El reclamo, encabezado por Guillermo Michel, apunta directamente a lo que consideran una maniobra de subejecución en un área clave para la producción y la seguridad. “Después de casi tres años sin mantenimiento, las rutas nacionales están detonadas”, advirtió el legislador, poniendo en palabras una realidad que atraviesa gran parte del interior del país.
La crítica no es menor: según sostienen, mientras la recaudación del impuesto a los combustibles creció de forma sostenida —impulsada por actualizaciones constantes—, esos recursos no se traducen en obras ni en mejoras concretas. En otras palabras, hay más dinero, pero menos rutas en condiciones.
El eje del planteo es legal y político. Los diputados recuerdan que no se trata de fondos discrecionales, sino de recursos con asignación específica definida por ley. La normativa vigente establece que una porción significativa de lo recaudado debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y, en parte, al Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Sin embargo, denuncian que esa cadena de financiamiento está interrumpida.
“El problema es cada vez más grave y los intendentes son los que están en la trinchera”, remarcó Michel, señalando el impacto territorial de la falta de mantenimiento. En provincias como Entre Ríos —afirman— el deterioro ya es estructural y afecta tanto a la seguridad vial como a la competitividad económica.
Detrás del reclamo hay un diagnóstico más profundo: sin infraestructura en condiciones, cualquier discurso sobre desarrollo federal pierde sustento. Las rutas en mal estado no solo encarecen los costos logísticos, sino que generan demoras, aumentan el desgaste de los vehículos y, sobre todo, elevan el riesgo de siniestros evitables.
En ese sentido, los legisladores advierten una contradicción difícil de sostener: mientras el Gobierno impulsa un modelo que busca eficiencia y competitividad, descuida uno de los pilares básicos para lograrlo. “No puede haber desarrollo ni inserción competitiva si la producción se mueve sobre rutas deterioradas”, sostienen.
El pedido es concreto: que el Ministerio de Economía normalice de inmediato las transferencias, ejecute los fondos conforme a la ley y garantice obras de conservación, mantenimiento y mejora en toda la red vial nacional.
Más allá de la formalidad del reclamo, el mensaje político es claro. En un contexto de ajuste y tensión fiscal, las provincias empiezan a marcar límites cuando los recortes impactan directamente en la vida cotidiana y en la estructura productiva. Y las rutas, como siempre, terminan siendo el termómetro más visible de esa disputa.
