En un contexto de creciente tensión social por el impacto del ajuste nacional sobre áreas sensibles, Mariano Cascallares, encabezó una reunión con autoridades del Cottolengo Don Orione para interiorizarse sobre la grave crisis económica que atraviesa la histórica institución dedicada a la atención de personas con discapacidad.
El encuentro se realizó en la sede de Claypole y expuso una problemática que se repite en numerosas entidades del país: atraso en pagos del Estado nacional, demoras en prestaciones de salud, incumplimientos de PAMI, falta de provisión de medicamentos y aranceles desactualizados frente a una inflación persistente.
Desde la conducción del Cottolengo plantearon que la situación ya compromete el pago de salarios y pone en riesgo tanto las fuentes laborales como la continuidad de la atención de cientos de residentes. La preocupación es doble: sostener la estructura institucional y garantizar derechos básicos de una población especialmente vulnerable.
Acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, Cascallares escuchó a los responsables de la entidad, entre ellos el hermano Jorge Silanes y el doctor Jorge Palmieri.
Tras la reunión, el jefe comunal remarcó la necesidad de articular respuestas urgentes para sostener el funcionamiento del establecimiento y proteger a sus residentes. El mensaje político fue claro: mientras la Nación recorta recursos, los municipios quedan obligados a intervenir para contener emergencias sociales que exceden sus competencias presupuestarias.
El caso del Cottolengo también vuelve a poner en agenda la crisis del sistema previsto por la Ley 24.901, marco normativo que regula las prestaciones para personas con discapacidad y que, según denuncian prestadores y familias, atraviesa uno de sus momentos más críticos.
El Cottolengo Don Orione asiste actualmente a 400 personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, además de contar con una Escuela Especial con 100 alumnos y un Centro Educativo Terapéutico con 30 concurrentes. Su tarea social y sanitaria lo convierte en una institución clave para toda la región.
La visita de Cascallares no solo buscó acompañar a la entidad, sino también instalar un debate más amplio: quién se hace cargo del costo humano del ajuste cuando las políticas nacionales impactan sobre los sectores más frágiles.
