
En el Congreso Nacional y en la Legislatura bonaerense se pelean hoy batallas clave. En ambos casos, la puja es por los recursos, pero en ambos casos, también, el telón de fondo son las elecciones que están cada vez más cerca.
Si a este gobierno le importa el control, ¿por qué demora tanto en designar a los auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano que asiste al Congreso en el control externo de la administración pública nacional.
POLÍTICA 20 de marzo de 2025 Carla PitiotHace prácticamente un año que cesaron los mandatos de los tres auditores de la AGN (Auditoría General de la Nación) designados por la Cámara de Diputados.
A fin de este mes terminarán los mandatos de los auditores designados por la Cámara de Senadores.
Si no se llegan a acuerdos en el Congreso de la Nación la AGN quedará sin 6 de los 7 miembros del Colegio de Auditores. Solo el presidente elegido por la oposición seguirá en funciones absolutamente limitado en cuanto a su posibilidad de gestión institucional.
La falta de designación de los auditores afecta significativamente el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización que el texto constitucional pone a su cargo.
Conlleva a una virtual parálisis del organismo principalmente porque la la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (LAF) establece una conducción colegiada en la que se asigna al Presidente “la Representación y ejecución de las decisiones de los auditores” y va de suyo que para ello tiene que haber auditores en funciones que decidan.
El control es una herramienta de gestión que apunta a fortalecer las gestiones, contribuye con la transparencia y previene la corrupción, por eso es imprescindible que cada organismo pueda funcionar a pleno para llevar adelante sus tareas.
En el Congreso Nacional y en la Legislatura bonaerense se pelean hoy batallas clave. En ambos casos, la puja es por los recursos, pero en ambos casos, también, el telón de fondo son las elecciones que están cada vez más cerca.
La Argentina vive en estado de excepción y en la provincia de Buenos Aires empieza la temporada de los dolores de cabeza. La incógnita de qué ocurrirá con el presupuesto nacional se reproduce en territorio bonaerense con ingredientes propios. Una oposición que presiona y un oficialismo dividido cuyos antecedentes en la materia no auguran un panorama tranquilo.
Que el Tesoro de Estados Unidos haya bautizado a la Argentina como “aliado clave” en América Latina no constituye un elogio, sino una advertencia.
Mientras en el Instituto Cultural y el Teatro Argentino crecen las quejas de los trabajadores por el recorte de horas extras, la falta de materiales, cancelaciones y cambios inexplicables en las programaciones, Florencia Santout estaría destinando cuantiosos fondos estatales para intervenir en la política universitaria de la UNLP, a través de su organización, La Cámpora.
En la Legislatura bonaerense tuvo lugar ayer algo que hacía tiempo no ocurría y que a estas alturas ya es novedad: una sesión normal. Claro que se trata de una paz de circunstancias, porque los proyectos clave están en la otra cámara. Será el Senado, entonces, el escenario de las batallas complicadas.
En campaña, la política argentina convierte en gestos extraordinarios lo que son deberes básicos: presentar un presupuesto, no radicalizar discursos o aumentar partidas para educación y salud. Pero la reciente derrota legislativa del oficialismo, al no poder blindar los vetos presidenciales a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, mostró que el problema ya no es solo comunicacional: la “institución invisible” de la confianza, clave para sostener liderazgos y economías, comenzó a resquebrajarse. La democracia exige más que propaganda de lo obvio; exige resultados que fortalezcan credibilidad.