El documento plantea tres ejes centrales: la reactivación inmediata de la obra pública nacional con fondos ya recaudados por ley, el freno al recorte de transferencias a provincias y municipios, y la reversión del precio de los combustibles al 1° de marzo, ante el impacto directo que tiene en los costos productivos y en la prestación de servicios esenciales.
Sujarchuk fue uno de los voceros más duros del reclamo. Denunció un “industricidio” en marcha y apuntó contra lo que considera una lógica de ajuste regresivo: “El equilibrio fiscal no puede sostenerse sobre los trabajadores, los jubilados y el aparato productivo”, advirtió. En esa línea, cuestionó el abandono de rutas nacionales pese a la recaudación del impuesto a los combustibles, la desfinanciación del PAMI, la falta de vacunas del calendario y la paralización total de la obra pública.
Combustibles y recaudación: el corazón del conflicto
Uno de los puntos más sensibles del petitorio es el aumento del precio de la nafta, que —según los intendentes— creció un 542,7% entre noviembre de 2023 y abril de 2026, muy por encima de la inflación acumulada (292%) y de los salarios privados (288%). Solo en lo que va de 2026, el incremento ya alcanza el 24% y se proyectan nuevas subas.
Para los municipios, este desfasaje no solo golpea el bolsillo de los vecinos, sino que encarece el transporte, la logística y la producción, afectando directamente la actividad económica local.
Obra pública paralizada y deterioro estructural
El reclamo también pone el foco en la paralización de la obra pública, uno de los pilares del ajuste nacional. Según detalla el documento, desde diciembre de 2023 quedaron frenadas cerca de 1.000 obras en la provincia de Buenos Aires y más de 2.000 en todo el país, incluyendo proyectos viales, hídricos, sanitarios y educativos.
La denuncia es contundente: “En más de dos años no se construyó ni un kilómetro de nuevas rutas nacionales”. El señalamiento apunta a una contradicción central del modelo económico: el Estado sigue recaudando a través del impuesto a los combustibles, pero no reinvierte esos recursos en infraestructura.
El ajuste fiscal y su impacto en las provincias
El petitorio también expone la magnitud del recorte fiscal implementado por el gobierno nacional. Desde el inicio de la gestión, el gasto público primario se redujo en unos 67.000 millones de dólares, con un fuerte recorte en transferencias a las provincias, programas sociales y obra pública.
En términos del PBI, las transferencias a provincias cayeron de 1,11% en 2023 a apenas 0,19% en el último año. En valores nominales, esto representa una caída de $11,2 billones a $1,9 billones, configurando —según los intendentes— un escenario de “asfixia financiera” para los distritos.
El caso de la provincia de Buenos Aires es paradigmático: la deuda acumulada de la Nación supera los $23 billones, entre compromisos directos, obras paralizadas y pérdida de recursos por coparticipación.
Municipios en la primera línea de la crisis
Más allá de los números, el trasfondo político del reclamo es claro: los municipios están absorbiendo el impacto del retiro del Estado nacional en áreas clave. La suspensión de programas sociales, sanitarios, educativos y productivos implica una transferencia de responsabilidades sin recursos, que tensiona las gestiones locales.
En ese contexto, la firma del petitorio no solo expresa un reclamo económico, sino también una advertencia política: el ajuste, tal como está planteado, empieza a encontrar un límite en los territorios. Y los intendentes, sin distinción partidaria, buscan convertirse en actores centrales de esa disputa.
