
Las Pymes presionan por una Ley de Salvataje para frenar la crisis y evitar más despidos

El presidente de IPA, Daniel Rosato, defendió la iniciativa y sostuvo que se trata de una herramienta “clave” para impedir el cierre de empresas y recuperar el mercado interno.
“Agradecemos a los legisladores nacionales que nos escucharon y entendieron la importancia de contar con una ley que proteja a las Pymes y a los trabajadores”, afirmó Rosato, quien además pidió a diputados y senadores oficialistas y aliados que actúen como puente con el presidente Javier Milei.
Según explicó el dirigente empresario, el proyecto “no es opositor”, sino una respuesta a la crisis que atraviesan tanto las empresas como los trabajadores. “Convocamos a los legisladores oficialistas y aliados a mostrarle al Gobierno que esta iniciativa viene a ayudar en un momento en el que la crisis social se recrudece ante la multiplicación de los despidos”, remarcó.
Beneficios para aliviar costos y sostener la producción
Uno de los principales puntos de la propuesta apunta a reducir los costos fijos que hoy golpean a las PyMES. El texto establece una reducción del 50% en las tarifas de energía eléctrica, gas y agua corriente destinadas a procesos productivos. Además, contempla una baja del 50% en el IVA aplicado a esos servicios.
En el plano impositivo, la iniciativa crea un Régimen Excepcional de Regularización de Obligaciones Tributarias, de Seguridad Social y Aduaneras. Para las microempresas se prevé la condonación total de multas e intereses, junto con planes de pago especiales y la exención del impuesto a los débitos y créditos bancarios.
Desde IPA sostienen que el objetivo es evitar que miles de empresas lleguen a una situación irreversible. “No solo las grandes empresas necesitan beneficios. Las Pymes y la sociedad en su conjunto merecen herramientas impositivas y financieras para recuperarse”, señaló Rosato.
Incentivos al consumo y protección del empleo
El proyecto también busca estimular el consumo interno, uno de los sectores más golpeados por la recesión. Entre las medidas propuestas figura un reintegro equivalente al 25% del IVA para consumidores que compren productos de primera necesidad elaborados por PyMES.
Además, plantea líneas de créditos blandos destinadas tanto a las empresas como a los trabajadores, con el objetivo de reactivar la inversión y mejorar la capacidad de consumo.
Otro punto central es la obligación de preservar los puestos de trabajo. Las empresas que accedan a los beneficios deberán mantener su plantilla laboral durante la vigencia de la emergencia. En caso de despidos sin causa, perderán automáticamente el acceso a las medidas previstas por la ley.
Reclamo por mayor presencia de productos nacionales
La iniciativa también apunta a fortalecer la producción argentina frente a la competencia importada. Para eso, propone que supermercados e hipermercados destinen al menos el 30% del espacio en góndolas y exhibidores a productos elaborados por MiPyMES nacionales.
A su vez, establece un régimen de pago acelerado para las PyMES proveedoras del Estado, obligando a cancelar las deudas en un plazo máximo de 30 días corridos.
Rosato advirtió que una reacción rápida del Ejecutivo podría evitar un agravamiento del conflicto social. “Una reacción a tiempo del Poder Ejecutivo permitirá mantener un escenario de tranquilidad social ante el cierre de empresas y el achique de puestos de trabajo producido por el derrumbe del consumo interno”, sostuvo.
Desde IPA aseguran que la recuperación económica “puede llegar demasiado tarde” para miles de empresas si no se toman medidas urgentes. Bajo esa premisa, la entidad resume el espíritu de la propuesta en una definición contundente: “sin MiPyMES no hay reconstrucción económica posible”.




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