El anfitrión fue el intendente Ariel Sujarchuk, quien viene impulsando desde hace tiempo un esquema de seguridad local inspirado en mayor presencia territorial, prevención y monitoreo. La experiencia de Escobar, donde la Policía Municipal funciona desde marzo de 2025, se convirtió ahora en el modelo que la Provincia quiere llevar a otros distritos.
“El debate es claro: necesitamos una ley que otorgue facultades, garantice financiamiento y permita que la seguridad deje de depender de decisiones aisladas para transformarse en una política de Estado”, sostuvo Sujarchuk durante el encuentro realizado en el Centro de Monitoreo de Garín.
La reunión dejó además una señal política fuerte: oficialistas y opositores compartieron una misma mesa para reclamar más herramientas frente al avance del delito y, sobre todo, frente al recorte de fondos nacionales que impacta de lleno en las políticas de seguridad bonaerenses.
Participaron intendentes de peso como Federico Otermín, Federico Achával, Jorge Ferraresi, Ramón Lanús, Lucas Ghi y Gastón Granados, entre otros jefes comunales que vienen reclamando más autonomía para enfrentar la crisis de inseguridad.
Durante el encuentro, Alonso fue directo al cuestionar la política de ajuste del presidente Javier Milei y aseguró que la quita de recursos nacionales limita la capacidad operativa de la Provincia y de los municipios.
“El gobierno nacional nos sacó recursos que financiaban la política de seguridad y eso impacta directamente en los distritos que hoy hacen un enorme esfuerzo con efectivos propios, centros de monitoreo y prevención”, planteó el ministro.
Detrás del debate sobre las Policías Municipales también aparece una discusión de fondo: quién se hace cargo de la seguridad cotidiana de los vecinos mientras Nación reduce partidas y se desentiende de las políticas territoriales. En la Provincia entienden que los municipios ya cumplen un rol clave, pero sin un marco legal actualizado ni financiamiento garantizado.
En ese escenario, Escobar logró posicionarse como caso testigo. Además de poner en marcha su fuerza municipal, el diputado provincial Leo Moreno presentó un proyecto para crear una Policía Municipal de Proximidad destinada a municipios con más de 70 mil habitantes, articulada con la Provincia pero con planificación local a cargo de cada intendente.
El mensaje político que dejó la cumbre fue contundente: mientras el gobierno nacional profundiza el ajuste, los intendentes buscan ganar protagonismo y construir herramientas propias para responder a una demanda social que no admite espera. La seguridad ya no aparece solamente como un problema policial, sino como uno de los principales campos de disputa política en la Argentina actual.
