Escrituras y territorio: la política de regularización como respuesta a la exclusión habitacional Bajada:

La regularización dominial, históricamente relegada en la agenda pública, adquiere hoy un valor estratégico. No se trata solo de otorgar seguridad jurídica a las familias —que pasan de la informalidad a la titularidad plena de sus viviendas— sino de consolidar arraigo, ordenar el territorio y fortalecer el tejido social en barrios que durante décadas crecieron al margen de la planificación estatal. En ese sentido, la articulación con la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los distintos marcos normativos (Instituto de la Vivienda, Ley 10.830 y prescripción adquisitiva) revela una política sostenida que busca intervenir donde el mercado no llega.

Pero hay también una lectura política más amplia. En momentos donde el discurso dominante tiende a reducir el rol del Estado, este tipo de acciones funcionan como una reafirmación concreta de su capacidad de intervención. La entrega de escrituras no solo resuelve una situación legal: transforma a los beneficiarios en sujetos de derecho plenos, con posibilidad de acceder a crédito, heredar formalmente y proyectar mejoras en sus viviendas. Es, en definitiva, una herramienta de movilidad social.

La distribución territorial de las familias beneficiadas —desde Ministro Rivadavia hasta Claypole, pasando por Solano, Malvinas Argentinas y Don Orione— da cuenta de una política con anclaje capilar, que busca impactar en distintos puntos del distrito. No es un dato menor en términos de construcción política: la presencia de delegados municipales y autoridades locales acompañando a los vecinos refuerza una lógica de cercanía y gestión territorial que sigue siendo central en el conurbano bonaerense.

A su vez, la inclusión de instituciones comunitarias —como el Centro de Jubilados “Glew Vive” o la Universidad Nacional Guillermo Brown— amplía el alcance de la política más allá de lo individual. La regularización de estos espacios consolida infraestructuras sociales clave para la vida comunitaria, reforzando redes de contención en un contexto donde la demanda social crece.

En este marco, las palabras de Cascallares, que enfatizan el “trabajo articulado” con la Provincia, no son solo una descripción de gestión, sino una señal política: frente a un escenario nacional adverso, los gobiernos locales y provinciales buscan sostener políticas de inclusión desde abajo hacia arriba.

La firma de estas 184 escrituras, entonces, no es un hecho aislado. Es parte de una estrategia más amplia que pone en el centro el derecho a la vivienda y el rol del Estado como garante. La incógnita, hacia adelante, es si este tipo de políticas podrá escalar en volumen y velocidad para responder a una demanda estructural que, lejos de reducirse, sigue en aumento.