La decisión del presidente boliviano Rodrigo Paz de eliminar los subsidios a la gasolina y al diésel ha desatado una de las mayores olas de protestas de los últimos años en el país andino.
POLÍTICA INTERNACIONAL27 de diciembre de 2025
Alfredo Atanasof
Bloqueos de carreteras en seis de los nueve departamentos, marchas multitudinarias en ciudades clave como La Paz y Cochabamba, y paros parciales del transporte evidencian el profundo malestar social frente a una medida que el Gobierno define como inevitable, pero que amplios sectores perciben como un ajuste regresivo aplicado sin amortiguadores suficientes.
Crisis social en Bolivia por la quita del subsidio a la gasolina y el diésel
El decreto 5503, promulgado la semana pasada, pone fin a una política de subvenciones históricas que mantenían los precios de los combustibles artificialmente bajos. De un día para otro, la gasolina pasó de 0,54 a 1 dólar por litro, mientras que el diésel —clave para el transporte público y la producción— se encareció de 0,50 a 1,40 dólares. El impacto fue inmediato: aumento arbitrario de tarifas, duplicación de pasajes interdepartamentales y un efecto dominó sobre el costo de vida, en un país que ya enfrenta una inflación cercana al 20% interanual.
Bolivia, entre el déficit y la protesta: el costo político del ajuste de Paz
Desde el Ejecutivo, la justificación es fiscal. Paz sostiene que la quita del subsidio es esencial para contener un déficit que supera el 12% del PIB y evitar un colapso mayor de las cuentas públicas. En su discurso, responsabiliza al anterior gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) por haber dejado “un país quebrado” y afirma que no existen recursos para una salida gradual. La medida, según el presidente, es un “shock” necesario para una economía que, de acuerdo con el FMI, permanecerá en recesión al menos hasta 2027.
Un ajuste a la latinoamericana: Bolivia y el regreso del conflicto por los subsidios
Sin embargo, en las calles el relato es otro. Más de 3.000 mineros de cooperativas descendieron desde El Alto hasta el Palacio de Gobierno, acompañados por la Central Obrera Boliviana. Los sindicatos advierten que el alza de los combustibles golpeará con mayor fuerza a los sectores vulnerables y acusan al Ejecutivo de priorizar beneficios para grandes fortunas mientras ajusta sobre las mayorías. En Cochabamba, las Seis Federaciones del Trópico —vinculadas al expresidente Evo Morales— se sumaron a las protestas, cuestionando además la liberalización de exportaciones agrícolas incluida en el decreto, por su potencial impacto inflacionario en los alimentos básicos.
Ajuste fiscal y calle en llamas: el desafío político de Rodrigo Paz en Bolivia
El Gobierno intentó contener la conflictividad con medidas compensatorias: aumento del salario mínimo del 20%, mejoras en las rentas para adultos mayores y en el bono Juancito Pinto para estudiantes. También alcanzó acuerdos puntuales, como el firmado con la Federación de Cooperativas Mineras, que incluyó compromisos de control de precios y provisión de combustible al sector. No obstante, estas concesiones no han logrado desactivar el núcleo del conflicto: la percepción de que el ajuste fue abrupto y socialmente desequilibrado.
Rodrigo Paz apuesta al shock económico y enfrenta su primera gran crisis social
Incluso dentro del propio oficialismo emergen fisuras. El vicepresidente Edmand Lara criticó la implementación “de shock” y defendió una retirada progresiva del subsidio, ligada a la reactivación económica. Paz, en cambio, insiste en que no hay margen para gradualismos y descarta derogar el decreto, aunque se muestra abierto a “mejoras” en su aplicación.
Bolivia y el dilema latinoamericano del ajuste: estabilizar la economía sin estallar socialmente
El pulso entre el Gobierno y la calle refleja un dilema recurrente en América Latina: cómo ordenar economías frágiles sin erosionar la legitimidad social. En Bolivia, donde los subsidios a los combustibles han sido históricamente un pilar del contrato social, la quita abrupta no solo reconfigura precios y balances fiscales, sino que reabre una disputa política de fondo sobre quién paga el costo de la crisis. El desenlace de este conflicto será clave no solo para la estabilidad del gobierno de Paz, sino también para el rumbo económico y social del país en los próximos años.
Para miles de familias migrantes en Estados Unidos, la Navidad dejó de ser sinónimo de celebración. En su lugar, se convirtió en una fecha atravesada por el miedo, la espera judicial y la posibilidad siempre latente de la deportación.
México cerró noviembre con una cifra histórica de empleo formal, un dato que la presidenta Claudia Sheinbaum destacó como señal del dinamismo económico que atraviesa el país. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el país alcanzó 22,8 millones de empleos registrados, la mayor cifra desde que existen estadísticas oficiales.
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