cotidiano de muchos juzgados ya se encuentra afectado por la falta de personal, demoras en designaciones y restricciones presupuestarias que terminan impactando directamente sobre el acceso a la Justicia.
Así las cosas, la cobertura de vacantes en el máximo tribunal bonaerense sigue condicionada por los equilibrios políticos tanto dentro del oficialismo como en la oposición, la presión de actores gremiales por la paridad de género y la disputa silenciosa por el control institucional de uno de los organismos más sensibles de la provincia.
Mientras los acuerdos continúan congelados y la Corte funciona con integración mínima, la crisis judicial bonaerense empieza a mostrar algo más profundo: las dificultades de la política para construir consensos incluso alrededor de las estructuras básicas del poder provincial.
