“Servini logró la censura con solo aducir una llamada anónima”, decía el título principal de Clarín un día de mayo de 1992. Treinta y tres años después, las razones que esgrime Patricia Bullrich para amordazar al periodismo son igualmente oscuras, abrevan en el mismo tipo de ficción: el rumor, el dato servicial, la revelación sin nombre declarado.
A la historia, sabemos, le gusta repetirse. ¿Primero como tragedia y después como farsa? Por lo visto, hay otras variantes. Con toda la carga de jocosidad que lleva el gobierno de Javier Milei, las estrambóticas suposiciones de la ministra de Seguridad Nacional sobre una confabulación de espías rusos, periodistas argentinos y miembros de la corporación futbolística para desestabilizar a su administración apenas resultan más entretenidas que el fallo de la Cámara porteña que le dio la razón a Servini, que afirmaba que el material cuya emisión se buscaba impedir se caracterizaba por su “ludibrio y eutrapelia”. Afirmación difícil de justificar dado que “ludibrio” significa burla y “eutrapelia” significa moderación en el entretenimiento o jocosidad con buena onda. (Además, se trataba de un sketch de Tato Bores.)
¿Primero como farsa y después también, entonces? Pero el tema de fondo no es divertido. Se trata de la búsqueda constante del poder por acallar a las voces críticas, especialmente (pero no solamente) las de los periodistas.
No sólo los motivos y las excusas se repiten a lo largo de la historia, sino también, muchas veces, los personajes. Ambas mujeres, la jueza y la ministra, siguen hoy en lugares de poder. María Romilda Servini de Cubría aún es jueza federal, tras haber sobrevivido al alegre canto con que Tato combatió la solemnidad de su acto censor (“La jueza Baruburubudía, / la jueza Baruburubudía, / la jueza Baruburubudía / es lo más grande que hay”) y a muchas otras cosas; Bullrich describió, como se sabe, un arco bastante particular en el plano ideológico y político y terminó recalando en diversos gobiernos cada vez más tirados a la derecha.
Pero en la historia de la persecución a la prensa post dictadura hay otros nombres recurrentes. En los tiempos del menemismo fue el ministro de Justicia, Rodolfo Barra, quien impulsó la llamada “ley mordaza”, que imponía penas graves a la prensa en casos de publicaciones que pudieran considerarse calumniantes o injuriosas. Con Milei, Barra volvió al ruedo en el papel de procurador, e impulsó (de manera exitosa esta vez) una limitación al acceso a la información pública.
Fue otro ministro de Justicia menemista, Raúl Granillo Ocampo, quien en 1998 envió al Congreso otro proyecto, firmado por el propio presidente Carlos Menem, que buscaba penalizar la realización y difusión de grabaciones en audio y video tomadas en forma secreta (eran tiempos del uso intensivo de la “cámara oculta” en las investigaciones periodísticas; eran tiempos, también, de una venalidad notable en el mundo funcionarial). Nadie discutía mucho que se castigara la pinchadura de un teléfono; era la parte de la difusión la que erizaba la piel, porque se buscaba hacer ilegal la publicación de ese material por parte de la prensa. Es decir, lo mismo que se impide ahora: el equivalente de los audios de Karina Milei eran, por ese entonces, las cintas grabadas interceptando líneas telefónicas, o simplemente conectando el propio teléfono a un grabador. Ese proyecto, por buenas razones, también recibió el mote de “ley mordaza”.
En aquel momento apareció otro nombre conocido: el abogado Eugenio Raúl Zaffaroni, a la sazón legislador porteño y director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires (UBA), advirtió que “en nuestro país, si no fuese por los medios de comunicación, no sabríamos absolutamente nada respecto de los delitos de los funcionarios y de los múltiples hechos de corrupción”. El también abogado Pablo Jacoby, por su parte, señalaba lo “absurdo” de imponer el requisito del consentimiento para poder difundir una grabación: “Sin lugar a dudas esto apunta a los medios ya que los obliga, antes de reproducir un material referido –por ejemplo– a un acto de corrupción, a pedir el consentimiento de la persona involucrada en ese acto de corrupción”, escribió.
Entonces como ahora, la mordaza procuraba ocultar la mordida, es decir el soborno, la coima, la corrupción del funcionario por parte del poder privado. Entonces como ahora, la conversación giró de la segunda a la primera.
Hoy, el gobierno de la libertad se muestra tan tenaz en su intención persecutoria como las administraciones previas, o incluso más. Bullrich, que denunció e hizo detener a jóvenes que osaron tuitear amenazas (en joda) al entonces presidente Mauricio Macri, ahora pidió que se allanen los domicilios de periodistas que anunciaron que difundirían los audios de Karina. No es la primera vez que busca coartar la libertad de expresión. Uno de los primeros proyectos que pergeñó fue el que impedía las protestas públicas de más de tres personas.
Siempre hay un juez que se preste como instrumento para estas persecuciones. Servini contó con sus colegas de la Sala II de la Cámara Federal porteña; el gobierno de Milei encontró a Alejandro Maraniello, un magistrado en la cuerda floja al que no le vendría mal una mano.
Lo que parece haber cambiado, entre los tiempos de Tato y los del Gordo Dan, es la recepción que estas avanzadas autoritarias registran en la sociedad. Por supuesto que hay oposición, repudio, preocupación expresada por diversas instituciones. Sin embargo, el tema hoy no parece calar hondo en la sociedad. Muchas cosas han cambiado en estas tres décadas, entre ellas la irrupción de las redes y la caída del periodismo en general en un descrédito del que parece difícil que salga.
Ni siquiera en épocas de Cristina Fernández de Kirchner era tan fácil como ahora para un gobierno atacar a los periodistas, tomarlos como enemigos. Tampoco era tan fácil la difusión desembozada de noticias a medias o directamente falsas, ni era tan marcada la diferencia entre las burbujas informativas en que viven los diferentes sectores de la población.
En este contexto, lo más preocupante de la escalada autoritaria del gobierno de Milei no es quizás la escalada en sí, sino el hecho de que encuentre un campo llano para producirse.
