En medio de las críticas de distintos sectores, la senadora salteña Flavia Royón (bloque Primero los salteños) defendió con firmeza la propuesta, destacando que la reforma “busca proteger el agua” y aclaró que su objetivo no es debilitar la ley, sino ajustarla para que sea más técnica, aplicable y respetuosa de las realidades regionales.
“La aclaración de la ley lo que busca es proteger el agua, es ratificar la protección del agua y en qué lugares no se puede hacer actividad”, afirmó Royón al ser consultada sobre las modificaciones, y explicó que la redacción actual prohibe “todo en ambiente glacial y periglacial” sin distinciones, mientras que el proyecto incorpora criterios técnico-científicos para determinar funciones hídricas antes de permitir alguna actividad.
La legisladora defendió especialmente el papel de las provincias en la gestión ambiental, señalando que la coordinación con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) permitirá avanzar con estudios de campo más precisos que los que ofrece actualmente el inventario satelital. “Para realmente poder terminar ese inventario hay que hacer estudios de campo”, afirmó, subrayando la necesidad de contar con información científica directa desde cada territorio.
Royón también remarcó que la discusión no debería centrarse en un dilema simplista entre minería sí o minería no, sino en cómo compatibilizar el desarrollo económico con el cuidado ambiental. “Argentina necesita de todos los sectores: del agro, de la industria, de la energía, de Vaca Muerta, de la minería”, sostuvo, y añadió que la actividad minera, en términos de uso de agua, “es de las que menos agua utiliza”.
El enfoque defendido por la senadora pone énfasis en que sólo aquellos glaciares o ambientes periglaciales que no tengan función hídrica comprobada podrían ser considerados fuera de las restricciones estrictas, siempre tras estudios técnicos y con participación activa de las provincias.
La propuesta oficialista no ha estado exenta de rechazo. Organizaciones ambientalistas y ONG como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) han cuestionado la reforma, advirtiendo que podría debilitar las protecciones actuales y abrir puertas a actividades extractivas en zonas sensibles.
El director ejecutivo de FARN, Andrés Nápoli, calificó la iniciativa como una “reforma constitucional encubierta” que permitiría habilitar emprendimientos mineros en zonas críticas como si la nueva normativa fuera original.
Asimismo, este jueves algunos grupos ambientalistas protagonizaron protestas frente al Congreso para expresar su rechazo a los cambios, con detenciones de activistas de Greenpeace que intentaron manifestarse en rechazo al proyecto.
El tratamiento de la reforma en la Cámara alta apunta a conciliar la protección del agua y el ambiente con el reconocimiento de las provincias como actores centrales en la gestión de sus recursos. La posición de Flavia Royón pone el acento en un enfoque técnico y federal, destacando que la legislación actual —vigente desde 2010— contiene aspectos que, a su juicio, requieren actualización para ser aplicables sin dejar de defender los bienes naturales estratégicos del país.
La discusión continúa y promete profundidad en el Senado, donde cada voto —incluido el de Royón— será clave para definir el futuro inmediato de una de las normas ambientales más emblemáticas de Argentina.
