El 10 de diciembre de 2023 marcó un punto de inflexión en la política argentina. Javier Milei asumió la presidencia con un discurso que ya anticipaba cambios radicales en la administración del Estado. Arengado por una plaza que gritaba "no hay plata" y "motosierra", el mandatario inauguró su gestión con un ajuste económico sin precedentes, que rápidamente mostró su impacto en los gobiernos subnacionales, como Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego.
PROVINCIAL29 de octubre de 2024 Martín Mancieri
El "ajuste más grande en la historia de la Humanidad", como lo ha denominado Milei, no es solo un lema. Sus consecuencias están golpeando con fuerza a ciudades que dependen del financiamiento nacional para desarrollar proyectos clave de infraestructura, afectando directamente la generación de empleo y el desarrollo local. En este contexto, Río Grande, gobernada por el intendente Martín Pérez, enfrenta un escenario complejo debido a la paralización de once obras de financiamiento nacional, fundamentales para el progreso de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes AIAS.
El caso de Río Grande ilustra cómo los recortes a la obra pública repercuten en el tejido social y económico de las ciudades. Las obras de infraestructura significan avances en términos de modernización y servicios, además de ser una fuente vital de empleo para muchos ciudadanos. La detención de proyectos como el Natatorio Olímpico, el Mercado Municipal y el entubado del canal Islas Malvinas implica una pérdida para el desarrollo urbano y ambiental, además de un golpe directo a la creación de puestos de trabajo.
Cada una de estas obras tiene un rol estratégico en el crecimiento de la ciudad. El natatorio representa un espacio de recreación y deporte y también la posibilidad de generar empleo directo e indirecto en su construcción y operación. El Mercado Municipal impulsaría la comercialización de productos locales y el empleo en los sectores de construcción y servicios. El entubado del canal Islas Malvinas, una obra ambiental que beneficiaría a más de 40.000 vecinos, así mismo es un símbolo del compromiso con el desarrollo sustentable y una fuente de trabajo en la infraestructura ambiental.
La falta de continuidad en estas obras genera un efecto en cadena: contratistas que ven paralizados sus contratos, proveedores que pierden oportunidades comerciales y, sobre todo, trabajadores que pierden su fuente laboral ya que dependen de estos proyectos para continuar trabajando. La construcción es uno de los sectores más dinámicos en la generación de empleo, y su ralentización afecta a un amplio espectro de la economía local, desde pequeñas y medianas empresas hasta trabajadores informales.
Desde el municipio de Río Grande se ha denunciado la ausencia de respuestas por parte del gobierno nacional. El intendente Martín Pérez ha manifestado que, pese a que todas las gestiones administrativas y los procesos de licitación se encuentran en orden, no hay un interlocutor que facilite el diálogo para dar continuidad a estas obras.
El impacto de esta falta de respuesta es también un recordatorio del rol decisivo que tiene el Estado en la regulación y el impulso de la economía local. Cuando el Estado nacional decide retirar el financiamiento de la obra pública deja de lado proyectos de infraestructura y está desatendiendo la necesidad de generar empleo en ciudades que dependen en gran medida de la inversión pública para su desarrollo.
Es así que la paralización de las obras públicas representa una amenaza para el desarrollo de la ciudad a largo plazo y para la estabilidad laboral de miles de personas. En un contexto donde el empleo es una de las principales preocupaciones de los argentinos, la obra pública sigue siendo una herramienta fundamental para dinamizar la economía y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Frente a este escenario el ejecutivo local es claro y suple con fondos propios la falta de inversión nacional para continuar impulsando el desarrollo de la ciudad. Y para el gobierno nacional el mensaje es claro: la obra pública no es solo cemento y ladrillos, es empleo, futuro y progreso.
El intendente de San Isidro sostuvo que para ganarle al kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires “todos los que pensamos igual tenemos que enfrentar las elecciones bonaerenses de septiembre y la nacional de octubre con una boleta unificada”.
Lejos de tratarse de un debate sobre modelos de país, lo que atraviesa hoy al peronismo bonaerense es una batalla descarnada por el poder. Una disputa entre nombres propios, egos heridos y liderazgos en tensión. Ya no hay disimulo posible: la interna estalló y se volvió inocultable incluso para quienes, durante años, la maquillaron bajo el relato de la “unidad”.
Con apoyo de intendentes y guiños del schiarettismo, Fernando Gray teje una tercera vía peronista en Provincia. Busca capitalizar el descontento con el kirchnerismo, sumar volumen en la Primera y la Tercera Sección, y ya suena como posible cabeza de lista para enfrentar a Cristina en la Tercer.
La Municipalidad de San Isidro suspendió por 180 días el sistema de fotomultas tras detectar graves irregularidades en los convenios firmados durante la gestión anterior con universidades públicas. La medida, dispuesta por decreto por el intendente Ramón Lanús, tiene carácter transitorio y apunta a revisar en profundidad el funcionamiento del sistema.
Ayer se destrabó (parece) uno de los nudos en torno de los que se tensó la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires: hubo un acuerdo para modificar los plazos del proceso electoral. La superación de ese obstáculo, sin embargo, se dio como se vienen dando las cosas en el gran partido: con una reunión en las sombras, lejos de los temas importantes y con la mirada vuelta cada vez más hacia adentro mientras los tiempos se acortan y se hace imperioso que aparezca un norte al que apuntar.
La Primera y la Tercera Sección Electoral concentran la mayor cantidad de electores bonaerenses y, por lo tanto, suelen ser determinantes en cualquier elección provincial. En el caso del conurbano, su fuerte representación peronista en intendencias y bancas legislativas convierte a esta región en un verdadero campo de batalla política, especialmente en un año electoral cargado de tensiones internas.