En la provincia de Vaca Muerta, el mayor enclave de extracción de petróleo y gas del país, la del MPN que con sus distintas variantes es una suerte de PRI patagónico, desde hace dos años se encadenan y crecen casos de corrupción para financiamiento de la política.
POLÍTICA 20 de marzo de 2025 Daniel Gray
El de “los planes sociales”, la punta del iceberg, involucra a cinco ex funcionarios de alto rango y 17 personas en total, que serán juzgados por asociación ilícita, fraude de la administración pública y defraudación especial por uso indebido de tarjetas de débito. La pregunta que muchos se hacen pero la justicia provincial evita: ¿la cabeza de esto era Ricardo Soiza? ¿Un director puede armar semejante estructura sin la bendición de, por lo menos, el ministro?
Después de meses de espera, el lunes a la mañana los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez y Gustavo Kohon, como representante de la fiscalía de estado, consiguieron que la jueza de garantías Carina Álvarez aceptara llevar a juicio a 17 personas acusadas de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito sin la debida autorización de su titular.
La jueza desestimó los intentos de las defensas para prorrogar el desarrollo de la causa y en pocas horas decidió que “la fiscalía tiene un caso para ir a juicio”. Resolvió finalmente sobre la acusación de 440 páginas que se presentó en septiembre del año pasado, cuando Delitos Económicos dio por terminada su investigación.
Los 17 imputados que irán a juicio tienen diferente grado de participación: Como presuntos jefes de la asociación ilícita llegarán imputados Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz, Marcos Ariel Osuna (los tres con prisión domiciliaria), Orlando Abel Di Luca y Tomás Siegenthaler. Los otros imputados son Luis Gallo, Laura Reznik, Julieta Oviedo, Julio Arteaga, Isabel Montoya, Aaron Escobar, Valeria Honorio, Ariel Krom, Emanuel Victoria Contreras, Alfredo Cury, Fernando Cardozo Regidor y Omar Rodríguez Quezada.
El único acusado que logró escapar de la carátula general es Aarón Escobar, asistido por la defensora pública Andrea Cornejo, que no será acusado por uso indebido de tarjeta de débito. Su delito es el de haber cobrado cheques de forma indebida.
El esquema de los participantes en la corrupción de los planes sociales
Según la fiscalía, un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, integraron una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales, primero con tarjetas de débito y luego con cheques, cuando el primer sistema fue descubierto. Según el propio Soiza, la recaudación se destinaba al sostén de la estructura política oficialista.
El esquema funcionaba con cinco niveles de responsabilidad, con un núcleo de poder que orquestaba la maniobra desde dentro del ministerio. En la cúpula de la asociación ilícita figuran Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas del mismo organismo; Abel Di Luca, el exministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, el excoordinador de Administración de esa cartera.
La fiscalía adelantó que pedirá penas superiores a los tres años de prisión efectiva para los principales acusados. Además, en la próxima audiencia –programada para el 19 de marzo– las partes discutirán la producción de pruebas y los testigos que serán citados al juicio.
Dado el volumen de la causa y la cantidad de imputados, se espera un debate extenso, que podría prolongarse por más de dos meses. Mientras tanto, el escándalo de los planes sociales sigue generando repercusiones en la provincia, dejando en evidencia las fallas del sistema de control sobre los fondos públicos.
El esquema se completaba con colaboradores, recaudadores, reclutadores y beneficiarios que habrían participado en la ejecución del fraude, el cual involucra 9.303 estafas con fondos públicos.
Colaboradores (la vista gorda)
En el rol de colaboradores irán a juicio Luis María Gallo, quien hasta enero de 2022 fue el director de Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social, y Laura Carolina Reznick, que fue la sucesora en el cargo y continuadora de la maniobra. Julieta Oviedo, directora de Tesorería del Ministerio, era la responsable de ejecutar las acreditaciones bancarias y librar los cheques de manera irregular. Julio Norberto Arteaga, auditor de la Contaduría General, facilitaba que el esquema continuará mes a mes, al omitir observar las irregularidades en los expedientes y emitir los informes de control. Esto era fundamental para que las operaciones tuvieran la apariencia de ser legales.
Reclutadores (los pies en el barro)
Isabel Natalia Montoya gestionaba los datos de los supuestos beneficiarios y entregaba las tarjetas de débito y las claves PIN a los responsables de la extracción del dinero.
Recaudadores (como Chocolate)
Aaron Escobar y Valeria Noemí Honorio cobraban cheques que no les correspondían y retiraban dinero con tarjetas de débito de beneficiarios ficticios. Escobar cobró un total de 61 cheques que sumaban 2.375.600 pesos, mientras que Honorio gestionó 43 cheques por 2.043.900 pesos.
También figura en este nivel Ariel Oscar Krom que cobró 20 cheques que ascendían a 968.000 pesos. Omar Ulises Rodríguez Quezada y Emmanuel Rodolfo Victoria Contreras también cobraban cheques fraudulentos y extraían dinero con tarjetas de débito ajenas y sin autorización.
Beneficiados (perejiles)
Para la fiscalía, hay dos beneficiados por la maniobra que irán a juicio. Alfredo Andrés Cury y Fernando Cardozo, que aceptaron los fondos del subsidio a pesar de no cumplir con los requisitos.
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