Las universidades públicas argentinas atraviesan una coyuntura tan crítica como reveladora de la falta de compromiso de la actual gestión nacional encabezada por el presidente, Javier Milei, con uno de los pilares fundamentales del desarrollo: la educación superior.
Aunque la cuestión presupuestaria es una de las más graves y urgentes, no se trata solo de dinero. Desde fines de 2023, los salarios docentes y del personal administrativo perdieron de manera constante su poder adquisitivo, mientras que los gastos de funcionamiento resultan insuficientes para sostener las actividades esenciales de cualquier universidad. Esta falta de financiamiento también afecta programas estratégicos que permitían abrir nuevas carreras, crear sedes y expandir el sistema universitario nacional.
La política gubernamental eligió profundizar la falta sistemática de financiamiento, al prorrogar presupuestos caducos y evitar cualquier tipo de debate serio como política de Estado.
Para peor el ajuste económico no viene solo: se acompaña de un discurso que busca desprestigiar a las universidades públicas a las que se las acusa de opacidad en el manejo de fondos o de ser corporaciones cerradas que defienden privilegios, afirmaciones que no resisten la mínima verificación.
En ese sentido, los informes de la Auditoría General de la Nación, así como los que cada institución presenta anualmente, demuestran la transparencia del sistema y su compromiso con la sociedad.
Lo paradójico es que la sociedad argentina confía y valora a sus universidades públicas: todas los estudios de opinión coinciden en calificarlas como una de las instituciones con mayor prestigio social, no solo por su capacidad para formar profesionales sino por su rol estratégico en la producción de conocimiento, el desarrollo científico y la construcción de ciudadanía en el marco de un espacio de convivencia de diversidad ideológica y política que convive en las aulas.
Lejos de ser una corporación, la universidad pública es un espacio plural que genera dirigentes de los más diversos signos políticos.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que tuve el honor de presidir hasta 2022, trazó una hoja de ruta con siete puntos estratégicos para fortalecer el sistema universitario a través de lineamientos que abarcan desde la discusión sobre la extensión de las carreras hasta la implementación de créditos académicos que permitan una formación más flexible y articulada.
Sin embargo, sin financiamiento genuino y sin una política clara de apoyo, cualquier esfuerzo corre el riesgo de quedar en simples diagnósticos.
Lo que está en juego no es solo el presente de las universidades, sino el futuro del país. Un modelo de ajuste permanente, sin horizonte de inversión en ciencia, tecnología y educación, condena a la Argentina a perder competitividad y a desarticular su tejido social.
Es prioritario construir una mirada estratégica que entienda que la universidad pública no es un gasto, sino una de las pocas herramientas que pueden garantizar igualdad real de oportunidades y movilidad social ascendente.
Como exrector de la Universidad Nacional de Jujuy y expresidente del CIN, conocí de primera mano cómo el compromiso de docentes, investigadores y estudiantes sostiene día a día al sistema universitario, incluso en medio de las dificultades. Hoy, más que nunca, debemos defenderlo frente a los intentos de vaciamiento y desprestigio. Porque cada vez que se recorta en educación, se recorta en futuro.
Rodolfo Tecchi: Exrector de la Universidad Nacional de Jujuy y expresidente del Consejo Interuniversitario Nacional.
