El fallo del Tribunal Oral Federal N.º 2 que limita las visitas a Cristina Fernández de Kirchner —incluyendo las de diputadas, diputados y senadores— no es un episodio más en la escalada judicial contra el movimiento nacional y popular. Es una muestra explícita del avance de un poder del Estado sobre otro, una decisión que desconoce abiertamente el mandato constitucional que nos fue conferido por el voto popular.
POLÍTICA 27 de junio de 2025 Lorena Pokoik
No hicimos una visita informal ni espontánea: realizamos una presentación judicial como corresponde, invocando nuestra condición de representantes del pueblo y el carácter institucional de nuestro accionar. La respuesta fue el rechazo. El tribunal ratificó un régimen de visitas que no solo desconoce nuestras facultades como legisladores, sino que también impone limitaciones que no se aplican habitualmente ni siquiera a otras personas con prisión domiciliaria. En lugar de respetar el marco constitucional y las garantías básicas, el fallo refuerza un modelo de aislamiento con claros fines políticos.
No se trata de un desacuerdo técnico ni de una discusión procesal. Se trata de algo mucho más profundo: la ruptura de la división de poderes. Cuando el Poder Judicial se arroga la facultad de decidir si una diputada o un senador puede ejercer sus funciones, se rompe el pacto democrático. Se vulneran las inmunidades parlamentarias, se anula la voluntad del pueblo y se consolida un modelo donde un poder no controla, sino que somete al otro.
Pero no se trata solo de una disputa entre poderes. Lo que estamos viendo es la consolidación de un modelo de disciplinamiento político a través de la persecución judicial. Un modelo que se ha extendido en América Latina y que, en la Argentina, tomó cuerpo bajo la forma del lawfare. No es nuevo, pero se actualiza constantemente: desde la causa Vialidad hasta la prisión domiciliaria, pasando por operaciones mediáticas, jueces militantes y resoluciones que intentan escarmentar a quien piensa distinto. Se castiga la voz política. Se encarcela el liderazgo. Se judicializa la representación popular.
Y el rol que algunos medios juegan en este esquema, accediendo a resoluciones antes que nuestros propios abogados, termina de confirmar que el cerco no es jurídico, sino político y mediático.
Lo que está ocurriendo excede largamente a una dirigente en prisión domiciliaria. Es el Congreso, es el sistema representativo, es la soberanía popular lo que está en riesgo. No se busca solo silenciar a Cristina: se intenta condicionar a toda la dirigencia política que no se arrodilla frente al poder real.
En una democracia madura, los poderes del Estado no se vigilan entre sí como enemigos, sino que se equilibran para garantizar derechos. Hoy, ese equilibrio está roto. Y lo que está en juego no es solo una visita parlamentaria: es el respeto al voto popular, la vigencia de la Constitución y el límite entre justicia y poder.
Por eso, no se trata solo de una defensa individual, sino de una advertencia colectiva: si la política se deja disciplinar por los tribunales, lo que se erosiona no es una persona, es la democracia misma.
La Libertad Avanza sacó el pie del acelerador luego de perder un capítulo clave en la Cámara de Diputados y por haber sentido la presión de la marcha de la CGT. La decisión se tomó en Casa Rosada y el anuncio lo encabezó Patricia Bullrich en el Congreso.
El resultado de las últimas elecciones nacionales en Argentina ha dejado una cicatriz ineludible en la historia reciente del espacio peronista: cinco derrotas en las últimas seis contiendas nacionales. Este dato no es solo una estadística; es el síntoma de una desconexión profunda entre uno de los principales actores de la política argentina del siglo XX y la sociedad del siglo XXI. La pregunta ya no es si el peronismo necesita un cambio, sino por qué ese cambio, tan obvio desde afuera, parece tan difícil de gestar desde adentro.
La relación entre el Pro y La Libertad Avanza atraviesa su peor momento en la Cámara de Diputados: a la madrugada, el oficialismo pactó con el kirchnerismo para designar a los integrantes de la AGN. La crónica de una sesión extraordinaria que duró más de 14 horas.
La Libertad Avanza tiene listo el organigrama para debatir la inocencia fiscal y la “ley de leyes” en el recinto de la Cámara de Diputados la próxima semana. Quiénes darán quórum y acompañarán al Gobierno en el Congreso.
La cumbre se llevó a cabo en el Senado y duró poco más de dos horas. El proyecto de ley se retrasó por el viaje de Milei a Noruega. Villarruel solicitó la conformación de cuatro comisiones para comenzar el debate. El oficialismo quiere tener la media sanción el 30 de diciembre, pero la posibilidad pierde fuerza con el correr de las horas.
Martín Menem retuvo la facultad parlamentaria para definir la composición de las comisiones. El peronismo desestimó el rótulo de Fuerza Patria y continuará con el nombre Unión por la Patria. El empate de los interbloques por la tercera minoría.