Andrés MiquelLa autonomía municipal es un debate histórico de la provincia de Buenos Aires. El mandato de la Constitución Nacional es que se incorpore a la provincial, pero no sucede ni sucedió. Hoy, los municipios tienen un corsé político y administrativo que motiva el reclamo de varios intendentes en un tiempo donde la demanda hacia los gobiernos locales es amplia, diversa y específica. La sociedad exige una respuesta inmediata porque, de no suceder, la frustración es brutal. La falta de soluciones alimenta la idea sobre la inconsistencia de la praxis política y erosiona la credibilidad de un Estado eficiente. Ahora bien, ¿la salida es la autonomía?
Un hecho sacudió el tablero la última semana. Por impulso de Francisco Echarren, intendente de Castelli, el Concejo Deliberante local votó por unanimidad la necesidad de redactar su Carta Orgánica Municipal. Se trata de la primera vez que un partido avanza en este sentido de manera concreta en más de 200 años de historia de la provincia.
La explicación de Echarren es clara. En primer lugar, los municipios ampliaron cuantitativa y cualitativamente el concepto de primera ventanilla del Estado. Tanto en el conurbano como en el interior, los intendentes deben dar respuesta a una mayor cantidad de problemáticas, cada vez más complejas, con una sociedad embebida en un ritmo de inmediatez constante. La misma velocidad que exigen en una app para pedir comida, la trasladan a la necesidad de contar con su cuadra asfaltada.
Poder intervenir la infraestructura escolar, controlar la asistencia de los docentes, mejorar las finanzas de los efectores de salud públicos, habilitar empresas sin aguardar el visto bueno provincial, o acelerar las modificaciones en el código urbano, son algunas de las aristas que se desprenden de charlar con quienes defienden la autonomía. Incluso, que un municipio pueda establecer su propio calendario electoral y desengancharse del provincial.
Tras el telón de todas estas opciones que se exhiben en el escenario del debate por la autonomía, se esconde el eje troncal: la administración de los recursos. Ahí, en esa nervadura que sensibiliza cualquier argumento para encolumnar esta discusión, afloran las diferencias y la puja de intereses. Por un lado, el beneficio para los gobiernos de cercanía. Por otro, la pérdida de poder centralizador con el que cuenta el gobierno provincial.
Aquellos que no ven en la autonomía financiera un futuro prometedor advierten que la enorme mayoría de municipios pequeños no podrían subsistir sin el actual sistema de reparto de recursos. Es decir, si a un intendente de una localidad con menos de 5 mil habitantes le quedan todos los impuestos que puede cobrar directamente en sus arcas, no podría ni pagar los sueldos de sus empleados.
Sin embargo, no solo este camino es inviable, sino que no es el pretendido por los autonomistas. Comprenden que hay impuestos, como Ingresos Brutos, donde sería utópico pensar que cada uno de los 135 municipios tenga su propia escala. Ni hablar con el IVA o Ganancias. Ahora bien, apelan a repensar, por ejemplo, la administración del inmobiliario urbano y el rural. Algunos van más lejos y pretenden una coparticipación inversa, donde la intendencia sea la primera en quedarse con lo que corresponde y recién ahí gire lo que debe llegar a Provincia y Nación.
Aquí entra en juego la cobrabilidad. Los municipios no son grandes cobradores, aun cuando sus proyectos a corto y mediano plazo dependan de ello. Deberían invertir en sistemas para cruzar información a los fines de reducir la evasión. Tendrían que sumar personal para fiscalizar. En sí, un desafío que hay que mensurar a la hora de pensar una independencia plena.
En otro orden, está el bendito Coeficiente Único de Distribución que año a año empantana la negociación de la Ley de Presupuesto. Por esos días, la Legislatura se convierte en un hervidero de intereses contrapuestos. El CUD es el indicador que determina que porcentaje de la coparticipación provincial le toca a cada municipio. Está fuertemente anclado en la variable de la salud, acumula cada vez más críticas. Tiene la ventaja de ser dinámico y no estanco como la coparticipación nacional, pero no deja de ser una sábana corta que cada enero le quita a uno para darle a otro.
¿Habría peligro de balcanización con la autonomía? Los defensores lo descartan. En todo momento aclaran y resaltan el valor de un gobierno central donde esté depositada la planificación educativa, sanitaria, de seguridad, vial o productiva. No pretenden estar fuera de la Provincia; quieren fortalecerse potenciando las características y decisiones de sus comunidades.
Y quieren, a fin de cuentas, que se cumpla el artículo 123 de la Constitución Nacional, que exige la incorporación de la figura de la autonomía municipal a las constituciones provinciales. Este mandato se cumplió en 21 de las 23 provincias del país, cada una con sus matices. La más reciente es Santa Fe, que está elaborando la reglamentación y las leyes para implementarla tras la reforma constitucional que encabezó Maximiliano Pullaro. En la provincia de Buenos Aires sigue vigente un decreto-ley de 1958, la reconocida Ley Orgánica de las Municipalidades, que nuclea la normativa que rige el funcionamiento de las intendencias.
En los últimos años, Axel Kicillof recorrió todos los municipios. Desde los cercanos hasta los lejanos. De los chicos a los grandes. Es un valor. Sin embargo, los intendentes deben viajar casi todas las semanas a La Plata o a la Ciudad de Buenos Aires, y hospedarse uno o dos días para mantener una reunión tras otra que permita destrabar un pago, una obra, una habilitación o una autorización.
Nadie descarta que la naturaleza de varios de esos trámites amerite permanecer bajo la tutela provincial, pero no todos. O, al menos, que se permita avanzar más rápido. Varios intendentes ponen el grito en el cielo al ser dirigentes votados por sus pueblos, pero ven truncas sus estrategias de gestión cuando un director provincial de tercera o cuarta línea, designado por decreto y sin responsabilidad política, frena por dos años un código urbano.
Algo debe cambiar. La matriz representativa no resiste el actual andamiaje para gestionar un gobierno local. Tiene que haber mayor fluidez para ejecutar recursos sin perder el foco de la transparencia y el control. Hoy proliferan las herramientas virtuales que amplían las chances de llevar adelante reformas de esta índole. Falta la decisión política. Hasta ahora, faltaría el visto bueno de Kicillof. Así las cosas, algunos deciden avanzar a fondo.
