Un grupo de diputados nacionales del peronismo federal presentó un proyecto de ley para incorporar al Código Penal una figura específica destinada a sancionar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, una actividad que genera creciente preocupación por su impacto sobre los recursos naturales, la economía nacional y la soberanía marítima.
La iniciativa busca dotar al Estado argentino de herramientas más severas para enfrentar conductas que afectan la conservación de especies, la biodiversidad y el control estatal sobre el aprovechamiento de los recursos pesqueros.
Entre las medidas propuestas se incluyen penas de prisión, multas económicas, decomiso de embarcaciones y responsabilidad penal para las personas jurídicas involucradas en estas actividades.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la incorporación de un agravante específico para los casos en que intervengan embarcaciones de bandera extranjera que operen sin autorización en espacios marítimos bajo jurisdicción argentina.
La medida apunta a fortalecer la capacidad de control del Estado frente al avance de flotas pesqueras extranjeras que desde hace años son señaladas por especialistas y sectores productivos como una amenaza para la sustentabilidad de los recursos marítimos nacionales.
Los legisladores sostienen que la problemática ya no puede ser abordada únicamente desde el plano administrativo y requiere una respuesta penal proporcional a la gravedad de los hechos.
Según los fundamentos del proyecto, la protección de los recursos pesqueros constituye una cuestión estratégica para la Argentina, no sólo por su impacto ambiental sino también por las consecuencias económicas y geopolíticas que genera la explotación ilegal de estos bienes.
“La necesidad de incorporar una respuesta penal específica frente a la pesca ilegal se advierte con particular intensidad en el caso argentino, donde la protección de los recursos pesqueros no constituye una preocupación meramente abstracta sino una cuestión actual de conservación, soberanía, fiscalización estatal y defensa económica”, señala la iniciativa.
El texto también aclara que la reforma no busca criminalizar infracciones administrativas menores, sino actuar sobre conductas organizadas que generen un daño concreto a los recursos naturales o al interés público.
El proyecto incorpora agravantes para actividades realizadas sobre especies protegidas, dentro de áreas naturales protegidas o por organizaciones dedicadas de manera sistemática a la pesca ilegal.
Además, establece mecanismos para sancionar a empresas que obtengan beneficios económicos a partir de estas prácticas, fortaleciendo la capacidad del Estado para combatir redes de explotación ilegal de recursos pesqueros.
Con esta propuesta, el peronismo federal busca abrir un debate sobre la necesidad de modernizar la legislación vigente y reforzar la defensa de uno de los activos estratégicos más importantes del país: los recursos del Mar Argentino.
