El socio oculto de Macri: cómo el pedófilo Epstein financió la vigilancia masiva en Buenos Aires

Por Nicolás Fernández Rivas

En la política, como en el crimen organizado, el dinero sucio se lava con contratos limpios. Y si hay alguien que entendió ese negocio fue Jeffrey Epstein: financista de élite, depredador sexual convicto y, ahora sabemos, inversor de lujo en la seguridad porteña. Los archivos que salieron a la luz no solo confirman que el empresario norteamericano metió sus manos en un proyecto de vigilancia urbana en Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri. Lo que revelan es algo más turbio: que entre 2014 y la actualidad, la línea que separa la protección ciudadana del control masivo se borró con la misma naturalidad con la que un funcionario firma un convenio internacional.

La historia empieza con Reporty Homeland Security, una empresa fundada por exagentes de las Fuerzas de Defensa de Israel que prometía salvar vidas a través de una app de emergencias. Epstein se convirtió en su principal inversor ese año, cuando en Washington todavía se debatía si el tipo era un delincuente o un filántropo con problemas de imagen. Pero los documentos técnicos confidenciales, lejos del marketing edulcorado, describían otra cosa: un sistema diseñado para rastrear posiciones incluso cuando el usuario no usaba la aplicación, para trazar mapas de interiores con precisión bajo el metro y para enviar todo, directo, a un Centro de Comando y Control sin posibilidad de que el ciudadano decida qué hace con su propio dato. "Con Reporty, las autoridades tienen el poder de controlar a la masa en la red social", decía un informe interno sin rubor. No era una app de seguridad. Era una red de pesca.

"Ciudad Segura" compró ojos ajenos

En 2014, mientras Epstein firmaba cheques para Reporty, en Buenos Aires se cocinaba el proyecto "Buenos Aires Ciudad Segura". No era una iniciativa municipal cualquiera: implicaba la instalación de cámaras de alta definición, patrulleros tecnológicos con reconocimiento automático de patentes, cinco centros regionales de monitoreo y 500 kilómetros de fibra óptica. El video institucional de 2017, todo pompa y tecnología, celebraba que la ciudad se sumaba "a las más desarrolladas del mundo en sistemas de seguridad pública". Lo que no decía era quién había financiado la inteligencia detrás de esas cámaras.

Los documentos desclasificados muestran que Epstein recibió reportes técnicos donde se detallaba la instalación de sistemas de inteligencia en Buenos Aires, operados por Mer Group, otra firma israelí con tentáculos en seguridad electrónica. La Policía Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, ejecutaba el despliegue. Las licitaciones de esa época, casualmente, no están digitalizadas. Los pedidos de acceso a la información, también casualmente, presentan demoras. En la rosca política, la opacidad no es un error administrativo: es una estrategia de negocios.

Aquí es donde el análisis se pone incómodo. Porque no se trata solo de que un gobierno haya contratado tecnología israelí, algo habitual en América Latina desde hace décadas. Se trata de que esa tecnología fue financiada por un tipo que, en paralelo, organizaba el abuso sistemático de menores en una isla privada. Y de que, según los propios documentos de Reporty, la recolección de datos de movimientos en espacios cerrados las 24 horas era considerada "invaluable" para monetización con redes sociales y agencias de publicidad. La advertencia interna sobre posibles conflictos legales por invasión a la privacidad no frenó el proyecto: solo sugirió contratar "los mejores abogados" en cada país. La ética, en este negocio, es un costo operativo.

El precio de la seguridad: ¿quién vigila a los vigilantes?

La pregunta que queda flotando no es retórica. Cuando el Estado compra capacidad de vigilancia a empresas privadas con inversores cuestionables, ¿a quién le debe cuentas? Los archivos de Epstein revelan que la élite mundial operaba, en sus propias palabras, "al borde de lo ilegal". Pero lo verdaderamente inquietante es que esa frontera era negociable. En Buenos Aires, la tecnología de microlocalización que Epstein financió terminó en manos de un gobierno que prometía modernización y terminó normalizando el ojo electrónico sobre cada esquina.

Camila Dolabjian, la periodista que destapó la historia en Radio Rivadavia, fue tajante: si la investigación del Miami Herald sobre Epstein no se reactivaba, estos documentos seguirían bajo llave. Y ahí está la lección realpolitik de todo esto. No son las instituciones las que controlan a los poderosos: son otros poderosos, con agendas propias, los que filtran lo que el sistema prefiere ocultar. La trama no es solo sobre un pedófilo con dinero y un presidente con sed de tecnología. Es sobre cómo funciona el poder cuando cree que nadie mira: con contratos bajo mesa, con reportes que llaman "seguridad" a lo que es vigilancia, y con la certeza de que, si el negocio es grande, la ilegalidad es solo un problema semántico solucionable.

En el fondo, el caso expone la lógica perversa de la realpolitik contemporánea. Para Macri, seguramente, era solo una inversión en infraestructura moderna. Para Epstein, una entrada más a su portfolio de control. Para los ciudadanos de Buenos Aires, el resultado es el mismo: cámaras que ven, sistemas que rastrean, y una pregunta que nadie quiere responder. Si la tecnología que nos protege fue financiada por quienes abusan del poder más brutal, ¿de qué nos están protegiendo realmente? La respuesta, como siempre en estos casos, está en los archivos que no se digitalizan y en las licitaciones que nunca llegan a tiempo. Porque en el negocio de la vigilancia, la transparencia es el único delito que no se perdona.