Rebelión federal: intendentes y gobernadores salen a cruzar a Milei por el colapso de las economías locales

La tensión entre la Casa Rosada y los territorios sumó un nuevo capítulo con alto voltaje político. En el marco del Encuentro Nacional de Gobiernos Locales, Fernando Espinoza y Axel Kicillof encabezaron una cumbre con intendentes e intendentas de todo el país para denunciar lo que definieron como una situación “crítica” en municipios y provincias, producto de las políticas impulsadas por Javier Milei.

El encuentro llegó después de una movilización masiva al Ministerio de Economía, donde más de 500 jefes comunales —de distintos signos políticos— presentaron un documento dirigido a Luis Caputo alertando sobre el deterioro social y económico. La foto no fue casual: buscó mostrar volumen político y territorial frente a un Gobierno nacional al que acusan de desentenderse del impacto de sus medidas.

Espinoza fue uno de los más duros. “Queremos visibilizar la realidad de la Argentina de hoy. No queremos ver a ningún jubilado ni a ningún chico desnutrido”, lanzó, antes de enumerar el combo que golpea a las economías locales: tarifazos, suba de alimentos y medicamentos —con aumentos que ubicó por encima del 750%— y salarios que corren muy por detrás de la inflación.

Pero el eje del reclamo no es solo social, sino también fiscal. El presidente de la FAM denunció que el Gobierno nacional “ha quitado recursos” a provincias y municipios, y puso cifras sobre la mesa: una caída de la coparticipación superior al 21% en dos años y un desplome del 8% en el último mes. “Es dinero que no llega, mientras la demanda crece todos los días”, advirtió.

En sintonía, Kicillof buscó reforzar el rol político de los intendentes como primera línea de contención del conflicto social. “Son el primer escalón de nuestra democracia, los que viven lado a lado con sus vecinos”, señaló, y apuntó directamente contra la Casa Rosada: “El gobierno de Milei no puede hacerse más el sordo, el ciego y el distraído. Lo que está pasando es grave y no es partidario, es la realidad de la Argentina”.

La crítica escaló aún más cuando se abordó el impacto en las economías regionales. Espinoza habló de una “catástrofe económica y social” y enumeró sectores en crisis: desde la vitivinicultura en Cuyo hasta los cítricos en la Mesopotamia y la industria en general, golpeada por la apertura de importaciones. Según planteó, ya cerraron más de 22 mil empresas en todo el país, un dato que grafica la profundidad del deterioro productivo.

El reclamo también incluyó exigencias concretas: retrotraer el precio de los combustibles, reactivar la obra pública y garantizar el uso de los fondos recaudados a través del impuesto a la nafta para el mantenimiento de rutas. “La obra pública no existe en la Argentina”, disparó Espinoza, cuestionando la parálisis de la inversión estatal en infraestructura.

En el trasfondo, lo que se empieza a configurar es algo más que una protesta sectorial: un frente político territorial que intenta plantarse frente al rumbo económico del Gobierno nacional. Con intendentes de distintos espacios sumándose al reclamo, el mensaje busca correrse de la lógica partidaria y presentarse como una expresión federal del malestar.

“Queremos que escuchen a las intendentas y los intendentes, que son la voz de quienes no tienen voz”, cerró Espinoza. Una frase que sintetiza la apuesta: convertir el reclamo municipal en un problema político nacional que ya no pueda ser ignorado desde los despachos de Balcarce 50.