Alfredo Atanasof
Dos modelos ante la ausencia presupuestaria
Cuando un país enfrenta la falta de presupuesto, debe mantener su aparato estatal sin respaldo formal del Congreso. En este escenario, Argentina y Estados Unidos muestran modelos opuestos. Argentina utiliza la Ley 24.156 para extender automáticamente el presupuesto anterior, con ajustes técnicos según la coyuntura. En contraste, en Estados Unidos la falta de consenso legislativo puede derivar en un shutdown gubernamental. Esto implica suspensión de servicios y miles de empleados sin sueldo. La diferencia no es solo administrativa; refleja visiones opuestas sobre el rol estatal en la vida social. Uno prioriza la continuidad institucional, el otro convierte el presupuesto en herramienta de confrontación política.
El cierre de gobierno en EE.UU.: herramienta política con alto costo humano
El cierre del gobierno en Estados Unidos, como el ocurrido en octubre de 2025 durante la gestión de Donald Trump, evidencia cómo una mirada empresarial del Estado puede dejar en segundo plano su dimensión social. Al declarar inactivos servicios considerados “no esenciales” y suspender el pago a 750.000 trabajadores, la administración priorizó objetivos políticos y fiscales, dejando en segundo plano las consecuencias humanas. Aunque ciertos sectores clave como defensa, seguridad y asistencia social básica siguen operando, el impacto es profundo: empleados obligados a trabajar sin recibir su salario, demoras en trámites, ausencia de datos oficiales relevantes, y una creciente desconfianza entre la ciudadanía. Esta forma de gestión refuerza una visión del ciudadano más cercana a la de un recurso productivo que a la de un sujeto de derechos.
Línea de tiempo
Prórroga presupuestaria en Argentina: continuidad operativa con riesgos institucionales
El mecanismo argentino de prórroga presupuestaria brinda una solución práctica para evitar el colapso del funcionamiento estatal. Al permitir que se sigan utilizando los recursos del año anterior, se preservan los puestos de trabajo y se asegura cierta estabilidad. Sin embargo, este esquema también genera tensiones institucionales, ya que otorga al Poder Ejecutivo una discrecionalidad considerable para manejar fondos sin una discusión parlamentaria actualizada. En un contexto de inflación elevada, esta falta de revisión formal puede agravar los desequilibrios financieros. Así, aunque se mantiene la operatividad del Estado, se lo hace a costa de una menor transparencia y control democrático.
Estado y capital: el impacto humano de una lógica empresarial
En ambos sistemas, el de Estados Unidos y el de Argentina, se percibe una tensión constante entre la necesidad de garantizar el funcionamiento del Estado y las limitaciones que impone una lógica de gestión inspirada en el mundo empresarial. Bajo el pretexto de lograr eficiencia, equilibrio fiscal o gobernabilidad, se implementan mecanismos que terminan relegando a las personas al último plano. Términos como “capitalismo humano” o “capitalismo social” intentan suavizar políticas que, en esencia, siguen priorizando los números por encima de los derechos. Cuando el Estado se administra como una empresa, los ciudadanos se convierten en simples estadísticas: trabajadores en pausa, pérdidas económicas diarias, fluctuaciones del PBI. Pero detrás de cada cifra hay historias, necesidades insatisfechas y promesas que no se cumplen.
Prioridades en tensión: gobernabilidad vs. justicia social
La comparación entre ambos países deja en claro que no hay una fórmula única para resolver la falta de presupuesto, pero sí diferentes formas de entender qué es prioritario. Mientras que uno busca evitar el caos institucional aunque eso implique reducir los controles, el otro tolera la paralización estatal como una forma de imponer condiciones políticas. En ambos modelos, el presupuesto se transforma en un instrumento de poder más que en una herramienta para garantizar derechos. Cuando el enfoque empresarial se impone en la administración pública, no solo se alteran las prioridades: también cambia la naturaleza misma del Estado. De garante de bienestar colectivo, pasa a ser un simple gestor de recursos. Y cuando eso sucede, la eficiencia contable termina desplazando a la justicia social. Porque si los ciudadanos son a la vez empleados, contribuyentes y usuarios del sistema estatal, el Estado no puede limitarse a actuar como si fuera una empresa más.
