El decreto armado en las sombras: Los pormenores del proyecto que desregula el practicaje y perjudica a la Armada Argentina

El Gobierno Nacional avanza con una reforma clave en el sistema marítimo argentino que abre un escenario de disputa en las entrañas de Casa Rosada. Se trata de un decreto impulsado por el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que lleva la firma de la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Este documento, presentado con la argumentación de reducir costos y abrir el mercado marítimo, representa la apertura de interrogantes en materia de seguridad nacional, soberanía y modelo productivo. Según especialistas que accedieron al decreto el objetivo de Sturzenegger sería desregular y reformar la prestación de servicios de practicaje y pilotaje, es decir el servicio que asiste a capitanes de buques nacionales o extranjeros en la navegación. 

Por el momento, este decreto no es más que un proyecto pero desde la Armada ya advierten de los peligros que significaría dicha desregulación. En este sentido la lupa está puesta en dos cuestiones: la laxitud del sistema y la transferencia de partidas. 

“El ministro de Desregulación tiene una obsesión con terminar con todo lo que sea la bandera argentina en el agua” le señala a POLITICAR una fuente de alto peso en el sector marítimo.

Con un basto conocimiento en el practicaje explicó de qué manera busca Sturzenegger hacer más laxo el sistema “Bajando las condiciones en las cuales se exige practicaje obligatorio, bajando un poquito las exigencias para ser práctico y aumentando la cantidad de practicaciones disponibles.”

Los tres puntos que menciona la fuente de POLITICAR son de trascendencia ya que el practicaje es una profesión clave para la operatividad de la navegación, pero también para la seguridad y soberanía nacional. El práctico no sólo es quien guía a los buques en las rutas estratégicas de nuestro país, sino quien supervisa y notifica a la prefectura naval posibles irregularidades en los navios. 

“En el Paraná se encuentran las centrales de Atucha I y II,  vas a tener buques extranjeros navegando a pocos metros de las centrales sin nadie a bordo que eventualmente denuncie si ve una actividad sospechosa” 

En la Armada se muestran preocupados con flexibilizar el sistema de practicaje y degradar su formación. Advierten fervientemente que el decreto bajará la calidad del servicio “Si esto se concreta con la mitad de lo que te piden actualmente ya podrías ser práctico”.

Allí entra en cuestión el segundo punto del decreto: La transferencia de partidas. El núcleo más profundo de la reforma no está solo en la operatoria, sino en el control del sistema. Pues Federico Sturzenegger planeaba transferir de la Armada a la Prefectura Naval la formación y titulación de los prácticos. 

Por este traspaso de responsabilidades el decreto actualmente se encuentra frenado. Al ver que la Armada estaba siendo altamente perjudicada el Ministro de Defensa, Carlos Presti, se habría plantado ante Sturzenegger y Monteoliva en una reunión que derivó en el congelamiento del documento. 

El ministro Presti se habría sentido amedrentando. El proyecto de decreto fue planeado a sus espaldas, sin previo aviso y dejando de lado la opinión de la Armada Argentina. El documento llegó a él cuando el armado del texto ya se encontraba cocinado.

“El decreto está parado en este momento, sacado del circuito de firma del presidente para que se constituya una mesa de acuerdo para ver quién va a titular a los prácticos, si la armada o la prefectura”.

Pero el practicaje no fue el único motivo por el cual el decreto se encuentra actualmente frenado, sino la disputa por quién formará a los futuros marinos mercantes. Nuestra fuente señaló “El decreto junta en un mismo instrumento legal otro tema que no tiene que ver con los prácticos. Que es la titulación del personal de la marina mercante, que incluye la titulación de los prácticos, pero que no tiene nada que ver con el trabajo de los prácticos.”

El proyecto incluye transferir la formación y titulación de la marina mercante desde la órbita de la Armada a la Prefectura Naval. Este cambio no es meramente administrativo: implica redefinir quién forma, habilita y controla a los marinos del sector: “La prefectura dictará las nuevas condiciones, sería un ente omnímodo que hace todo sin que nadie la controle” advierte nuestra fuente. 

