El ingreso del MTP, liderado por Enrique Gorriarán Merlo, no fue silencioso: fusiles automáticos, granadas y vehículos que rompieron la guardia del cuartel. La escena se movió entre viejos bloques de hormigón, pasto seco y unidades blindadas que respondían el fuego. En minutos, el Ejército y la Policía rodearon el perímetro.
Los militantes justificaban la acción en la idea de frenar una supuesta “sublevación carapintada” inminente. El resto del país, todavía marcado por el recuerdo fresco de los levantamientos militares de 1987 y 1988, se desayunó con esa explicación después. En el momento, lo único visible era el humo negro.
El Movimiento Todos por la Patria (MTP) no fue una organización clásica ni en estructura ni en procedencia. Era un agrupamiento híbrido que combinaba militantes de distintas trayectorias políticas y generacionales, con un núcleo dirigente muy marcado.
El núcleo dirigente estaba conformado por:
-Enrique Haroldo Gorriarán Merlo
(ex ERP, experiencia en Nicaragua con el FSLN; regreso clandestino a Argentina en los 80)
-Ana María Sívori (ex militante del PRT, Partido Revolucionario de los trabajadores; compañera de Gorriarán)
-Alejandro Díaz (ex militante del PRT; rol político-organizativo)
-Juan Salinas (periodista, no involucrado en La Tablada; ligado en el plano intelectual y publicitario)
A este núcleo se le sumaban cuadros con experiencia en organizaciones armadas de los 70 y militantes que habían participado de experiencias internacionalistas en Centroamérica, especialmente en Nicaragua.
El combate duró más de 30 horas y convirtió al cuartel en un laberinto de pasillos quemados. El fuego iniciado en el ala de caballería —que luego sería motivo de controversias judiciales— terminó carbonizando cuerpos y documentos. Desde afuera, la TV en vivo mostraba un país que aún no encontraba su respiración estable tras la dictadura: informativos, analistas y rumores en cadena.
Entre las primeras respuestas internas al asalto del MTP en la madrugada del 23 de enero de 1989 se destacó la acción del Teniente Coronel de Caballerís, Jorge Alberto Echazarreta, con quien pudimos dialogar, oficial de carrera destinado en la inspección General del Ejercito. Echazarreta fue uno de los que intentó reorganizar la defensa en el interior del cuartel tras la irrupción inicial de los camiones y los grupos armados, que sorprendieron a la guardia y tomaron sectores sensibles del establecimiento.
El oficial se desplazó entre el área de guardia, las dependencias administrativas y los accesos a la zona de blindados, tratando de establecer comunicaciones con el comando superior de la unidad y evaluar fuerzas. La situación en los primeros minutos fue particularmente caótica: el MTP ocupó partes del regimiento, cortó vías internas, tomó posiciones en techos y galpones, y colocó piezas de fuego en puntos clave. Por eso, la defensa inicial quedó a cargo de pocos oficiales y suboficiales que actuaron por iniciativa.
En ese contexto se produjo la muerte del mayor José Emilio Fernández Cutiellos, segundo jefe del regimiento. Fernández Cutiellos intentó recuperar posiciones y reconstituir el mando interno cuando fue alcanzado por disparos de fusilería en un intercambio cerrado dentro del casco del cuartel. Su caída se dio en el tramo temprano del combate, cuando todavía no habían ingresado las unidades externas del Ejército ni las fuerzas especiales. Luego, su cuerpo fue identificado por Echazarreta una vez ingresado este al cuartel de La Tablada.
La muerte del segundo jefe tuvo dos efectos inmediatos:
-Operativo-militar: quebró la estructura de mando de la unidad en un momento crítico y obligó a que comandantes externos tomaran el control de las operaciones para recuperar el regimiento.
-Político-institucional: muy rápido la figura de Fernández Cutiellos fue colocada en el discurso oficial como prueba del carácter ofensivo y letal del ataque contra el Estado democrático.
