Hacía varios meses que no había sesión en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Y ayer, cuando finalmente se produjo, el panorama fue impensado: se trató de una sesión normal.
En este contexto, “normal” quiere decir, por supuesto, que se trató de una sesión en la que se debatieron con serenidad diversos proyectos de interés público y se aprobaron algunos importantes; no fue un encuentro dominado por las peleas políticas del momento, por el enfrentamiento interno del peronismo, por la intransigencia de una oposición dispuesta a no ceder ante reclamos del Poder Ejecutivo.
Y es que todas esas cosas van a ponerse en escena nuevamente, cuando se traten los proyectos de presupuesto y ley impositiva, de endeudamiento y otras iniciativas que le interesan a la gestión de Axel Kicillof. Pero será en el Senado. Ahí veremos sangre nuevamente (sangre metafórica, es de esperar).
En los días previos a la sesión de ayer se especulaba con que pudiera tratarse un proyecto que involucra fuertemente a los intendentes: el perdón a las deudas contraídas por sus municipios con el Estado provincial durante la pandemia de coronavirus, por el envío de fondos en el marco de la emergencia sanitaria. Pero, finalmente, será también la Cámara alta la que considere ese tema, ya que allí obra un proyecto en el mismo sentido.
Lo de ayer, entonces, fue una muestra de lo que puede ser el trabajo legislativo cuando la rosca se retira. Allí queda, para qué vamos a negarlo, lo menos entretenido, pero no necesariamente lo menos importante.
Los diputados convirtieron en ley, por ejemplo, un proyecto para limitar el uso de celulares por parte de los chicos en las escuelas primarias. Es una modificación que puede tener efectos profundos (o no, quién sabe), pero que difícilmente ocupe los titulares por más de un día.
También se aprobó un proyecto que no quedará al tope de ningún portal de noticias pero que en los tiempos que corren resulta significativo. No se trata de una ley, sino de una mera declaración. Lo que declararon ayer los diputados es su preocupación por el juicio contra el exdiputado Alejandro Bodart por haber condenado las acciones criminales del Estado de Israel en Gaza. Bodart es juzgado por su supuesto antisemitismo; la aprobación de la iniciativa es una toma de posición (no muy estridente, convengamos) por parte de los diputados ante un método de persecución a los críticos del genocidio en curso, que consiste en etiquetarlos de odiantes, como si su problema fuera con el pueblo judío y no con la masacre de los palestinos.
Otro proyecto aprobado ayer fue uno que firman tres diputadas de tres partidos distintos, y que reglamenta la actividad de los acompañantes terapéuticos, en busca de “jerarquizar” esa profesión.
Desde el espacio referenciado en Juan Grabois se presentó una iniciativa, también aprobada, para darle un marco a algo que ya existe pero de manera casi invisible: las escuelas de gestión cooperativa y comunitaria.
Y entre otras cosas también se dio curso a la creación de un registro provincial de datos genéticos, un tema que no sacudirá ningún presupuesto pero es una respuesta al desmantelamiento, por parte del gobierno de Javier Milei, de diversas estructuras relacionadas con los derechos humanos y la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido durante la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983.
Una sesión, en fin, tranquila y productiva, lo que acaso debería ser más frecuente, aunque no hay manera de soslayar tampoco la importancia capital de la puja por el presupuesto, la deuda y los impuestos. Allí aparecerán otra vez la rosca, los discursos encendidos, las reuniones de último momento y los cuartos intermedios en busca de ajustar el poroteo. Bienvenido sea ese frenesí. Pero también la postal atípica de ayer.