Actualmente, la Armada concentra la formación bajo un esquema académico de nivel universitario y de posgrado, vinculado además a la defensa nacional. La transferencia a Prefectura, una fuerza policial, plantea dudas sobre su capacidad para sostener ese nivel formativo.

“La Armada hace 50 años que hace este laburo. La prefectura nunca lo hizo y es una institución policial que forma policías. Que navegan, es verdad, pero las condiciones de navegación de un prefecto no son las mismas que la de un marino, que tiene una habilitación para ir a cualquier parte del mundo. Lo que notamos todos también es que la prefectura no está preparada para dar una carrera del nivel de lo que es un oficial de la Marina Mercante.” 

En este punto aparece uno de los intereses que mueve a Federico Sturzenegger: la generación de mano de obra más abundante y barata. La reducción de estándares formativos, combinada con la flexibilización de las regulaciones, podría facilitar la incorporación de personal extranjero o la precarización del empleo local. 

“Sturzenegger necesita mano de obra rápida y barata.” De este modo, la baja de costos no vendría tanto por eficiencia sistémica, sino por reducción del valor del trabajo.

El decreto no solo significaría la precarización del sector sino la disolución de engranajes pertenecientes a la defensa nacional. La marina mercante no es solo un actor económico, sino un componente de la infraestructura estratégica del país.

En situaciones de conflicto, funciona como soporte logístico de las fuerzas armadas, como quedó demostrado durante la Guerra de Malvinas. Debilitar esa capacidad implicaría reducir el margen de autonomía operativa del Estado. 

“Hay una razón de ser para que todo esto esté en las manos de la Armada. Y uno de los aspectos fundamentales es que el personal de la Marina Mercante, en su mayoría, sobre todo los oficiales, forman parte de la Reserva Naval. En caso de conflicto, este personal es convocable, militarmente hablando, para colaborar con la defensa del país”.

Por ello el decreto, que avanzaba con bajo nivel de consulta, fue frenado tras objeciones del Ministerio de Defensa y la Armada, evidenciando una disputa por competencias, presupuesto y orientación estratégica. A esto se suma la resistencia de empresas navieras locales, que advierten sobre los riesgos económicos de una desregulación acelerada en un sector altamente sensible.

“Muchas empresas navieras locales están protestando por el tema de los prácticos” La frase es contundente, los empresarios no están dispuestos a arriesgarse y perder dinero por una formación a medias de los prácticos. Cualquier incidente en corredores estratégicos como el Paraná podría generar costos millonarios, paralizar el comercio y producir daños ambientales de gran escala.

En contraposición de la mayoría de los empresarios, aparecen indicios de intereses sectoriales locales que incentivarían a Sturzenegger para impulsar la reforma: “El ministro se rodeó de un grupo de pesados navieros nucleados en la Cámara Naviera Argentina”.

Algunos actores concentrados de la actividad naviera verían en la flexibilización una oportunidad para reducir costos laborales y operativos, especialmente mediante la incorporación de tripulaciones extranjeras.

La reforma en discusión no se limita solamente a una cuestión técnica ni a un ajuste regulatorio. Se trata de una reconfiguración profunda del sistema marítimo argentino, donde confluyen intereses económicos, internas políticas y consecuencias estratégicas. El debate abierto no es sólo cómo se navega, sino quién controla, quién trabaja y bajo qué condiciones se organiza una actividad clave para el país. 

En este caso, si bien el decreto se encuentra frenado, la preocupación es grande en la Armada y en los sectores involucrados que se oponen al documento. El motivo tiene nombre y apellido: Federico Sturzenegger. Su preponderancia en el Gobierno escaló a tal punto que hasta ministerios fuertes pierden poder de decisión: “La prefectura naval está prácticamente en manos de Sturzenegger y no de Monteoliva”.