El proyecto, clave para mitigar inundaciones en una de las zonas más sensibles del distrito, había sido “inaugurado” a fines de 2023 sin estar concluido. Pozos de ataque abiertos, conexiones inconclusas y ramales sin iniciar dejaron una obra a medio hacer que, lejos de resolver problemas, profundizaba la vulnerabilidad urbana ante cada lluvia intensa.
Lo que hoy muestra el avance del Aliviador Alto Perú es un cambio de lógica. La actual gestión municipal tuvo que retomar trabajos pendientes, cerrar frentes abiertos y, en muchos casos, rehacer planificación básica. La apertura de la calle Roca, la finalización del ramal Suipacha y la continuidad de nuevos tramos evidencian que el desafío no era solo terminar la obra, sino hacerla funcional.
El dato no es menor: las intervenciones no se limitan a la infraestructura principal, sino que incluyen elementos muchas veces invisibilizados en los anuncios políticos pero centrales en la eficacia del sistema, como sumideros, conexiones secundarias y remoción de interferencias de servicios como AySA o Edenor.
En otras palabras, lo que no se ve en una “foto de inauguración” es justamente lo que determina si una obra funciona o no.
El sistema de desagüe pluvial se extiende desde Tomkinson hasta su desembocadura en el Río de la Plata, atravesando arterias clave como avenida Centenario y Acassuso. Su objetivo es claro: reducir anegamientos, mejorar el escurrimiento y elevar la calidad de vida de los vecinos.
Sin embargo, el estado en que fue dejado el proyecto expone un problema más profundo: la desconexión entre la planificación técnica y los tiempos políticos. Inaugurar sin terminar no solo implica un error administrativo, sino también un riesgo concreto para la población.
En ese marco, la gestión de Lanús queda atravesada por una doble exigencia: resolver lo urgente —evitar inundaciones— y, al mismo tiempo, reconstruir credibilidad en la obra pública.
Otro aspecto relevante es la necesidad de coordinación interjurisdiccional. Los trabajos actuales incluyen intervenciones en zonas cercanas al límite con San Fernando, así como acciones conjuntas para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad en puntos críticos como el paso a nivel de Crisol.
A esto se suman obras complementarias, como nuevos conductos en calles específicas (por ejemplo, Bolívar) para evitar que el agua se desplace hacia zonas más bajas. Este tipo de decisiones muestran una gestión más enfocada en la lógica territorial que en el impacto político inmediato.
El avance del Aliviador Alto Perú deja una lectura más amplia: la obra pública no termina cuando se corta una cinta. De hecho, muchas veces empieza ahí el verdadero desafío.
Para Ramón Lanús, el proceso en San Isidro parece marcar un intento de diferenciarse de prácticas anteriores, apostando a la finalización efectiva de proyectos y a su funcionamiento real. Pero también lo expone: cada retraso, cada complicación técnica o cada lluvia fuerte será una prueba directa de gestión.
En un contexto donde los recursos son escasos y la demanda social es inmediata, terminar lo que otros dejaron a medias se vuelve tanto una obligación como una oportunidad política.
El Aliviador Alto Perú, así, deja de ser solo una obra hidráulica: se convierte en un termómetro de gestión, donde el éxito no se mide en anuncios, sino en si, finalmente, deja de inundarse la ciudad.
