Si a este gobierno le importa el control, ¿por qué demora tanto en designar a los auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano que asiste al Congreso en el control externo de la administración pública nacional.
POLÍTICA 20 de marzo de 2025 Carla Pitiot
Hace prácticamente un año que cesaron los mandatos de los tres auditores de la AGN (Auditoría General de la Nación) designados por la Cámara de Diputados.
A fin de este mes terminarán los mandatos de los auditores designados por la Cámara de Senadores.
Si no se llegan a acuerdos en el Congreso de la Nación la AGN quedará sin 6 de los 7 miembros del Colegio de Auditores. Solo el presidente elegido por la oposición seguirá en funciones absolutamente limitado en cuanto a su posibilidad de gestión institucional.
La falta de designación de los auditores afecta significativamente el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización que el texto constitucional pone a su cargo.
Conlleva a una virtual parálisis del organismo principalmente porque la la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (LAF) establece una conducción colegiada en la que se asigna al Presidente “la Representación y ejecución de las decisiones de los auditores” y va de suyo que para ello tiene que haber auditores en funciones que decidan.
El control es una herramienta de gestión que apunta a fortalecer las gestiones, contribuye con la transparencia y previene la corrupción, por eso es imprescindible que cada organismo pueda funcionar a pleno para llevar adelante sus tareas.
Como en un baile de carnaval, en el juicio sobre el financiamiento político con planes sociales, en Neuquén nada es lo que parece. Acusados que pasan a ser “arrepentidos”, testigos que pueden pasar a ser acusados, mientras la fiscalía intenta impedir que los exfuncionarios declaren, como testigos, contra sus superiores. Lo que sorprende no es la corrupción sino la desprolijidad, en una provincia que siempre hizo culto de cuidar los negocios.
Mucho se ha teorizado en las últimas décadas acerca de la crisis de representación y de representatividad de los partidos políticos y de la gestión pública en general. Lo cierto es que en el caso argentino vimos decaer y renacer con una nueva configuración a los partidos políticos. Pasamos del clásico sistema bi partidista que caracterizó a la recuperación de la democracia allá por 1983, a un sistema de coaliciones que tuvo su antecedente en la conformación de la Alianza en 1997 y que luego se plasmó en diferentes experiencias y aglutinamientos donde primó la articulación de ofertas electorales por encima de la institucionalización de acuerdos programáticos. Una breve descripción de lo que sucedió con la competencia electoral en los últimos años, nos ayuda a comprender una parte de las circunstancias actuales. Por eso, el histórico “¿qué hacer?” que sobrevoló a todas las organizaciones políticas durante el siglo XX, hoy mantiene una candente actualidad.
“Como a nadie se le puede forzar para que crea, a nadie se le puede forzar para que no crea”, decía un ya maduro Sigmund Freud en “El porvenir de una ilusión” (Die Zukunft einer Illusion), de 1927. Magistralmente, nos explicaba, sin caer en el voluntarismo psíquico, que la fe no se puede erradicar por un decreto impuesto, por el mandato de nadie y que es una creencia arraigada que simplemente está allí y que tiene toda lógica. Y eso ya le confiere una racionalidad, arreglada a fines y valores. Una entidad mentada y subjetiva. Una voluntad en acción.
Una medida del SENASA generó enojo en los gobiernos de Neuquén y Río Negro. Quedó en suspenso y sus diputados votaron con el oficialismo, en perjuicio de La Pampa y sus consumidores.
En la provincia de Vaca Muerta, el mayor enclave de extracción de petróleo y gas del país, la del MPN que con sus distintas variantes es una suerte de PRI patagónico, desde hace dos años se encadenan y crecen casos de corrupción para financiamiento de la política.
En la provincia de Formosa, se ha desatado un escándalo en torno a la gestión de las pensiones por invalidez. Gerardo Piñeiro, exconcejal y referente político de la oposición provincial, denunció que funcionarios públicos habrían aprovechado la necesidad de sectores vulnerables.