En medio del debate por la ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Guillermo Michel lanzó fuertes críticas al denominado "Súper RIGI", una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que amplía significativamente los beneficios fiscales, laborales y regulatorios para grandes proyectos de inversión.
Según explicó Michel, el proyecto establece una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, elimina los derechos de exportación desde el inicio de los proyectos y reduce las contribuciones patronales al 10% para las nuevas contrataciones laborales. A esto se suma una fuerte limitación a la capacidad tributaria de provincias y municipios que adhieran al régimen.
Para el ex funcionario, el impacto fiscal de estas medidas no será neutro. "El gasto tributario del Súper RIGI lo van a costear el Tesoro Nacional, las provincias, los municipios y también los jubilados", advirtió al analizar la reducción de contribuciones destinadas al financiamiento del sistema previsional.
Michel también cuestionó que el proyecto mantenga la posibilidad de resolver conflictos mediante tribunales arbitrales internacionales. De esta manera, cualquier controversia podría quedar fuera de la órbita de la Justicia argentina y ser dirimida ante organismos como el CIADI, la Corte Permanente de Arbitraje o la Cámara de Comercio Internacional.
Otro de los puntos señalados por el especialista es la estabilidad fiscal que garantiza el régimen para las empresas adheridas. Según sostuvo, una vez otorgados los beneficios, el Estado argentino tendrá muy pocas herramientas para modificar las condiciones tributarias establecidas, lo que podría condicionar la capacidad de decisión de futuras administraciones.
"La única defensa que se reservó el fisco argentino está vinculada al impuesto mínimo global promovido por la OCDE y el G20. Mientras eso no ocurra, el Estado queda prácticamente atado de manos para revisar el esquema de beneficios", planteó.
Desde una mirada más amplia, Michel considera que el debate excede la cuestión económica. A su entender, el Gobierno busca consolidar un modelo de organización económica y social mediante un entramado de leyes, garantías e inmunidades que otorgan una protección excepcional a los grandes inversores.
La discusión sobre el Súper RIGI comienza así a convertirse en uno de los principales debates de fondo de la etapa política actual: hasta dónde debe llegar el Estado para atraer inversiones y cuáles son los costos que la sociedad estará dispuesta a asumir para hacerlo.
