El diagnóstico es alarmante. La pesca acumula más de dos años de pérdida sostenida de rentabilidad y, según referentes del sector, la situación llegó a un punto crítico por el fuerte aumento del combustible, agravado por el conflicto bélico en Irán que impactó en el precio internacional del crudo. A eso se suman el atraso cambiario, las retenciones a las exportaciones, el incremento de tasas, la caída de los precios internacionales y la restitución del Impuesto a las Ganancias durante 2024.
Las consecuencias ya se sienten con fuerza. Solo en Mar del Plata cerraron una decena de plantas procesadoras, dejando a 500 trabajadores sin empleo. Además, la temporada de langostino 2025 sufrió demoras por la falta de acuerdo entre cámaras empresarias y gremios, mientras crece la incertidumbre sobre la continuidad de numerosas firmas, especialmente aquellas dedicadas a la pesca con buques fresqueros o con plantas en tierra.
En ese contexto, Giuliano Falconnat, director del Grupo SIP, consultora especializada en la actividad, confirmó que elevaron a las autoridades nacionales una propuesta integral compuesta por cinco ejes centrales.
La primera iniciativa plantea la suspensión de aranceles a la exportación hasta fines de 2027, con el objetivo de mejorar competitividad y compensar el atraso cambiario en una industria fuertemente dolarizada.
El segundo punto propone la eliminación del IVA en la compra de combustibles, entendiendo que el gasoil representa uno de los principales costos operativos de la actividad.
También solicitan retrotraer el aumento del Derecho Único de Extracción (DUE) y modificar la fórmula de cálculo para que se actualice según índices oficiales como IPC o ICL, además de aplicarse sobre la materia prima y no sobre el producto terminado.
En cuarto lugar, impulsan la supresión del Impuesto a las Ganancias para el personal embarcado, exceptuando a capitanes, bajo el argumento de tratarse de tareas de alto riesgo y como mecanismo para recomponer ingresos sin afectar los costos empresariales.
Finalmente, proponen la incorporación del pescado y los mariscos al régimen diferencial de IVA del 10,5%, buscando fomentar el consumo interno, abaratar precios al consumidor y formalizar parte del mercado.
Falconnat fue tajante al evaluar la respuesta oficial: aseguró que resulta difícil imaginar una salida favorable porque el Gobierno “no ha dado indicios de comprender la gravedad del asunto ni de valorar el aporte del sector”.
La advertencia no es menor. La pesca representa alrededor de 45 mil puestos de trabajo directos en todo el país, además de un fuerte ingreso de divisas por exportaciones. En ciudades portuarias como Mar del Plata, Puerto Madryn, Rawson o Deseado, el impacto económico y social de una mayor retracción podría ser severo.
Mientras la administración nacional sostiene su esquema de ajuste y desregulación, la industria pesquera reclama medidas concretas para evitar que una actividad clave para la economía argentina termine navegando hacia una crisis aún más profunda.