Echazarreta, en cambio, quedó como uno de los oficiales que logró mantener posiciones, transmitir información y sostener comunicación táctica hasta la llegada del refuerzo externo. Su relato posterior —en sede militar y judicial— sirvió para reconstruir las primeras fases de la defensa, identificar puntos ocupados por el MTP y registrar el momento de la caída del segundo jefe.
Un hecho singular ocurrió en la recuperación del regimiento, y fue la participación, por primera vez de mujeres como cuadro orgánico, no eran voluntarias como había ocurrido con la instrumentadoras quirúrgicas del Buque Hospital Almirante Irizar, durante la guerra de Malvinas.
Cuando el Ejército despliega fuerzas para recuperar el Regimiento 3, además de tropas de Infantería, Caballería, GEOF y Policía, se activan: Sanidad Militar del Ejército, Hospital Militar Central, personal de enfermería, vehículos sanitarios y triage
En ese dispositivo aparecen enfermeras militares con funciones orgánicas: asistencia primaria, clasificación de heridos, derivaciones, estabilización en ruta médica, apoyo a evacuaciones, Echazarreta lo considera el verdadero bautismo de fuego de las mujeres del ejército de manera orgánica.
No actúan como personal “voluntario” ni “improvisado”, sino como parte del cuadro orgánico de sanidad, con uniforme, jerarquía y cadena de mando. Vale recordarlas como otras mujeres olvidadas por la historia.
Fernández Cutiellos, en el tiempo, se transformó en una figura recordada dentro de la institución: su muerte aparece en homenajes militares y cronologías castrenses del episodio. Desde la historiografía, suele ocupar el lugar del oficial muerto en combate en pleno período constitucional, algo poco frecuente en la Argentina post-1983.
El copamiento del Regimiento la Tablada fue el ultimo estertor de violencia que sacudió al país, como herencia de los años 70. Las cifras oficiales inmediatas señalan 39 muertos, 32 del MTP y 7 del Ejercito.
El capítulo judicial posterior al copamiento de La Tablada es una de las aristas más densas y discutidas del episodio, porque pone en juego cuestiones de derecho militar, derecho penal común, torturas, desapariciones y finalmente indultos.
En 1989, los 40 sobrevivientes del MTP fueron sometidos a un juicio oral y público ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (COSUFA), que actuó como tribunal de excepción en virtud del fuero militar todavía vigente para casos de “ataque a unidades militares”.
Entre los principales condenados estuvieron Enrique Gorriarán Merlo, Jorge Baños, Carlos Samojedny, Alicia Pifarré, Ana María Sívori, Lorenzo Latorre, entre otros.
Los sobrevivientes denunciaron torturas durante y después de la rendición, y la desaparición forzada de al menos dos militantes capturados con vida: Iván Ruiz y José Díaz, algo que décadas después retomó la justicia en investigaciones específicas.
El presidente Carlos Menem indultó a los condenados del MTP en dos tandas:
-1993: fueron excarceladas varias mujeres (entre ellas Pifarré, Baños y Sívori), por razones humanitarias y políticas
-1995: indultos a los restantes, incluido Gorriarán Merlo
En términos políticos, Menem justificó los indultos en la misma lógica con que había indultado a militares y a dirigentes de Montoneros y ERP: “reconciliación nacional”. Pero en este caso hubo una crítica transversal: incluso sectores militares y conservadores vieron los indultos como un gesto incomprensible hacia un ataque reciente y no ligado al ciclo de violencia setentista.
Durante los juicios, no se pudo comprobar que hubiese habido riesgo de alzamientos militares que la toma del regimiento pudiese evitar.
El 23 de enero de 1989 fue un día confuso durante muchas horas, los que lo vivimos, no supimos bien que pasaba hasta entrada la mañana. Un episodio de violencia más, de los muchos que tuvo este país y al que la sociedad recuerda poco.
* Periodista, Especialista en Defensa, Historiadora
